1.- Los medios de prensa informan que el presidente del Consejo Minero de Chile ha expresado ante el presidente del país, Sebastián Piñera, en la reciente cena anual del sector, su preocupación por lo que estiman un lento avance en la aplicabilidad de las normas de consulta del Convenio 169 de la OIT, hoy Ley de la República, relativas a Derechos Indígenas.  De acuerdo a lo informado, Villarino pide “imprimir velocidad” y lograr acuerdos que conjuguen adecuadamente los reclamos indígenas con otros derechos (mineros) reconocidos por la ley y llama a tener en consideración lo que denomina como “imperativos del crecimiento”. En lo principal la prensa ha destacado la frase que sirve como eje estratégico de la inquietud de las compañías mineras en Chile: “Los derechos de estos pueblos (indígenas) no pueden estar por sobre la legislación vigente que rige a todos los chilenos”. Hasta aquí los hechos.

2.- En estricto rigor, el Convenio 169 es un Tratado Internacional de Derechos Indígenas cuya aprobación fue demorada durante 18 años desde 1990. Finalmente se aprobó en el Congreso y está vigente desde Septiembre del 2009. En todo sentido es una ley de la República, y los sectores públicos y privados están obligados a respetar este Tratado, que viene a proteger los derechos patrimoniales de los Pueblos Indígenas (tierras, aguas, cultura) luego de una devastadora experiencia de siglos de despojo.

3.- Lo que debiera preocupar a la sociedad en su conjunto y a los actores progresistas del país es que se levante, en pleno siglo XXI, un argumento decimonónico, casi feudal, de buscar imponer a los indígenas, como a los pobres, a las mujeres o a los discriminados de la sociedad, la condición de obstáculo para permitir el crecimiento o progreso del país, a costa –precisamente- de los derechos de los excluidos. 

4.- Hemos dejado atrás, como nación, la experiencia traumática de la Colonia, cuando la instalación y avance del Estado nacional hizo “imperativa” la mal llamada “Pacificación de la Araucanía” y se combatió militarmente a un Pueblo (Mapuche) y luego de su derrota fueron violentamente despojados de todos sus bienes dejando a los Pueblos Indígenas en la marginación. Las tierras indígenas pasaron a ser el granero de Chile y hasta hoy todavía son parte de una extensa explotación por parte de diversas transnacionales.

5.- El planteamiento del vocero de las compañías mineras de Chile viene a introducir una muy inconveniente provocación a los indígenas. Su tenor debiera ser cómo cumplir, respecto de los indígenas, las directrices de la OCDE a las multinacionales y cómo respetar y hacer viable la aplicación del Convenio 169, adelantando ellos mismos una propuesta que pueda ser debatida soberanamente por los Pueblos Indígenas.  Pero no. En una cena con el presidente de la República lo conminan o le exigen “acelerar” los procedimientos y hacer respetar las normas proclives a los intereses del crecimiento económico, aunque esto signifique conflicto con los indígenas….

6.- ¿Tienen razón entonces los pueblos originarios en estar alertas y tensionar a la sociedad chilena? ¿Es aceptable tener que escuchar y que se diga sin tapujos, que el crecimiento requiere que los Derechos Indígenas, en el fondo, se sometan a la legislación minera, eléctrica y de aguas que favorece ampliamente a las grandes compañías? ¿Es este el camino a escoger para construir un entendimiento con nuestros pueblos indígenas? Puesto así los hechos, resulta inevitable rechazar de manera absoluta los dichos del vocero de las cias mineras de Chile y señalar que los tiempos de hoy no son los tiempos de la Colonia.