Gremio asegura que la actividad minera podría atraer más inversiones al país con nuevos proyectos, pero lamenta la falta de seguridad jurídica.
Existe preocupación en el sector minero ecuatoriano por las ajustadas proyecciones de crecimiento de la economía del país y que se deberían en gran parte al fin de la producción petrolera del Bloque-43 ITT, tras la consulta popular, y los efectos del fenómeno de El Niño. Esto, según un análisis realizado por La Cámara de Minería de Ecuador, que basa su incertidumbre en la última actualización del Banco Central que prevé que el país crecerá el 1,5% y apenas el 0,8% en 2024.
Bajo este contexto, el gremio indica que la minería esta llamada a ser la actividad que revierta la situación con la atracción de más inversiones al país, sin embargo lamentan que el sector enfrenta actualmente crecientes riesgos políticos, jurídicos y sociales que obstaculizan su desempeño, por lo que solicitan garantías de estabilidad y seguridad jurídica para seguir operando.
Entre 2018 y 2022, los ingresos por exportación de minerales se multiplicaron por diez; en 2022, se registraron US$ 2.775 millones, según el Banco Central, con un crecimiento de 32,64% frente a lo registrado en el mismo periodo de 2021; estando sólo por detrás del petróleo, camarón y banano.
En términos de empleo, hasta el primer trimestre de 2023, la minería generó 46.028 empleos directos y 126.085 indirectos. Así también, según cifras del Ministerio de Energía y Minas, entre enero a mayo de 2023 se ha recaudad US$ 465 millones en impuestos sectoriales y generales, por concepto de patentes de conservación, regalías, utilidades, impuesto a la renta, IVA, más, afirma la cámara, que destaca que ese crecimiento fue generado por las dos minas a gran escala que operan en el país.
“A futuro la proyección es que más proyectos empiecen a operar... Se calcula que para 2029 las exportaciones mineras alcancen un total de US$ 9.217 con la entrada de estos nuevos proyectos”, calcula la Cámara. Sin embargo, actualmente hay más de 176 proyectos de todos los sectores, entre ellos el minero, que están paralizados debido a la admisión a trámite de la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 754, que no les permiten avanzar en la obtención de las Licencias Ambientales; en este grupo se incluyen hospitales, plantas de tratamientos de agua, proyectos de transmisión de energía, camaroneras, haciendas turísticas y más; que contemplaban más de US$ 2.000 millones en inversiones.
“La oposición minera ha llegado a impactar no sólo a la industria contra la cual lucha, sino también a otros sectores productivos”, lamentó el gremio.
Específicamente en el sector minero, los proyectos Curipamba en Bolívar y La Plata en Cotopaxi están paralizados debido a la falta de licencias ambientales. En el caso del proyecto Loma Larga en Azuay, la decisión de la Corte Provincial de Justicia del Azuay quedó suspendido hasta aplicar la Consulta Previa, y posteriormente la Consulta Ambiental. Sólo estos tres proyectos suman cerca de US$ 1.000 millones de inversión.
Minería ilegal: están identificados campamentos en 17 de las 24 provincias
A esto se suma el impacto de la minería ilegal. Según la Cámara, en base a cifras de Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el avance de la minería ilegal es alarmante, ya que se han identificado campamentos en 17 de las 24 provincias del país.
En conclusión, la Cámara de Minería asegura que “el futuro del país no puede estar condicionado a consultas populares y decisiones judiciales impulsadas por ciertos sectores que no representan a la totalidad de la población, y menos aún a las zonas que más necesitan esos ingresos”.
Apuntan que varias de estas decisiones ocurren años o décadas después de que las empresas ya establecieron sus operaciones de exploración lo que representa millonarias inversiones, provoca que los inversionistas perciban un alto riesgo para aterrizar su capital, y prefieran irse. Debido a esto, el país enfrenta algunos arbitrajes internacionales; en caso de resolverse desfavorablemente para el Estado, el país debe pagar indemnizaciones millonarias, advierten.
“La prohibición de las actividades mineras legales y formales no acabará con la explotación de los recursos, al contrario, aumentan la amenaza del avance de la minería ilegal y los delitos conexos como el tráfico de personas y de especies, la tala ilegal, el narcotráfico, la contaminación de los suelos y el agua, entre otros”, señala el gremio.
