La tarea más importante del Estado es la protección de la sociedad. De hecho, los ciudadanos le compramos seguridad a este ente político. Pagamos impuestos para que un monopolio que consideramos legítimo nos provea del bien público de sentirnos seguros. Eso es, por lo menos, lo que dice la teoría política. En México, el problema es que este monopolio funciona mal.

Para empezar, es un monopolio muy descentralizado en muchas “empresas”. Me refiero a las policías que son las encargadas de proveer el bien público de la seguridad. En el país hay un “empresa” manejada por la Federación, 32 por las entidades federativas y dos mil 445 por los municipios. Un total de cuando menos dos mil 478 “empresas” que proveen el mismo servicio, aunque existen más porque hay estados y municipios que tienen una mayor división de sus entes policiacos.

Al término del sexenio de Vicente Fox, de acuerdo con el último Informe Presidencial, en el país había un total de 427 mil efectivos policiacos. El 37% eran preventivos estatales (157 mil). El 33% lo integraban preventivos municipales (140 mil). El 18% pertenecía a la policía del Distrito Federal (78 mil). El 7% eran los judiciales o ministeriales de las entidades federativas (32 mil). En cuanto a la Policía Federal, sólo representaban 5% de los elementos policiacos: 4% (15 mil) de la preventiva y 1% (cinco mil) de la Agencia Federal de Investigación. (Vale la pena apuntar que muchos de los policías federales preventivos en realidad eran miembros del Ejército y la Armada Marina quienes ejercían su función vestidos de policías).

Como puede observarse, el “negocio” de la protección ciudadana estaba muy disperso en diversas “empresas” policiacas, lo cual producía malos resultados. Hoy, después del sexenio de Calderón y ya bien entrado el primer tercio del de Peña, la situación ha cambiado algo, pero poco. Tenemos una Policía Federal con más elementos y mejor formada, quizás el mejor legado del sexenio pasado. También se han fortalecido ciertas policías estatales como la Fuerza Civil en Nuevo León. En algunas entidades, como Morelos, han comenzado a consolidarse todas las policías municipales en una sola de carácter estatal. Sin embargo, hoy, de acuerdo con las encuestas, muchos ciudadanos siguen sintiéndose inseguros. Y tienen elementos objetivos para estarlo. Los índices delictivos que más los agravian -el asesinato, secuestro y extorsión- continúan altos. Hay una sensación de que el “negocio” de la protección, el supuesto monopolio del Estado que provee seguridad, no funciona bien.

Hoy los “clientes”, a pesar de los esfuerzos por mejorar las policías, seguimos confundidos: no sabemos a quién reclamarle por el mal servicio que estamos recibiendo. ¿Al Presidente, quien encabeza la Policía Federal? ¿A los gobernadores o al jefe de Gobierno del Distrito Federal, quienes dirigen las policías estatales? ¿A los presidentes municipales, quienes tienen a su cargo las policías municipales? ¿A todos? ¿Quién es el responsable último de que el monopolio del Estado, absurdamente dividido en tantas “empresas”, no funcione?

Los responsables temporales del monopolio estatal siempre andan prometiendo que, ahora sí, se coordinarán mejor. Quizá sea un buen discurso, pero en la práctica los resultados demuestran que una estructura monopólica tan descentralizada no marcha bien. Para que funcione, un monopolio debe tener mandos claros y centralizados. En este sentido, hay que seguir insistiendo que la solución pasa por centralizar más el “negocio” de la protección.

Por lo menos, en uno los delitos que más agravian y preocupan a la sociedad: el secuestro, que ha crecido exponencialmente durante el sexenio de Peña y que tiene en vilo a varias comunidades del país. Si el “negocio” de la protección del Estado quiere recuperar la confianza de sus “clientes”, habría que comenzar federalizando el secuestro. Que el combate de este delito sea responsabilidad única de la Policía Federal y su jefe último, el presidente de la República. A él le podríamos exigir cuentas por los malos resultados. Los “clientes” sabríamos a quién reclamar. No como ahora, que ni siquiera sabemos quién es el culpable de que el monopolio de la seguridad del Estado opere tan mal.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.