Existen más leyes mundiales para regular el comercio de plátanos y café que para el comercio de armas y municiones. Sin embargo, el comercio de armas tiene profundos impactos, directos e indirectos, sobre los derechos humanos y el desarrollo. En América Latina y el Caribe (ALC) los homicidios han aumentado en promedio de 19,9 por cada 100.000 habitantes en 2003 a 32,6 por cada 100.000 habitantes en 2008. En el centro  de la violencia están las armas de fuego ya que, por ejemplo, el 70% de los homicidios en el Caribe se comenten con armas de fuego -una de las tasas más altas del mundo.

Por cierto, la abundante disponibilidad de armas no es el único factor que explica el crimen y la violencia en la región. Pero la violencia armada y el comercio de armas tienen un impacto significativo en el desarrollo y las posibilidades de cualquier país para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En la práctica, cada ODM se ve socavado por la violencia armada; la muerte debida a la violencia armada dejan a las familias sin ingresos, las escuelas cierran, los servicios de salud están sobrecargados y se entorpece el acceso a la alimentación. En 2008, por ejemplo, sólo la mitad de los niños desplazados por la violencia en Colombia se inscribieron en la escuela, y menos de la mitad de los adultos en esa situación habían completado la escuela primaria.

El tratado sobre comercio de armas. En julio de 2012, los estados miembros de la ONU se reunieron para abordar la falta de un marco mundial para regular el comercio de armas convencionales mediante la negociación de un tratado sobre comercio de armas (TCA) largamente esperado, el cual exige a los estados miembros evaluar el riesgo de un comercio de armas individual que exacerbe los conflictos o viole gravemente las normas del derecho internacional y los derechos humanos. El proceso de negociación fue interrumpido cuando Estados Unidos y Rusia declararon que faltaba tiempo para  abordar todas las cuestiones pendientes antes de la conclusión de las negociaciones, postergándose así el proceso. La negociación de un TCA continuará en marzo de 2013, renovando las esperanzas de que el TCA pueda convertirse en  realidad.

La brecha del sector privado. El derecho internacional se aplica a los Estados soberanos, los cuales son los actores responsables  de la seguridad y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, en la práctica, no sólo los Estados tienen la responsabilidad en un comercio de armas fuera de control. El rol del sector privado en este ámbito es absolutamente clave.

Las compañías de América del Norte y de Europa Occidental dominan la industria mundial de armas. Del mismo modo, las compañías navieras dominan el transporte internacional de armas, incluyendo traslados  a los actores involucrados en el conflicto y entregas ilícitas de armas pequeñas y livianas a los actores no estatales en Colombia, por ejemplo. Las empresas privadas de seguridad (EPS) también fomentan y dependen del comercio de armas para sus operaciones. Los Estados en ALC gastan entre 8 y 25% de su PIB en seguridad privada y emplean cerca de 3 millones de agentes. En Guatemala y El Salvador, las EPS se han implicado en el tráfico de armas, y aunque la ley limita el uso de material de guerra a los miembros de las Fuerzas Armadas, las EPS en Perú -supuestamente- han podido comprar cantidades ilimitadas de dicho material. Las EPS proporcionan seguridad a las corporaciones multinacionales de la región, mientras que los grupos rebeldes implicados en conflictos interestatales también contratan a estas empresas. Todas las partes implicadas en el conflicto en Colombia han utilizado estas empresas para fortalecer sus capacidades mediante la formación y asistencia en el uso de armas de alta tecnología.

Las transferencias de armas a la región que son legítimas, aunque moralmente cuestionables, han contribuido a una amplia gama de violaciones a los derechos humanos, a veces vinculadas a las propias operaciones de las empresas. En Perú en junio de 2009, por citar sólo un ejemplo, 33 personas, entre ellas 23 policías, murieron y al menos 200 personas resultaron heridas en un enfrentamiento entre la policía y las comunidades indígenas de la provincia de Bagua.

La responsabilidad de respetar. Dado el impacto que las empresas tienen sobre los derechos humanos y el desarrollo a través del comercio de armas, la omisión de toda referencia sobre el sector privado en el TAC debería ser una causa de preocupación para los gobiernos interesados en la protección de los derechos humanos y en garantizar el desarrollo de la región.

Uno de los desafíos en hacer referencia al sector privado en este o en cualquier otro tratado es que el derecho internacional aún no ha abordado formalmente el papel de las empresas en relación con los derechos humanos. Es exactamente por eso que la adopción unánime de los Principios Rectores (PR) sobre las Empresas y los Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, representa el mejor intento hasta ahora para abordar el papel del sector privado frente a los derechos humanos.

Los PR proporcionan una orientación explícita a los Estados sobre la forma de abordar los desafíos de los derechos humanos asociados a las empresas en su jurisdicción, incluyendo las empresas de transporte y de seguridad privadas, lo cual tiene una gran importancia en las negociaciones del TCA.

Atención con el vacío legal. La protección de los derechos humanos, el fomento del desarrollo y el logro de los ODM requieren de la colaboración de los Estados. Ponerse de acuerdo en un conjunto de reglas comprensivas para el comercio internacional de armas con el fin de prevenir las transferencias que socavan los derechos humanos y el desarrollo debe ser prioridad para la comunidad internacional.

Por lo tanto, es necesario hacer un esfuerzo conjunto para a abordar el rol del sector privado en el comercio de armas. Para lograr esto, los Estados Miembros de las Naciones Unidas deberían mencionar los PR en el preámbulo del TCA, lo cual servirá como un punto de referencia común para que los Estados aborden el papel central del sector privado en el comercio de armas, ayudándoles a asegurar que las empresas en su jurisdicción no contribuyan a  vulnerar los derechos humanos y a erosionar el desarrollo humano.

*Esta columna fue publicada originalmente en la revista Humanum del PNUD.