El diálogo se ha dado. La oportunidad de discutir sus puntos de vista y sus reivindicaciones están claras. La respuesta es no. Se seguirá con el proceso de profesionalización y preparación universitaria, les guste o no les guste.

Se les da un plazo para desalojar pacíficamente los institutos tomados, y si hay resistencia, se tiene que proceder con todo el poder coercitivo de la Ley. Si esto no se da, el propio presidente Pérez Molina estará incumpliendo sus responsabilidades y el mensaje enviado a la población es que en este país las medidas de hecho y la violación de los derechos de otros ciudadanos no tienen consecuencias y se pueden llevar a cabo con la mayor impunidad.

Ese ha sido el problema en este país. Bajo la cantaleta de que se debe privilegiar el “diálogo”, antes que el uso de la fuerza —algo razonable en la fase inicial de todo conflicto—, la metodología empujada siempre de parte de los grupos protestantes es “dar el mazo y no escuchar razones”. En otras palabras, diálogo es imponer la agenda contestataria o “seguimos en la protesta”. Con tal actitud es imposible llegar a acuerdos. Y tienen todo el derecho de hacerlo, pero no coartando el derecho de los demás estudiantes, especialmente de los que se graduarán este año.

El año pasado, con motivo de la toma de carreteras que tenía semiparalizado al país, escribí lo siguiente: “Algo en el pensamiento del liderazgo reactivo y contestatario anda mal, cuando piensan que pisoteando los derechos de todo un país se pueden atender las demandas propias”.

“Cuando la manifestación es pacífica, es decir, que no atenta contra los derechos de los demás, y se lleva a cabo con la autorización y bajo la vigilancia de las autoridades, la expresión de la protesta puede incidir políticamente. Mas cuando no tiene más objeto que un chantaje reducido a un simple silogismo de “si no me dan, no me quito”, no queda otra cosa que aplicar todo el peso de la ley”.

Enfatizo el día de hoy la necesidad de no hacer generalizaciones irrazonables, comparando la situación actual de los estudiantes con casos de protesta social en otros países. La criminalización de la protesta social tiene características muy particulares, y en este conflicto estudiantil no se aplican, especialmente por el hecho de que los estudiantes no tienen un respaldo conceptual congruente con los extensos estudios e investigaciones desarrolladas desde hace años sobre el problema de la calidad educativa.

Lo evidente aquí es la futilidad de graduar a 10 mil maestros cada año, disponiendo de solo tres mil plazas. Lo absurdo el día de hoy es no proveer a esos 10 mil estudiantes con otras opciones de educación a nivel técnico, para satisfacer un mercado cada vez más competitivo y demandante de mano de obra calificada. Es inadmisible no tomar en cuenta la realidad de nuestro entorno socioeconómico y desestimar hacer esos cambios de fondo.

En eso, los estudiantes tienen toda la razón de estar inconformes. Muchos de ellos estarían contentos de terminar sus estudios y encontrar empleo bien pagado y remunerado dentro de un entorno laboral que recompensa la especialización.

Con todo respeto para las autoridades: este país no necesita más maestros, sino bachilleres técnicos. Seguir haciendo lo mismo y esperar otros resultados es pueril.

Es hora de cambiar ese paradigma. O en buen chapín: “agarrar la onda…”.

*Esta columna fue publicada originalmente en PrensaLibre.com