El abogado Luciano López sostuvo que la indagación fue irregular porque, entre otras cosas, no se permitió la participación de la defensa de Toledo y hasta se violó el principio de imparcialidad.

La defensa del ex presidente Alejandro Toledo alegó hoy ante el Tribunal Constitucional (TC) las supuestas “irregularidades y arbitrariedades” que se habrían cometido en la investigación que el Congreso de la República realizó a su patrocinado por el caso Ecoteva.

El abogado Luciano López sostuvo que la indagación fue irregular porque, entre otras cosas, no se permitió la participación de la defensa de Toledo y hasta se violó el principio de imparcialidad porque los integrantes del grupo investigador informaban a la prensa cada detalle de las pesquisas.

“La investigación fue irregular, como a todos los peruanos nos consta (…) Hemos llegado al Tribunal Constitucional por una cuestión de principio para denunciar que contra Alejandro Toledo y su esposa (Eliane Karp) siempre se cometió una arbitrariedad en la investigación”, señaló.

El letrado afirmó, además, que Toledo Manrique hasta fue acusado de pretender refugiarse en Israel, e incluso se le recomendó someterse a la confesión sincera, lo cual –a su criterio- contribuyó a vulnerar las reglas del debido proceso.

“Quien tenga la desgracia de ir a parar a una comisión investigadora tiene el derecho a que se respeten las reglas del debido proceso. El Tribunal Constitucional tendrá el reto de confirmar que en esa investigación se cometieron arbitrariedades e infracciones a la Constitución”, subrayó.

Para Luciano López, si el máximo órgano intérprete de la Constitución da la razón a su patrocinado, ello invalidaría el trabajo de la comisión investigadora del caso Ecoteva, que recomendó denunciar a Toledo por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

“Hoy en día que se sabe quién es el titular de los fondos, que los fondos son lícitos y estamos peleando con la Fiscalía para que de una vez cierre este caso. Queremos que se reconozca, que se declare que las investigaciones parlamentarias no son una zona franca o liberada”, argumentó.

Según indicó, el TC tendrá unos 30 días para evaluar los alegatos de la defensa de Toledo para luego emitir un pronunciamiento.