Una carta magna para ponernos de acuerdo en cómo manejar este circo llamado sociedad, y una batahola de inconformes atacando por doquier lo escrito, es la mejor manera de arrancar una rumba caótica. Es en lo que estamos. Los estudiantes con derecho constitucional de libre locomoción y acceso al estudio están siendo violados por los otros que no aceptan razones, sino la suya. No tarda el presidente en empuñar el látigo de la justicia largamente -semanas enteras-, retenido para darle una oportunidad al diálogo de sordos, pero lo que ha salido es una cantaleta reiterada, burda y absurda de algún lidercito de turno balbuceando frasecitas insensatas con punch line politiquero cada vez que un periodista les pregunta cuáles son al final del día sus planteamientos concretos, pues un día unos dicen una cosa y en la mesa de diálogo sale otra. Es la razón de que la ministra de Educación haya dado por terminado el fútil esfuerzo de continuar dialogando en el aire.

Hasta don Joviel, artero organizador de paros y tomas del patrimonio público, está de acuerdo. Con fulminante declaración ha conminado al movimiento estudiantil rebelde diciendo: “Esta propuesta no puede dar marcha atrás. Aplaudimos cuando los estudiantes se movilizan, pero cuando hay razón”.

De manera que ha llegado la hora de cumplir con la ley y, sin más preámbulo, respetar lo contenido en la Carta Magna. ¿Será por esta razón que existe tanta desconfianza por apresurar los cambios constitucionales propuestos por el Ejecutivo? Se desprenden de estos ejemplos vivos mucho espacio para perderse en la aplicabilidad de las leyes magnas.

En lo personal sostengo que no hay que abarcar tanto e ir tan de prisa. Dos o tres reformas que ya tienen un consenso amplio de la sociedad civil hubiese sido más razonable. Ahora hay propuestas en la mesa de alta volatilidad y controversia política que ya están contaminando el proyecto de reformas. Como la participación accionaria del Estado en proyectos de explotación de recursos naturales, y lo relativo a oficializar los idiomas mayas.

Otro error fue no haber empujado primero la reforma de Ley de Partidos Políticos. Es una ley fundamental para la institucionalización de los partidos políticos, transparentar el financiamiento de las campañas electorales, reducir el número de diputados, evitar el engaño a los electores acabando con el transfuguismo.

Pero una reforma con consenso a todo nivel es ampliar el mandato de los jueces, actualmente de cinco años. La propuesta ahora es que sean nueve años. Craso error. Deberíamos emular lo que otros países han hecho y “funciona”: Llevar a nivel “vitalicio”, es decir hasta el retiro, los cargos, pero poniendo claras salvaguardas para destituirlos en caso de justificado incumplimiento de deberes.

Ningún abogado prominente estará dispuesto a cerrar su bufete con un horizonte de servicio tan limitado. ¿Qué hace cuando finaliza su período? ¿Volver a comenzar de nuevo? Ridículo.

Para la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad se debe pensar en la carrera judicial como el logro de la más alta distinción. Es una coronación profesional a la cual nuestros mejores y más respetados juristas estarían de acuerdo en darle a su país pero con un horizonte vitalicio que justificase cerrar sus bufetes. De este pequeño núcleo -que no es grande porque no tenemos una fuente inacabable de juristas notables- se podría volver a retomar el Estado de Derecho y fortalecer como nunca antes el poder judicial.

Entonces y solo entonces no estaríamos reinventando la justicia cada cinco años, como acontece ahora con los peligrosos y perversos incentivos politiqueros existentes.

*Esta columna fue publicada originalmente en PrensaLibre.com.