El 2013 ha sido un año en que los temas de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad han sido protagonistas en la agenda de congresos y seminarios, organizados por asociaciones gremiales, universidades y empresas. También lo han sido en los contenidos de muchas sesiones de directorio y reuniones al interior de las principales compañías del país. Por otro lado, el gobierno ha intensificado la divulgación de contenidos y nuevas regulaciones referidos a la legislación en ambos temas, los que se encuentran estrechamente ligados. Claro está que una empresa no es sustentable si no tiene una buena estructura de gobierno corporativo y tampoco lo es si teniéndola se le han quedado fuera variables relativas a la implementación de un correcto Modelo de Sustentabilidad, como por ejemplo las variables sociales, cumplimiento regulatorio y medio ambientales. Asumiendo que el concepto “sustentabilidad” es probadamente mucho más  amplio que el tema medio ambiental, voy a referirme ahora al vínculo entre los dos conceptos, gobierno corporativo e institucionalidad ambiental.

Chile es un país que teniendo una amplia y antigua Institucionalidad Ambiental, fue dejando evidencia que esa legislación no permitía defender adecuadamente su patrimonio ambiental y se requería cambiarla por normas modernas. Tanto las comunidades como  el propio gobierno, comenzaron a levantar la voz ante claras faltas en el desarrollo de proyectos de inversión con impacto social y ambiental. Y ahora, justificadamente se quiere incorporar esa variable dentro de las prácticas de Gobierno Corporativo que se exigirán cada vez con mayor  fuerza a las empresas.

Hace algunas semanas atrás, la ministra de medio ambiente en Chile, María Ignacia  Benítez  dijo que la clave está en  que las empresas incorporen en su Gobierno Corporativo, la búsqueda de la Equidad Social y que ello implica que no sólo la administración de la empresa se involucre en el tema ambiental, sino que también lo deben hacer sus directorios. Para sustentar aun más esta obligación, dijo en un seminario organizado por KPMG y la Universidad de Chile, que “La nueva Regulación Ambiental obligará a las empresas a adecuar sus Gobiernos Corporativos”. En especial se refirió a las Sociedades Anónimas Abiertas, diciendo que éstas “no sólo deberán cumplir la regulación para tener buenas prácticas de Gobierno Corporativo que les ha impuesto la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) -en una clara alusión a las 19 prácticas que esa Superintendencia está controlando, a través de la Circular N° 341-  sino que también la que emitirá la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)”. Es claro entonces que esa Superintendencia está trabajando en una nueva normativa, que vincula Gobierno Corporativo con Sustentabilidad Ambiental.

La tendencia está clara. Habrá que poner muchGobierno Corporativo  e Institucionalidad Ambiental a más atención a la regulación que impone una nueva forma de diseñar los modelos de negocio y evaluar inversiones que eventualmente afecten el medio ambiente. En los últimos años, en Chile se ha construido una nueva normativa.

Ahí está la reforma a la institucionalidad ambiental, la ley del bosque nativo y el convenio 169 de la OIT, entre otras. Hoy entonces, las reglas del juego son distintas para quienes quieran desarrollar proyectos con impacto ambiental, con nuevas instituciones fiscalizadoras y con nuevos instrumentos de evaluación y con una sociedad civil empoderada que no trepida en levantar la voz ante la existencia de posibles impactos.  Y quienes no la sigan, se exponen a sanciones y multas que antes eran inimaginables, con  una regulación mucho más estricta, que fortalece los sistemas de fiscalización y sanción.  Es un dato que hoy es más difícil y de más largo plazo aprobar un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental.  Más aun, aquellos proyectos que entran en conflicto con las comunidades y grupos ambientalistas, corren el riesgo de ser paralizados tras el dictamen de un tribunal. En la actualidad los modelos de Responsabilidad Social y políticas de donaciones dejaron de ser suficientes y el futuro se orienta a desarrollar relaciones empresa sociedad más inclusiva, de largo plazo en que el desarrollo de ambos esté directamente ligado al éxito de la inversión.

Pero al revisar que nos ha llevado a este endurecimiento en la normativa, diríamos que son básicamente tres  focos. Por un lado comunidades cada vez más informadas, empoderadas, que exigen más participación y que levantan la voz cada vez que sienten que su patrimonio ambiental está siendo amenazado. Por otro lado está una estrategia como país, de acercarse a naciones que tienen una legislación más moderna y defensora de sus patrimonios ambientales. Entre ellos se incluyen varios de los  países miembros de la OECD, de la que Chile es parte. Y la tercera dice relación con casos emblemáticos, como lo fue en su momento el de los cisnes de Valdivia, que implicó el cierre temporal de una planta de Celco, o el de Agrosuper en Freirina o el de minera Pascua Lama, o el Proyecto Termoeléctrico Central Castilla. Todos ellos pareciera que dan soporte a la necesidad de endurecer la legislación. Y eso fue exactamente lo que se hizo y se seguirá haciendo.

Es válido también hacer una reflexión, que algunos dirigentes gremiales chilenos  han lanzado con fuerza en los últimos meses, sobre  si no se estará dando una señal equivocada a quienes están dispuestos a invertir, con una legislación extremadamente compleja, para avanzar en la evaluación y aprobación de proyectos relevantes. Algunas consecuencias de la nueva normativa ya se están viendo, con el aumento sustantivo de la judicialización de proyectos, lo que ha frenado, o al menos dilatado,  la inversión en áreas claves de la economía, como lo son la minería, forestal, pesca, turismo  o el sector eléctrico, sólo por nombrar algunos. Y por otro lado, está la rigurosidad en el cumplimiento de los nuevos estándares. Según datos publicados en el diario La Tercera el pasado 2 de diciembre, entre 2010 y 2013 se rechazaron 114 iniciativas por deficiencias en su presentación. La mayoría de ellas pertenece a los sectores de minería, energía, saneamiento ambiental, pesca y acuicultura, por un monto de US$3.162 millones.

Como sea, guste o no, la nueva institucionalidad ambiental está obligando a las empresas a incorporar un aun más acucioso estudio de sus proyectos de inversión y a hacer seguimiento bajo modelos de gobierno corporativo. Por otro lado, obligará a las empresas a tener, dentro de su estructura organizacional, a personas o unidades que administren de mejor manera estos  temas.  Quienes no los aborden de buena manera e  incorporen en su gestión, con seguridad perderán tiempo y recursos.