Desde que se abrió el año pasado el Centro Corporativo La Pradera, los que conmutamos diariamente por la carretera a El Salvador tenemos que esperar, pacientemente, que los vehículos que se dirigen a ese lugar pasen de uno en uno, en turnos cada cinco minutos, todos los días, 365 días del año. Las colas son kilométricas. Las pérdidas horas/hombre supera, por mucho el costo de un viaducto. ¿Por qué la municipalidad no demandó tal obra previo a la construcción de esos edificios? Ahora, en pleno apogeo de actividad empresarial en los cuatro edificios, el número de vehículos que requieren dar la vuelta para ingresar a ese centro se ha multiplicado exponencialmente. Y nosotros, los que vivimos carretera arriba, pagamos la factura del tiempo de espera, trabados totalmente en el tránsito.

Nadie discute que el desarrollo de proyectos inmobiliarios incide de una manera positiva en la economía del país. Pero no a este costo. Un análisis somero de las pérdidas horas/hombre, más combustible y depreciación vehicular, arroja fácilmente no menos de Q1 millón diarios (más de US$122 mil), o la bicoca de Q30 millones (más de US$3.680.000) al mes .

¿Por qué, un año después de la inauguración, no se construye el viaducto que fue -“supuestamente”- un compromiso desde el inicio? ¿Por qué el agente de la policía municipal tiende a ser tan generoso en conceder el paso a los vehículos que se dirigen al Centro Corporativo La Pradera, a expensas del tránsito principal proveniente de la carretera a El Salvador? ¿Cuándo lo van a construir? ¿Dentro de 30 millones mensuales de pérdidas por seis meses o en doce meses más?

Los que sufrimos el viacrucis diario del tránsito vehicular de la carretera a El Salvador tenemos más que suficiente con la hora y pico promedio que tardamos en bajar y subir todos los días.

No se entiende la permisividad de la Municipalidad de Guatemala con este tipo de obras. Los inspectores le caen encima a cualquier “obrita” que se construya en cualquier lugar, y demandan licencia de construcción so pena de elevadas multas. Son “buenísimos” para detectarlas, y no se les va una. No digamos con los trámites para obtener las licencias, que son engorrosos, tediosos y largos. ¿Y aquí qué paso? ¿Doble estándar…?

¿Y no que todas las obras de una dimensión tan grande, como lo son estos cuatro megaedificios, requieren por ley un minucioso y riguroso estudio de impacto ambiental y “vial” que incluye tránsito interno, rampas, número de estacionamientos, drenajes, etc.? ¿Dónde está ese estudio? ¿Por qué no se cumple?

Es tal la frustración de los miles de ciudadanos que vivimos arriba, que un grupo se ha organizado para iniciar un proceso legal en el Ministerio de Ambiente y la Corte de Constitucionalidad. Han acudido a mí para hacerlo público antes de iniciar el juicio.

Alguien comentó que supuestamente la dificultad en iniciar la construcción del viaducto se ha debido a la dificultad de compra de un terreno sin el cual es imposible llevar a cabo la obra. Pero esto no es excusa. Nunca se debió autorizar un proyecto de tal magnitud sin que se construyese “primero” el viaducto.

Hoy, un año y pico desde que se inauguró, cientos de millones de pérdidas después, y una frustración que ya llega al límite, deberían ser suficientes para poner las barbas en remojo.

*Esta columna fue publicada originalmente en PrensaLibre.com.