El domingo por la noche, ocurrió un ataque a la policía en el barrio de Creggan Heights, en Londonderry, Irlanda del Norte.

Presuntos republicanos disidentes le lanzaron bombas molotov, piedras e incluso un proyectil de mortero, que golpeó una patrulla, rebotó y estalló en una jardinera.

Durante los conflictos separatistas y religiosos que sacudieron esa parte del Reino Unido, Creggan Heights fue uno de los epicentros de la lucha armada.

El área se caracteriza hoy por albergar a militantes que no reconocen los Acuerdos de Paz que llevaron a la desmovilización del Ejército Republicano Irlandés.

¿Qué hizo la policía después del ataque? Acordonar la zona para llevar a cabo una minuciosa investigación, que incluyó levantamiento de evidencia. Incluso, los residentes del barrio fueron impedidos de retornar a sus casas durante horas.

Casi de manera simultánea, la policía fue atacada en el estado de Guerrero. El lunes, durante una marcha para bloquear el aeropuerto de Acapulco, 18 granaderos resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, al intentar cerrar el paso a manifestantes que protestaban por la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El martes, las protestas violentas continuaron en Chilpancingo, donde maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero retuvieron durante dos horas y media a Juan José Gatica, subsecretario de Seguridad Pública estatal, a quien luego intercambiaron por dos maestros que habían sido detenidos.

Pero hubo algo peor: mientras se daban esos últimos hechos en Chilpancingo, en Morelia presuntos normalistas robaron camiones, como suelen hacer, y luego se dirigieron a las sedes estatales del PAN y Nueva Alianza para vandalizarlas.

A las oficinas panistas, los manifestantes llegaron en autobuses secuestrados, custodiados por la Policía Estatal. Incluso una patrulla, que estaba estacionada frente al lugar, se hizo a un lado para que pudiera arrimarse uno de los autobuses al inmueble, cuyas puertas estaban atrancadas, y, desde el techo del vehículo, los agresores accedieran al segundo piso por una ventana.

Poco después del ataque, el dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez, me relató en la Segunda Emisión de Imagen Informativa, que había advertido de las intenciones de los manifestantes al secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Darío Oseguera, quien en lugar de enviarle ayuda se dedicó a cuestionar de dónde había obtenido la información.

La policía no sólo no impidió que se cometieran los actos de vandalismo —observando tranquilamente la escena, mientras los manifestantes rompían y grafiteaban todo e incluso robaban artículos electrónicos— sino que luego los custodiaron mientras daban una vuelta triunfal por las calles de Morelia.

Cuando los periodistas que cubrían los hechos preguntaron a un mando de la policía por qué no actuaba ante hechos claramente delictivos, éste se limitó a responder: “Tengo mis órdenes”.

Así que ayer miércoles, la prensa nacional amaneció con dos imágenes terribles: la retención de un funcionario estatal de seguridad, a quien los manifestantes llevaban a jalones, y la pasividad de la policía michoacana ante el saqueo de la sede de dos partidos políticos.

La sociedad mexicana aún no se recupera del impacto de que policías municipales de Iguala y Cocula, al servicio del crimen organizado, atacaron, mataron y desaparecieron a estudiantes, cuando ahora tiene que presenciar la impotencia y la pasividad de la fuerza pública ante desmanes que ocurren con pretexto de protestar contra aquellos hechos.

Es decir, los ciudadanos que constitucionalmente están obligados a ceder a las autoridades el monopolio de la custodia de la paz pública, están indefensos. Pueden ser atacados por policías, y no serán defendidos por ellos ante actos de violencia callejera. Los policías son cómplices o son inútiles.

Si a un manifestante se le ocurre poner de cabeza el auto de un ciudadano o robarse la laptop que otro llevó a la oficina o incendiar un edificio pagado con el dinero de los contribuyentes o bloquear una carretera o un aeropuerto por donde pasan miles, lo puede hacer. En Guerrero, Michoacán y Oaxaca, al menos, la policía no podrá o no querrá hacer nada ante hechos así.

Está claro que las autoridades están aterradas de aplicar la ley. No quieren ser vistas como “represoras”, menos aún en momentos en que se protesta por la desaparición de 43 estudiantes. Es decir, los ciudadanos estamos a nuestra suerte.

Eso es malo para quienes viven en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, que constantemente viven estas situaciones, ahora exacerbadas, pero malo también para el país en su conjunto, que transmite una imagen de caos justo cuando el presidente Enrique Peña Nieto está de gira en China hablando de las ventajas de invertir en México.

En muchas partes del mundo ocurren ataques a la policía, incluso con bombas. Acelerados y violentos los hay en casi todos los países. La diferencia es que en algunos de ellos toman muy en serio estos ataques, incluso en casos en que se está tratando de imponer la paz luego de un conflicto, como el de Irlanda del Norte, que dejó miles de muertos y heridos entre 1968 y 1998.

En algunos países, se entiende que no puede haber excepciones en la ruptura del Estado de derecho porque, al final, eso escala y lo acaba pagando toda la nación.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.