Más allá de la retórica mediática de los líderes del Centro Democrático (CD) sobre el proceso de paz, antes y después del plebiscito, se concluye que ni quieren la paz, ni quieren las reformas que se plantean en el acuerdo. Muchos de sus reparos están consignados en los acuerdos. Sin embargo, después del triunfo del no en el plebiscito los maquillan con una serie de sofismas y una perversa retórica para seguir manipulando a la opinión pública. No se necesita hacer mucho esfuerzo mental para comprender que la estrategia política del CD es hacer propuestas inaplicables en la práctica para dilatar el tiempo y luego salir a culpar a los negociadores del gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de un fracaso.
Al ex presidente Álvaro Uribe y a las élites que representa el CD, ligadas al latifundio, no les interesa que el proceso de paz llegue a buen puerto. Se oponen de manera clara a tres aspectos que son la médula de la negociación: la reforma agraria, la justicia transicional y la participación en política de las FARC.
Los demás aspectos de su propuesta son sofismas para esconder el verdadero trasfondo de su oposición: ensombrecer y enredar con mentiras el proceso de paz. Durante ocho años de gobierno de Uribe, negaron la existencia del conflicto armado y su estrategia fue llamar a los desplazados "migrantes internos". Las estadísticas demuestran que fue el período donde más se multiplicó el desplazamiento y el despojo de tierras.
Su principal oposición visceral al proceso es por la reforma agraria que se plantea en los acuerdos. Por un lado, a las Zonas de Reservas Campesinas, y del otro a la actualización del catastro rural, dos pilares fundamentales de la reforma al campo que se buscan con los acuerdos. Se oponen a la restitución de tierra con los pueriles argumentos de que los actuales propietarios son compradores de buena fe. Pretenden que se legalicen millones de hectáreas de tierras, desconociendo las intimidaciones, los asesinatos, los desplazamientos y las falsedades documentales que existen detrás de esas tierras, adquiridas con presiones de los escuadrones de asesinos de los "paras" (paramilitares).
Igualmente se opone a un impuesto predial progresivo y a una reforma al campo colombiano, que implica entrega de subsidios y construcciones de vías, entre otros aspectos clave para la modernización de la Colombia rural. Los del CD no quieren una reforma catastral que afecte los intereses de los latifundistas, ni una modernización del campo desde la perspectiva de los campesinos pobres.
La segunda mayor razón de su oposición es por el modelo de justicia especial de los acuerdos, la cual garantiza una justicia restaurativa y reparadora. Un modelo de justicia que los líderes del CD y sus aliados tienen temor de que se implemente, porque mediante ese sistema judicial se desnudarán muchas de las alianzas con el crimen organizado. Se esclarecerán miles de crímenes ligados al despojos de tierras y a los escuadrones de muertes del paramilitarismo, los falsos positivos y decenas de asesinatos impunes y desaparecidos. En cambio, plantean un sistema similar al que se le aplicó a los paras y que en ocne años de ejecución ha dejado en la completa impunidad los crímenes del paramilitarismo.
El otro eslabón de la oposición al proceso de paz es la participación política de las FARC, la reforma del sistema electoral y un estatuto de oposición. El CD con su propuesta lo que busca es dividir a las FARC, con cárcel para los líderes y amnistías para los combatientes rasos. Propuesta que no conduce un proceso de paz serio, porque con ella lo que se busca son ponerle trabas al proceso. Pensar que un grupo rebelde, no derrotado militarmente, después de una lucha de 52 años de guerra debe firmar un acuerdo de paz para que sus líderes sean encarcelados, en lugar de reinsertarse a la vida civil para que defiendan en la plaza pública sus ideas políticas, es una utopía populista que no conduce a un verdadero proceso de paz.
