Cámaras, luces, show, cortinas de humo, manejo torpe -y una prisa incomprensible, sin sentido- son los comentarios que la acelerada extradición del ex presidente Portillo está suscitando en redes sociales y en los medios de comunicación. Y yo agregaría, con esa incapacidad cada vez más evidente de las falencias de nuestro sistema de justicia para darle cumplimiento al debido proceso y el respeto al estado de Derecho. 

Fui un crítico de la administración de Alfonso Portillo a lo largo de su gestión, como lo comprueban las incontables columnas que escribí durante esos años. Pero la ley es la ley, y si ese Ministerio Público y todas las instancias posteriores fueron incapaces de comprobarle las acusaciones que pesaban sobre él y terminan declarándolo inocente, el manejo del caso deja un sabor amargo de que, en efecto, el sistema de justicia de nuestro país ha sido cooptado por esa facción internacionalista, cuya influencia la obtiene de haber establecido cabezas de playa en el Ministerio Público, la Cámara Penal y está a un voto de controlar la Corte de Constitucionalidad.

La extradición de Portillo está permeada del mismo rasgo distintivo que ejerció la jueza Yassmin Barrios para apresurar la simbólica sentencia que su grupo necesitaba para consolidar su imagen mundial, a pesar de las incuestionables consecuencias que tiene para nuestro país. Y el que lo haya hecho a costa de su propia inmolación al irrespetar una orden de una sala de superior jerarquía, hecho que es penado por la ley, habla alto y claro de esa influencia. Y ha sido de tal magnitud que ahora 61 jueces se han inhibido porque no quieren tomar semejante “camote”...

Hay manejos absurdos que nadie se explica en la extradición del expresidente Portillo: 1. No se le respeta el habeas corpus interpuesto por sus abogados el 21 de mayo ante la Sala Primera. 2. Aparentan “trasladarlo” en una ambulancia, a pesar de que esta -extrañamente- siguió a la caravana, vacía. 3. Se le extradita en un viernes, a sabiendas de que el lunes es feriado en Estados Unidos. No un lunes, con la serenidad y el respeto al debido proceso y al protocolo de manejo para estos casos.

El cuadro grande de todo esto es que hay interferencia en el sistema de justicia guatemalteco. Fue la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) quien interviene en la demanda del ex presidente Portillo en Nueva York. Es la Cicig la que publica una lista de “jueces de la impunidad”. Entre ellos, Julio Gerónimo Xitumul, Irma Leticia Valenzuela, Patricia Anabella Veras y Coralia Carmina, “señalados de emitir resoluciones que favorecen a actores del poder políticos…”. Hasta la fecha no ha podido comprobar uno solo de los señalamientos. Pero el daño y la reputación de los jueces está hecho.

Los hermanos Paiz Valdez llevan dos años en prisión por el caso Rosenberg sin ser juzgados. La Cicig ha interpuesto por lo menos 18 recursos, aplazamientos y recusaciones para impedir la apertura a juicio. Los acusados han declarado que estas acciones dilatorias violan sus derechos humanos, el debido proceso y su derecho a ser oídos en un juicio justo.

En el Organismo Judicial existen jueces probos que respetan la justicia antes que a la política y las presiones de carácter interno y externo, así como la santidad del debido proceso y el imperio del derecho. Vaya para ellos nuestro reconocimiento y admiración como ciudadanos que anhelamos vivir bajo la ley.

La mayoría de guatemaltecos anhelamos la paz y la conciliación, condiciones ambas absolutamente esenciales para convivir sin polarizaciones para heredarles un país unido a nuestros hijos.

Sigue siendo verdad lo dicho por Mahatma Gandhi: “No hay camino para la paz, la paz es el camino”.

*Esta columna fue publicada originalmente en PrensaLibre.com.