La jornada del 17 de abril de 2016 será recordada en la historia de Brasil. Por primera vez en 24 años, la Cámara de Diputados votó a favor de la destitución de un presidente con 367 votos a favor y 137 en contra. Y aunque así concluyó la sesión más larga de su historia, faltó la dedicación y eficiencia necesarias para aprobar una reforma política o un paquete de medidas anti corrupción.

A Dilma Rousseff se le acusó de maquillar las cuentas y fingir un balance fiscal más saneado para poder ser reelegida en 2014. Unas irregularidades que plantean tres preguntas: si fueron de hecho un delito, ya que también otros gobernantes hicieron lo mismo sin ser castigados. Si son atribuibles personalmente a la presidenta, que no está acusada de corrupción. Y si lo que está en juego es, en realidad, el mandato que comenzó en 2015, después de la recomendación del Tribunal de Cuentas de terminar con este tipo de prácticas.

En la votación de la Cámara de Diputados no se trataron ninguna de estas preguntas. Por el contrario, lo que se vio fueron extrañas justificaciones que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Algunos miembros con causas pendientes en los tribunales dijeron que votaban por “la familia”, por “el cristianismo” o incluso “por los militares”. Pero la gran mayoría votó por insatisfacción con el gobierno.

Incluso en un congreso tan visceral como cabría esperar en Brasil, los parlamentarios deberían ser conscientes de que no se trata de la calidad del gobierno, sino de la legalidad. A diferencia del parlamentarismo, en un sistema presidencial no se puede cesar al jefe del Estado, a menos que se hayan demostrado delitos graves. Y ese no es el caso de Dilma.

A su vez, la población apoya este juicio político por estar hastiada por la corrupción y el pésimo curso de la economía, desencadenado por varias decisiones erróneas del gobierno y por la falta de capacidad política de Rousseff para aprobar medidas de ajuste en el Congreso. Un tema que hay que tratar con cautela, puesto que esas ansias de crecimiento tan necesario para Brasil no deberían prevalecer por encima del Estado de derecho.

A los partidarios de este juicio político habría que recordarles que la línea sucesoria del presidente está formada precisamente por políticos investigados por corrupción. Para hacerse una idea, en el Congreso se habla abiertamente de una "amnistía" para Eduardo Cunha, por el hecho haber presidido la votación sobre el impeachment. Exactamente en la misma semana en la que aparecieron nuevas pruebas de que recibió 50 millones de reales de propina. Tomando conciencia de que, incluso si la presidenta se salvase, sus posibilidades de gobernar serían mínimas, y ante la acción temeraria que representa entregar el país a manos de sus sucesores, son cada vez más las voces que piden elecciones generales anticipadas. Esa puede ser la única forma de sacar a Brasil de este callejón sin salida.