Nos estamos polarizando como nunca antes porque el imperio de la ley lo está tratando de manipular una ideología que quiere volver a levantar el fusil y el machete, pero no en campos bélicos tradicionales, reclutando familias de campesinos en aldeas remotas del altiplano, peleando ideologías extrañas que resonaban con su pobreza y su marginación, sino en las sillas de la fiscalías y en la cámara penal. Piezas estratégicas del Ministerio Público y la Cámara Penal se han venido moviendo, armando este “genocirco”, moviendo sus alfiles a su conveniencia, convirtiendo el imperio de la ley, la justicia pronta y cumplida y el debido proceso en una útil herramienta para articular su plan ideológico.
Han colocado a los jueces afines para evitar a toda costa que salga el amparo que tiene escondido y enterrado en la etapa intermedia, porque no quiere que se demuestre legalmente la prescripción del delito y se acabe con la farsa.
Eso quiere decir que los jueces de la etapa intermedia y tribunal de Sentencia que ilegalmente abrieron el juicio a debate cometen el delito de prevaricato, por cuanto que la ignorancia no es fuente de derecho y no hay funcionario público más responsable de conocer la ley que el mismo juez penal. Saben ¡perfectamente! que al tenor de los artículos 101 al 107 del Código Penal, los delitos prescriben a los 20 años de haberse cometido.
No solo está ahí el complot. Ellos insisten en continuar un debate ilegal en violación del artículo de la ley de amparo que obliga al tribunal a que se suspenda el juicio hasta que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad y los once amparos pendientes. Por esa razón la honorable Corte de Constitucionalidad está poniendo en orden todo este entuerto que tiene sumido el sistema de justicia en un desagüe chirmolero.
Pero las presiones de más de mil 200 organizaciones convertidas en tambores de resonancia a nivel mundial, los millones de dólares extranjeros y la extraordinaria habilidad de resucitar telarañas de la historia, de juntar osamentas y ligarlas a testimonios variopintos para armar un caso de “genocirco”, son portentosos.
Y de las regalías, ni se hable. Ya tienen cabeza de playa en la ONU, y hasta amagues en la Corte de Constitucionalidad; fuentes de financiamiento oenegeros y cooptación de posiciones claves en derechos humanos a nivel nacional e internacional.
Y todo esto gracias a la desinformación de las decenas de obras publicadas del conflicto armado que han sido diseminadas por décadas por investigadores de izquierda, comenzando con el REHMI, el CEH, el libro que le escribieron Burgos y Debroy a nuestra exguerrillera delatora, y decenas de académicos citándose mutuamente: Chirmer, Paz Tejada, Carmack, Falla, Gliejeses, Lebot, Nairn, Payeras, Fortuny, Rosada, Sarti Castañeda, Jelin, Tomuschat, Torres Rivas, JM Simon, Grandin, Kruijt. Kaet, …et al.
Las consecuencias de un fallo por genocidio están más que detalladas en el comunicado de los notables firmantes de la paz. Las multimillonarias sumas por resarcimiento a las supuestas víctimas serán cuantiosas, ampliando y engrosando aún más la deuda. Esto sin mencionar el demérito y la vergüenza de ser el primer país de la humanidad que se autodeclara un Estado genocida.
Si todos volteáramos nuestros esfuerzos y recursos en apoyar la paz firme y duradera y la concordia, enfocándonos en fortalecer el Estado y resolver las causas estructurales de la pobreza, la desnutrición, la educación y la marginación, justificaríamos los ideales de una verdadera “evolución” de Guatemala.
Pero hacemos lo contrario: agarremos bandos, pues, hagamos la guerra por otros medios y sigamos peleándonos por otros 30 años para que la generación paupérrima, miserable y pobre que dejemos sea la que nos juzgue in saecula saeculorum.
*Esta columna fue publicada originalmente en PrensaLibre.com.
