Este mes se conmemoran 50 años de ocupación israelí de territorios palestinos. Tal vez haya leído en alguna ocasión que se trata de un tema complejo, con múltiples matices. Sugeriré que, al revisar las fuentes del derecho internacional y las investigaciones de organizaciones independientes de derechos humanos, el tema es en lo esencial simple y claro. Comenzando por la denominación de “territorios ocupados” que el gobierno israelí suele cuestionar. Tras la guerra de junio de 1967, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 242 que exige el “retiro de las fuerzas armadas israelíes de los territorios que ocuparon durante el reciente conflicto”.

Apelando a que la versión en inglés de la resolución 242 no específica que se refiera a todos los territorios que ocupó, Israel solía alegar que un retiro parcial cumpliría con los términos de esa resolución. Pero la propia resolución 242 indica que exige ese retiro “Insistiendo en la inadmisibilidad de la adquisición de territorios por medio de la guerra”: salvo mejor parecer, todos los territorios que Israel pasó a controlar desde 1967 fueron adquiridos por medio de la guerra. El propio Consejo de Seguridad aclara el punto en innumerables resoluciones. La más reciente es la resolución 2334 que adoptó en diciembre de 2016, la cual se refiere a Israel como “Potencia ocupante”, y le conmina a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional en “los Territorios Palestinos ocupados desde 1967, incluyendo Jerusalén Oriental”.  

Precisamente porque son considerados territorios bajo ocupación militar, el Consejo de Seguridad considera desde la resolución 446 de 1979 que es aplicable en ellos el “Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra”. En su artículo 49 esa convención establece que “La Potencia ocupante no podrá proceder a la evacuación o transferencia de una parte de su propia población civil al territorio por ella ocupado”. Por esa razón, la resolución 446 “Declara que la política y práctica de Israel de crear asentamientos en los territorios palestinos y otros territorios árabes ocupados desde 1967 no tienen validez legal y constituyen un serio obstáculo para el logro de una paz comprehensiva, justa y duradera en el Medio Oriente”.

Siendo una ocupación ilegal, se ejerce también a través de medios que violan diversas normas de derecho internacional. En su reporte titulado “Israel: 50 Years of Occupation Abuses”, Human Rights Watch resume esas violaciones en cinco categorías: Asesinatos Ilegales y Crímenes de Guerra, Asentamientos Ilegales, Desplazamiento Forzado de Personas, Cerco sobre Gaza y Restricciones Injustificadas de Movimiento en Cisjordania, y Detenciones Abusivas. Las principales organizaciones israelíes e internacionales defensoras de los derechos humanos coinciden a plenitud con esas imputaciones (vea, por ejemplo, el informe de Amnistía Internacional titulado “La Ocupación de Israel: 50 años de desposesión”, o el de la organización israelí B’Tselem titulado “Reality Check: Almost fifty years of occupation”, de 2016).

Esos reportes también documentan por cierto los crímenes que, bajo el derecho internacional, cometen organizaciones palestinas contra civiles israelíes. Y documentan los abusos que las autoridades locales (la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, y el gobierno de Hamás en Gaza), cometen contra los propios civiles palestinos. Constatan sin embargo que la gran mayoría de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario son cometidas por la Potencia ocupante, Israel.