Del 5 al 7 de octubre pasado tuvo lugar en Santo Domingo (República Dominicana) el V Foro de Competitividad de las Américas, organizado bajo el liderazgo del Consejo Nacional de Competitividad de dicho país, con la colaboración de entidades multilaterales como OEA, BID y la Unión Europea. La consideración de este evento tiene interés por algunos de logros obtenidos en el mismo. Pero también porque brinda ocasión para reflexionar sobre un tema de la mayor importancia para el conjunto de los habitantes de América Latina y el Caribe.

Respecto a los alcances del Foro destaca en primer lugar el hecho de que la convocatoria se hizo bajo el lema de “Comprometidos con la educación para competir”, lo que pone el acento en un tema de primera importancia. Sin embargo, resulta llamativo el encuadre de relación entre educación y competitividad, ya que así planteado sugiere un cierto abordaje instrumental de la actividad educativa en el sentido de la formación de competencias laborales.

Siendo esta una necesidad de la mayor importancia en nuestra región, no debería perderse de vista, sin embargo, que para una adecuada competitividad se requiere bastante más que un enfoque instrumental como el que presuponemos en esta formulación. Esto último se confirma por el hecho de que la sesión de dicho Foro específicamente dedicada a educación se la denominó “Las escuelas del Siglo XXI: Innovación para la competitividad”, y contó con la participación de ministros de educación y representantes de fundaciones promotoras de la educación. Muy significativamente, a pesar de vincular la educación con competitividad e innovación, no se tuvo la presencia de representantes de instituciones de educación superior, a pesar de que estas forman personal altamente calificado cómo el requerido actualmente para la competitividad, y que desarrollan trabajos de investigación que son precursores imprescindibles de la prácticas de innovación por parte de los empresarios.

Esto se relaciona con un segundo aspecto relevante que resultó de este V Foro, cómo es el hecho de que en esta edición se logró por primera ves, el acuerdo de 34 gobiernos de la región, representados por ministros de Finanzas o Economía, operando a través de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC), sobre los términos programáticos que se comprometen a impulsar para el desarrollo de la competitividad. Esto se tradujo en un documento denominado “Consenso de Santo Domingo”, en el que se definen diez  puntos de una Agenda de Competitividad 2020 para las Américas.

Dentro de ello, seleccionamos dos de dichos puntos que nos parecen relevantes para lo que estamos comentando. Uno, en el que se postula la necesidad de “promover una educación pertinente, oportuna y de alta calidad, como elemento clave para promover la competitividad, valores y actitudes adecuados y el desarrollo de los países”. De otra parte, el punto seis donde se señala como objetivo “el posicionar a la innovación y el emprendedurismo de alto impacto como factor determinante para la competitividad  través de inversión público-privada para la investigación y desarrollo en interacción con la academia, junto con políticas y estrategias para la innovación”.

La consideración conjunta de estos dos puntos reafirma lo señalado más arriba en cuanto a la necesidad de incluir a las universidades en estas deliberaciones, particularmente las de carácter público que son las que generalmente realizan actividades de investigación. Es de desear que en futuras emisiones, los organizadores atiendan a esta necesidad ampliando el circulo de actores relevantes para la reflexión sobre la competitividad, incluyendo a las universidades de América Latina y el Caribe, cuyo trabajo resulta decisivo para generar factores endógenos de competitividad, cómo son la señalada formación de recursos humanos de alto nivel y el desarrollo de la investigación de frontera.

Otro aspecto que resalta de este Consenso de Santo Domingo es que si bien los puntos presentados sugieren un cierto diagnóstico implícito sobre los fenómenos a atacar para lograr  en el año 2020 una mejoría sustancial de la competitividad en la región, destaca la ausencia de documentos de diagnóstico que soporten la racionalidad de los puntos presentados, así como de las relaciones entre los mismos. Esto crea la duda de que este tipo de documentos puedan llevar a acciones concretas en tanto no se percibe una hoja de ruta mediante la cual se explique la articulación de estos puntos en el tiempo, y los indicadores de desempeño con qué evaluarlos.

Para cubrir este vacío existe gran cantidad de reflexiones desarrolladas por organismos multilaterales cómo por instituciones, las que podrían nutrir de contenido a esta agenda, calibrando la situación actual y las metas deseables a lograr a fines de la década. Por ejemplo, el documento “La hora de la igualdad”, publicado en el 2010 por Cepal, donde se enfatiza el problema de la heterogeneidad estructural y las brechas de productividad entre sectores económico en los países de la región, lo que los lleva a proponer políticas que conduzcan a la integración de las estructuras productivas en la región, para crear con ello condiciones estructurales de competitividad.

En otra perspectiva de análisis, “The global competitiveness report 2011-2012” del Foro Económico Mundial, propone una visión estratégica desde la definición de competitividad cómo “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan a productividad de un país”. En este estudio se argumenta sobre el desafío de lograr dicha competitividad mediante un desarrollo sostenible definido como aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de la generaciones futura para resolver sus propias necesidades”. Esta aproximación enfatiza la importancia de la sostenibilidad del desarrollo con base en competitividad, como un desafío central de cualquier estrategia. Muchos otros trabajos podrían presentarse en la dirección de apoyar analíticamente la formulación de estrategias y políticas para la competitividad. Pero para que todo ello pueda articularse de manera operativa hace falta una voluntad política consistente por parte de los países y una vía institucional para que ello pueda operarse. Este es un acierto potencial del Consenso de Santo Domingo, ya que en el punto dos del mismo se establece la necesidad de “establecer instituciones responsables de promover la competitividad con la inclusión del sector privado y otros actores relevantes (las universidades, señalamos nosotros) … para atender los temas de competitividad de corto y largo plazo.

Este punto es la pieza clave para lograr que todos los demás del Consenso vayan  más allá de una simple declaración de buenas intensiones. Y para que esto ocurra sería necesario una intensa campaña que movilice a los actores de la sociedad civil directa o indirectamente relacionados con la promoción del desarrollo y la mejoría de la calidad de vida de las poblaciones en la región.