América Latina ha hecho progresos notables en desarrollo humano, particularmente en la reducción de la pobreza y la desigualdad, aunque ese lastre, en todas sus facetas, sigue siendo una tarea pendiente. Pese a los avances, el otro talón de Aquiles de la región sigue siendo la situación de inseguridad, que ha escalado al primer lugar de las preocupaciones de la población latinoamericana en encuestas de opinión pública. No en vano, tal y como señala nuestro reciente Informe regional de Desarrollo Humano del PNUD “Seguridad ciudadana con rostro humano”, la inseguridad ha cobrado más de un millón de vidas en la última década, y sigue en aumento. Mientras algunos casos acaparan los titulares mediáticos, la mayoría son anónimos y con frecuencia quedan impunes. En 2012, delitos como el robo afectaron entre 10% y 25% de la población, dependiendo del país. El alcance de otros delitos como el secuestro, las extorsiones, la violencia de género o la trata de personas, es también enorme, aunque se trata de fenómenos invisibilizados sobre los cuales la información es aún deficiente.

¿Qué ha hecho el PNUD para mejorar esta compleja situación? El PNUD viene atendiendo los problemas de inseguridad de la región desde hace más de dos décadas. Merece la pena destacar que el mencionado informe presenta un diagnóstico y plantea propuestas concretas para América Latina, construidas desde la experiencia acumulada en los últimos años. Dicho informe ha supuesto un esfuerzo conjunto con muchos socios comprometidos con esta temática. Al no haber una receta única, de aplicación generalizada, la construcción se hace desde el trabajo de muchos países, en los diferentes ámbitos de la seguridad. Este estudio da continuidad a los elaborados por el PNUD para Centroamérica y el Caribe, y toma en cuenta informes de otras instituciones prestigiosas, así como a esfuerzos pioneros sobre el tema a nivel nacional.

Además, el PNUD colabora en la actualidad con 20 países de la región, en un amplio abanico de temas de seguridad ciudadana, que van desde la elaboración y gestión de políticas públicas integrales, hasta acciones más concretas de prevención a nivel local, tales como la veda de armas o la revitalización de espacios públicos. Con esto, se apunta a un amplio elenco de actores que son necesarios en los acuerdos nacionales sobre seguridad ciudadana: desde los diferentes estamentos del Estado y los partidos políticos, hasta los actores de la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación.

En el plano de las políticas públicas y reformas legales, el PNUD viene apoyando a países como Costa Rica donde la adopción de la Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana (Polsepaz) contribuyó a generar una reducción en la tasa de homicidio, pasando de 12,4 por cada 100 mil habitantes en 2010, a 8,8 en 2012 [1].  En materia de percepción, el porcentaje de personas que consideran la inseguridad el mayor problema del país, pasó de 49% en julio de 2011, a 18% en marzo de 2013 [2].

También cabe destacar el apoyo a las políticas nacionales de países como Honduras, El Salvador, República Dominicana o Venezuela. Igualmente, el PNUD colaboró con el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, en el desarrollo y la implementación de la Estrategia regional de seguridad para Centroamérica, ESCA, con una atención especial a los temas de género. En base a toda esta experiencia de América Latina, se está elaborando una guía de políticas públicas en seguridad ciudadana.

Más allá de la formulación de políticas se ha acompañado su gestión orientada a resultados a través de la capacitación y el asesoramiento técnico, tanto en el plano inter-sectorial, como en temas tales como la gestión de la información. Bajo esta categoría se incluyen apoyos técnicos a la mayoría de los países de la región.

En el plano local han primado las acciones preventivas y de promoción de la convivencia pacífica, desde la elaboración de planes municipales de seguridad hasta el trabajo con mujeres y jóvenes. Así, las iniciativas con El Salvador, Honduras, Panamá, Brasil, Guatemala o Costa Rica, han dado sus frutos y se han visto resultados esperanzadores. Con los “Municipios Libres de Armas” de El Salvador se demostró que es posible reducir la violencia letal en 49% y habiendo disminuido en 24% el número de delitos cometidos con armas de fuego.

Finalmente, se han acompañado iniciativas de intercambio de experiencias entre países de América Latina, y de ésta y con otras regiones, a fin de compartir conocimiento práctico. Un ejemplo es el caso de la Policía Nacional de Nicaragua, que ha intercambiado experiencias en el 2013 con Bolivia, Venezuela y El Salvador, entre otros.

Somos conscientes de que los esfuerzos en materia de seguridad ciudadana son de largo aliento y que deben incluir a grupos identificados como críticos: juventud, mujeres y víctimas de la violencia. Por eso, de cada uno de los apoyos realizados, de los éxitos y los fracasos, debemos seguir aprendiendo y compartiendo. El desafío es avanzar hacia una seguridad ciudadana con rostro humano para la región.

*Esta columna fue publicada originalmente en revista Humanum.