Parlamentario designado para reemplazar al condenado Cléver Jiménez, rechazó asumir el cupo.

Quito. El parlamentario ecuatoriano Milton Gualán rechazó hoy asumir el escaño de Cléver Jiménez, condenado a 18 meses de prisión por injuriar al presidente del país, Rafael Correa, y a quien le fue retirada su curul, una decisión confirmada este martes y que generó críticas de sus copartidarios.

Gualán, asambleísta alterno de Jiménez, rechazó la decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de que asuma el escaño, por considerar que esa resolución la debe tomar el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento).

"Rechazamos la actitud del CAL y ratificamos que Cléver Jiménez sigue siendo el asambleísta de la provincia" amazónica de Zamora Chinchipe, dijo Gualán en una rueda de prensa.

Según Marcela Aguiñaga, vicepresidenta de la Asamblea, el CAL abocó el martes conocimiento de la providencia que dispone la "suspensión de derechos de ciudadanía" de Jiménez, en razón de lo cual resolvió "oficializar la principalización de Milton Gualán".

El asambleísa oficialista, Virgilio Hernández, explicó que se aplicó un artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que determina que "en caso de sentencia penal ejecutoriada se pierde la condición de asambleísta".

Pero la asambleísta Lourdes Tibán, correligionaria de Gualán en el movimiento Pachakutik, apuntó que la decisión del Consejo es "ilegal".

"Mientras las medidas cautelares (de la CIDH) del asambleísta Jiménez estén vigentes, no tenían por qué aplicar la sentencia de la Corte (Nacional de Justicia) y hoy lo que han hecho es incurrir en un acto ilegal e inconstitucional", dijo Tibán.

Ello, en referencia a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado ecuatoriano medidas cautelares para Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa.

Los dos primeros fueron condenados a dieciocho meses de cárcel y el tercero a seis meses por el delito de "injuria judicial".

Ellos aseguraron, en una denuncia presentada ante la Fiscalía, que el 30 de septiembre de 2010, durante la revuelta policial, en la que Correa quedó atrapado en un hospital hostigado por agentes sublevados, el mandatario se había trasladado a las instalaciones de una universidad cercana para planear su rescate y luego regresar a la casa de salud a fin de ser liberado.

La Fiscalía no acogió la denuncia, a la que calificó de maliciosa y temeraria, por lo que Correa emprendió el juicio por injurias contra Jiménez, Villavicencio y Figueroa, que finalmente fueron condenados.

Sobre los tres acusados -ninguno de los cuales ha sido detenido- pesa una orden de captura, el pago de US$140.000 y una disposición para que pidan disculpas al mandatario, sanciones que se niegan a aceptar.

Tibán indicó en su cuenta de Twitter que mañana pedirán un cambio del orden del día para que el pleno de la Asamblea "trate medidas cautelares" a Jiménez.

El pasado 25 de marzo, Correa rechazó la resolución de la CIDH que sugirió las medidas de protección en favor de los tres condenados a prisión por injuriarle y dijo que los autores de tal dictamen "están locos".

El organismo interamericano concedió el 24 de marzo las medidas cautelares en una resolución en la que pidió al Estado ecuatoriano que suspenda la ejecución de una sentencia de Casación emitida el 14 de enero por la Corte Nacional de Justicia contra los tres involucrados.