El presidente Sebastián Piñera presentará su tercer mensaje este 21 de mayo, el que será la segunda cuenta pública de su gestión. En el ámbito económico, su mensaje inicial en 2010 no contemplaba varios de los ámbitos en los cuales se centrará ahora en materia económica. El más relevante será sin duda ratificar la importancia de los ajustes tributarios como fuente de financiamiento de los compromisos asumidos especialmente en educación, y probablemente se dará un valor social más relevante a la exigua recaudación asociada, sin entrar en los ejes fundamentales que están tras la propuesta. El erario fiscal se ve claramente perjudicado en el mediano plazo, porque restringe los recursos tributarios de forma cierta, y además el rendimiento fiscal del crecimiento también se debilita en la medida que los agentes asumirán conductas que se modificarán.

En término de los logros, se resaltará el crecimiento logrado en línea con el 6% anual planteado en el programa de gobierno, que se logra gracias al cambio de metodología del Banco Central que corrigió a 6,1% el crecimiento de 2010, cuando la medición previa anotaba un 5,2%, y luego en 2011 el cómputo del Central es de 6%, y en este resultado incide la normalización de la producción luego del terremoto que arrojó un resultado de crecimiento de casi 8% en el primer semestre. 

Algo similar ocurre en el empleo, cuando aparece un año 2010 con 400.000 empleos creados, pero que se computan luego de la destrucción de 300.000 empleos que provocó el terremoto y tsunami, y luego en el 2011, marcado por la reconstrucción y normalización de la producción se crean 187.000 empleos.

El terremoto ha sido un evento que ha subsidiado significativamente los resultados estadísticos, que aparecen muy desalineados con lo que percibe la ciudadanía. Un dinamismo tan fuerte en el empleo se habría manifestado con fuerza en incrementos de remuneraciones, lo cual no ha ocurrido, y en materia de empleo se ha señalado estar en el umbral del pleno empleo, cuando la fuerza de trabajo no presentaba fuertes reacciones al crecimiento evidenciado en las estadísticas laborales. 

Sin embargo, la reforma tributaria ha dejado en evidencia el bajo nivel promedio de las remuneraciones, y los indicadores del INE muestran que su crecimiento está por debajo de los aumentos de la productividad media y de la inflación. De allí que la ciudadanía no se haga partícipe de la visión exitista que profesa el Ejecutivo.

En materia de regulación, se inició por parte del Ministerio de Economía la revisión de la tasa de interés máxima convencional, con la clara intención de reducirla, pero la iniciativa se diluyó y las pymes que se ilusionaban con reducir sus costos financieros seguirán a la espera. La agenda competitiva será reseñada como de sustantivo avance, pero lo más sentido por los productores de menor tamaño aún no se ha abordado con profundidad.

En materia de ingreso ético, el producto ya está delineado y su forma final es el de un programa de subsidios condicionados, y en el centro del accionar no está la real posibilidad de acceder a compensaciones laborales más equitativas, y tampoco a iniciativas de capacitación o de subsidios condicionados a la contratación. Se mantiene y refuerza la línea de beneficio asistencial y focalizado. Tampoco se innova en la línea base del ingreso ético que se mantiene en los $250.000 (cerca de US$500) fijados en la discusión de más de dos años atrás, con una inflación acumulada que supera el 8%.

La inflación sigue siendo explicada básicamente por la política de transmisión plena de las fluctuaciones de precio del petróleo crudo y de los combustibles en el mercado internacional, sin que se aplique ningún tipo de estabilización de precios, aunque sea evidente la presión especulativa de corto plazo en dichos precios. El modelo de regulación también es fuente inflacionaria, toda vez que asegura reajustes reales por mecanismos de indexación y ajustes tarifarios regulares prácticamente a toda la gama de servicios de utilidad pública, que afectan de manera significativa la canasta de consumo de todos los grupos socioeconómicos.

Finalmente, debiera resaltarse la defensa del consumidor que ha asumido el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), con una actitud y acciones más agresivas que las administraciones anteriores, y que sigue dando muestras de estar más atento a poner en la palestra pública conductas de abuso con los consumidores, especialmente por parte del comercio. El caso de La Polar detona precisamente por una acción originada en este servicio público.