Solía existir un debate en ciencia política: ¿qué es más importante para explicar la trayectoria política y económica de un país?, ¿su cultura política o la estructura de incentivos que provee su diseño institucional? Por si hiciera falta, allí está Joseph Blatter para probar que un diseño institucional permisivo (sin controles ni contrapesos), puede convertir a un otrora eficaz ejecutivo suizo en la encarnación de la picardía criolla.

Algunos de los problemas de diseño institucional presentes en la FIFA son similares a aquellos que aquejan a la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En la elección del presidente de la FPF, clubes de fútbol profesional como Sporting Cristal o San Martín cuentan con un voto, al igual que las federaciones regionales. La razón para ello sería que las federaciones regionales representan tanto a las provincias como al fútbol amateur (frente al predominio limeño en el fútbol profesional). En la práctica sin embargo, mientras Cristal y San Martín son clubes con una gestión profesional capaces de conseguir sus propios recursos, en ocasiones las federaciones regionales no tienen vida institucional y sus presidentes dependen del respaldo de la FPF para acceder y permanecer en el cargo, y no tienen más recursos que los que reciben de esa entidad. Se convierten por ende en parte de una red clientelar en la que los presidentes regionales y el presidente de la FPF se respaldan mutuamente.

La FIFA por su parte está integrada por 209 asociaciones (sí, tiene más integrantes que la ONU), y todas ellas cuentan con un voto al momento de elegir al presidente de la organización. Lo cual incluye de un lado, las entidades que conforman la Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas (conocida por su acrónimo en inglés como UEFA), las cuales cuentan con ligas profesionales y selecciones nacionales altamente competitivas y rentables (por lo que no requieren mayor respaldo de la FIFA). E incluye, de otro lado, a la asociación de fútbol de Montserrat (no sé usted, pero yo tuve que buscarla en Google): es decir, asociaciones que no administran ligas de fútbol profesional, ni cuentan para efectos prácticos con un seleccionado nacional. El carácter perverso de los incentivos se torna aquí evidente. El voto de la asociación de fútbol de Montserrat cuenta exactamente igual que el de la Federación Alemana de Fútbol, y ambas entidades reciben cantidades equivalentes de dinero por conceptos tales como los ingresos generados por la copa mundial de fútbol: la diferencia es que la federación alemana podría seguir existiendo sin esos recursos, y la de Montserrat sólo existe merced a ellos. En otras palabras, los dirigentes regionales o nacionales entregan su voto en la elección del presidente de la FPF o de la FIFA (instancia sobre la que no vuelven a ejercer influencia hasta la siguiente elección), a cambio de que estos últimos les ayuden a preservar sus cargos y acceder a recursos.

Lo peor del caso es que esa redistribución de recursos se justifica alegando que las asociaciones más lucrativas deben colaborar con el desarrollo del fútbol en aquellas menos pudientes. Porque, por si se lo estaba preguntando, la FIFA no reparte utilidades: formalmente es una  entidad sin fines de lucro. Pero ese estatus es una ficción jurídica que tiene como propósito reducir la carga tributaria y el escrutinio público a los que está sometida. De hecho el actual escándalo judicial revela que esos presuntos subsidios cruzados (V., la entrega de US$10 millones por parte de la federación sudafricana para promover el fútbol en el Caribe), en realidad serían uno de los mecanismos informales (e ilegales), de reparto de utilidades dentro de la FIFA.

Ni la legislación ni los juzgados nacionales podían hasta ahora interferir con esa red clientelar, como reveló el caso de la confrontación entre Alfredo Gonzales (entonces presidente del club Universitario de Deportes), y la FPF. Inhabilitado como dirigente de su club por la FPF, Gonzáles se negó a cumplir con la inhabilitación por contar con el fallo favorable de un tribunal de justicia. El ultimátum de la FIFA sin embargo (que amenazaba con excluir al club de toda competición internacional de no cumplir con la inhabilitación), prevaleció finalmente sobre la sentencia judicial.

Otro ejemplo fue la Copa Mundial de Fútbol de 2014 en Brasil. Una norma de ese país prohibía la venta de alcohol en los estadios para reducir la violencia en el fútbol. Pero la compañía cervecera Budweiser es uno de los patrocinadores de la FIFA, y en declaraciones públicas el Secretario General de la FIFA, Jerome Valcke, señaló que la venta de cerveza en los estadios era una “condición no negociable” (sic) para que el mundial se celebrara en Brasil (cosa que finalmente ocurrió).

Resulta por ello paradójico que ahora directivos de la FIFA se quejen por el carácter extraterritorial de la jurisdicción que ejerce en su contra un tribunal de los Estados Unidos. Este alega tener jurisdicción sobre los casos denunciados porque en la comisión de algunos de los delitos imputados se empleó el sistema financiero de su país, y alega además que la federación de fútbol involucrada (la Concacaf) tiene su sede central en los Estados Unidos. Pero lo que más temor suscita en el cuartel general de la FIFA, es que apelando a una ley nacional que le permite encausar a terceros en cualquier parte del mundo cuando se presume que el delito es obra de una conspiración criminal, la investigación judicial podría ampliarse para incluir a cualquier directivo de esa entidad (incluyendo a Joseph Blatter).

No estoy capacitado para establecer la validez de esa ley bajo el derecho internacional, pero en todo caso cabe preguntarse por el sentido de oportunidad de su aplicación. Después de todo, como señalan juristas estadounidenses, abundan los casos en los que siendo aplicable, la ley no fue invocada. Y aunque pueda alegarse que en los Estados Unidos el poder judicial es independiente del poder político, buena parte de la evidencia que obra en el expediente de este caso fue provista por agencias del gobierno federal (como el FBI). El hecho de que, como consecuencia de esa investigación, las sedes de los mundiales de fútbol de 2018 (Rusia, enfrentada a los Estados Unidos en Ucrania), y de 2022 (Qatar, que habría derrotado la postulación estadounidense mediante sobornos) estén ahora en la picota, parece algo más que una feliz coincidencia.