En medio de una crisis, los políticos y reguladores con demasiada frecuencia creen que pueden restaurar la “confianza” silenciando a los portadores de malas noticias. Consideren la frecuente prohibición de ventas al descubierto (short selling) cuando las acciones de los bancos caen, como si los especuladores tuvieran la culpa de los problemas de Lehman o de Fannie Mae.

El último capítulo en esta triste historia es el intento por parte de los reguladores europeos de amordazar a las agencias calificadoras de riesgo. Finalmente, estos esfuerzos harán más daño que bien, ya que la confianza eventualmente debe derivarse de los hechos fundamentales y no de la supresión de información.

Sin duda, las agencias calificadoras estuvieron retrasadas en cuanto a los activos relacionados a las hipotecas. Sin embargo, las agencias han sido oportunas y precisas al calificar las deudas soberanas. Las agencias calificadoras más importantes estuvieron advirtiendo acerca de problemas en Grecia mucho antes de que los mercados realmente se dieran cuenta. Todavía más importante es que el sesgo de las agencias siempre ha estado en una dirección: la de inflar la calificación de un título.

Europa, no obstante, no se queja cuando recibe una inmerecida calificación AAA. A final de cuentas lo que Europa quiere es detener las rebajas de calificaciones, reduciendo la precisión de las calificaciones. Si Exxon o Apple demandaran una suspensión de los cambios en las calificaciones porque la empresa estaba atravesando una reestructuración, consideraríamos tal pedido como un abuso de los inversores. Pero cuando los gobiernos piden la misma manipulación es triste que a éstos sí se los tome en serio.

Por supuesto que la Unión Europea dice que quiere eliminar “conflictos de intereses” entre los emisores de la deuda, quienes muchas veces pagan por las calificaciones y las agencias que proveen esas calificaciones. Si los inversores de verdad fuesen libres de decidir acerca de los méritos de las calificaciones, en lugar de ser obligados mediante regulaciones a utilizarlas, entonces este conflicto de intereses se podría resolver a través de la reputación. Y mientras que la propuesta de la UE podría reducir este problema, lo hace creando un problema todavía mayor: el conflicto de intereses entre los gobiernos y las agencias calificadoras de riesgo.

Como vimos con el trato que recibió S&P’s del gobierno de EE.UU., luego de reducir la calificación de la deuda soberana de este país, que las agencias calificadoras sean reguladas por las mismas entidades que estas se supone que deben calificar es una receta para que se cometan abusos. En lugar de intentar crear sus propias agencias calificadoras, para evitar las verdades inconvenientes acerca de las finanzas de los gobiernos, Europa debería hacernos a todos un favor alentando agencias calificadoras privadas y basadas en Europa, las cuales estarían fuera de la jurisdicción del gobierno de EE.UU.

*Esta columna fue publicada con anterioridad en el centro de estudios públicos ElCato.org.