Hace un tiempo atrás escribí, en este mismo medio, los complicados días que enfrentaba la élite política-económica de Chile a raíz de una serie de cuestionamientos y juicios por colusión de precios, abusos en las cláusulas frente a los consumidores, financiación ilegal en las campañas políticas o fraude al fisco. Lejos de que estos temas se hayan resuelto (con resoluciones penales de por medio o expulsión de los investigados y/o imputados en los respectivos gremios o partidos), los problemas parecen aumentar en cantidad y gravedad.

Durante el verano en Chile no hubo pausa alguna. El caso Penta y Caval fueron la causa. El primero, dice relación con un poderoso consorcio económico que de manera sistemática habría estado realizando fraude y evasión tributaria. Añadido a lo anterior, se abrió una arista compleja: Penta habría financiado de manera ilegal, por medio de boletas "ideológicamente falsas", a candidatos al Congreso nacional. El segundo caso, se refiere a la investigación que lleva el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, encargado de esclarecer el caso de la empresa Caval -por uso de información privilegiada y tráfico de influencias-, que involucra directamente al hijo de  la presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos, y a su mujer.

Aunque ambos casos son graves, me detendré en el primero por la profundidad, las consecuencias y las aristas que acarrea. En particular, el caso Penta (actualmente en proceso de investigación) golpea de lleno a la política por su imbricada relación entre los políticos y las empresas privadas. Pero Penta no es más que una parte de este secreto a voces, ya que en medio de la investigación se descubrió que otra gran empresa, Soquimich, también habría financiado a la política de manera irregular ¿La diferencia entre ambas? Es que Penta se abocó a políticos exclusivamente de la derecha, especialmente al mundo de la UDI. Por su parte, Soquimich sería mucho más transversal, con especial énfasis en campañas de la Nueva Mayoría (coalición que sustenta a Bachelet).

El problema se agudiza cuando el órgano encargado de querellarse (contra Soquimich), es decir, el Servicio de Impuestos Internos (SII) determina, por el momento, no hacerlo (y con ello desechar una investigación), ya que no existen, según ellos, antecedentes para querellarse. En cambio, la fiscalía considera que existen antecedentes más que suficientes. La cuestión se torna aún más densa cuando ponemos en antecedente que el SII (único órgano autorizado para querellarse por estas causales) es un órgano administrativo dependiente del Ejecutivo, ya que el director del SII es nombrado directamente por la presidenta. Si el caso Penta ha sido la debacle para la derecha, se sospecha que la arista Soquimich lo sería para la centro-izquierda y el gobierno de Bachelet.  

El SII y el Ejecutivo están en la mira de todos. No se entiende la rapidez y la contundencia con que actuó el director del SII, Michel Jorrat, en el caso Penta, y la tardanza para querellarse contra Soquimich, aun cuando el número de políticos involucrados sobrepasaría con creces al primero. Es más, el caso  Soquimich se ha tratado hasta el momento como una simple arista del caso Penta y no de forma individual ¿Quién aparecería en las boletas falsas de Soquimich como para que el SII no se querelle o, en su defecto, retrase la decisión? ¿El director del SII -que cuenta con la confianza de Bachelet y además participó activamente en la campaña de ésta- tendrá presiones desde el Ejecutivo?

La evidencia indica que, de aplicarse la querella del SII y de ampliarse el período de investigación, aparecerían los nombres de políticos ligados al gobierno y a la Nueva Mayoría, incluidos altos puestos de La Moneda. Mientras escribo este artículo la tensión política en el país sudamericano no se detiene, ya que la fiscalía en su afán de investigar (persecutor) presiona al SII para ejercer su rol querellante ¿Qué dice la clase política al respecto? Desde el gobierno obviamente se repite como un mantra la frase: “hay que dejar que las instituciones funcionen”; los congresistas de ambos espectros guardan (salvo excepciones como los diputados Mirosevic y Boric) un silencio incómodo y transversal. Todos saben, nadie habla.

En definitiva, Jorrat y el SII tiene la llave para destrabar la madeja e iniciar una investigación contra las boletas falsas de Soquimich. La institucionalidad chilena que ha gozado al menos en apariencia de buena salud, está en tela de juicio y al calor de los hechos se tiende a tambalear. En este escenario se está haciendo difícil, incluso, ver la independencia de los poderes del Estado. El rol de los políticos, de la élite chilena y de sus empresarios está en la mira de la ciudadanía que atenta espera las decisiones no sólo de la justicia, sino también de los órganos del Ejecutivo. El ambiente político está tóxico y se necesita mascarilla para transitar en sus recovecos.