Tal como casi todos preveíamos, las noticias del friaje en Puno llegaron con reportes de lamentables pérdidas de vidas, su conteo habitual de damnificados y su relación de daños materiales, que incluyen ganado perdido por falta de protección contra el frío, falta de forraje y bloqueo de vías de comunicación.

Como es habitual también se decretó que los niños dejarán de ir a la escuela. Quienes visitan regularmente las zonas rurales saben que, si de suspender clases se trata toda excusa es buena: la huelga magisterial, la campaña de salud, la feria, la capacitación de maestros, la fiesta del patrono del pueblo, la del patrono del pueblo vecino, la fiesta de la virgen (recordemos que hay 11.000), las olimpiadas escolares, el ‘puente’ cuya lógica es suspender las clases cualquier día que caiga entre dos días no laborables...

Así pues, la baja de temperaturas originó la habitual cadena de reacciones: el gobierno anunció la necesidad de un plan de emergencia que corresponde a un evento extraordinario e imprevisto, y pidió apoyo al sector privado que, anticipadamente, ya tenía listos para entrega forraje, frazadas, víveres, ropa de abrigo y medicinas.

En momentos de emergencia es absolutamente lógico que se busque apoyo extraordinario. Pero ¿podemos llamar emergencia a un acontecimiento que se repite cada año, con la misma intensidad y consecuencias? Y no se trata de tener listos los paquetes de ayuda, sino de no necesitar esos paquetes porque antes se tomaron las medidas para que las bajas temperaturas no generen enfermedades respiratorias, para que las heladas no maten al ganado y la nieve no afecte la vista de los niños. No solo en el Perú bajan dramáticamente las temperaturas, pero en la mayor parte de países donde eso ocurre se sabe qué medidas tomar, y se toman.

Tenemos entonces una situación en la que se dan simultáneamente un riesgo por bajas temperaturas, medidas conocidas que se pueden implementar fácilmente, y hasta recursos para hacerlo.

Ahora no podemos hablar de un problema de recursos financieros: ya el Perú es un país de ingreso medio y el Estado recauda lo suficiente como para afrontar situaciones como esta. 

Es lamentable que en algún momento sus autoridades hayan decidido que es mejor dar dinero a los gobiernos subnacionales para construir estatuas, plazas de armas, estadios y plazas de toros.

Si durante el gobierno de Toledo, por presión del Apra, se decidió transferir dinero a autoridades locales de escasa capacidad, se requiere adoptar una medida correctiva. Para eso se necesita voluntad del gobierno, capacidad de negociación con los distintos partidos representados en el Congreso y, uno de los puntos más importantes, capacidad para ejercer autoridad. 

Es fácil anticipar que la decisión no será nada bien recibida por los municipios y regiones que hoy perciben grandes cantidades de recursos sin que resuelvan los problemas que afectan a sus pobladores; sin que haya mejoras en los servicios de educación y salud; sin agua potable y saneamiento o energía que provea calor...

Permitir que haya una mejor distribución de recursos entre la población es imprescindible. Más aún cuando ‘ahogar’ con recursos a determinados pueblos y dar el mandato de su administración a autoridades subnacionales no han tenido resultado positivo en sus niveles de salud o de educación. 

Pero, siendo una tarea compleja, se requerirá una estrategia para implementarla. Se necesita definir el objetivo final y trazar un camino que reconozca las trabas que interpondrán todos los que se sientan afectados. Y por supuesto que, antes, será imprescindible realizar alianzas, dejando de lado las diferencias que se dejan de lado cuando el Perú juega un partido de fútbol. 

Con toda su debilidad (y bajo nivel de aprobación), el gobierno de Toledo fue capaz de sacar adelante los tratados de libre comercio: hubo marchas, publicaciones, protestas y satanizacion de las negociaciones y hasta campañas internacionales con mucho dinero invertido. Pero luego, durante el siguiente gobierno, el propio García solo pudo ratificarlo, y hoy el tema ni siquiera se discute.
Hacer lo correcto toma trabajo, pero especialmente decisión, justamente lo que los ciudadanos requieren de su gobierno.