La actividad pesquera ha atravesado de manera recurrente por episodios críticos, marcados por debates legislativos y protestas sociales en las ciudades del borde costero de Chile.

La pesquería de la zona norte se derrumbó hace ya varios años, cuando la mayor parte de la extracción tenía como destino la molienda a gran escala para exportar harina de pescado. La flota pesquera migró y se concentró en las costas de la zona sur, es decir, prácticamente desde desembocadura del Maule hacia la zona austral, y desde hace ya varios años la extracción atraviesa por una crisis aguda de sustentabilidad.

Las cuotas no son un fenómeno nuevo, porque este sector ha estado afecto a regulación desde hace varias décadas. La novedad es que en los últimos años no se ha logrado extraer las cuotas establecidas, confirmación de la débil regulación para muchos, con el consiguiente resultado de agotamiento, y autorregulación para cautelar la biomasa según unos pocos que están involucrados en la explotación del recurso. La capacidad fiscalizadora es de difícil ejercicio cuando no se dispone de recursos para estar presente en los desembarcos, y menos aún para monitorear a la pesca industrial.

El proceso tiene dos caras: la técnica que debiera centrarse en la fijación de cuotas que aseguren efectivamente la sustentabilidad de la biomasa, y la política que asegure un acceso socialmente aceptable a la explotación del recurso. Sin duda que este último aspecto es el que más ha resaltado en la prensa, cuando se ha realizado un intenso lobby para renovar las licencias existentes, perpetuando en las mismas manos los derechos de acceso al recurso. Los pequeños pescadores son los que están protestando en las calles porque sienten que son ignorados por el Estado que sólo piensa en la explotación industrial.

El problema de fondo radica en la asignación de licencias a perpetuidad o bien con tiempo límite y nuevo proceso de licitación. El Estado debe cautelar una explotación sustentable, pero además debe asegurar la aplicación de las mejores prácticas, y en el caso de que sea evidente la mala práctica, la sanción debe ser la salida del productor irresponsable. Se trata de dar acceso a privados a la explotación del recurso, lo que no significa privatizar o transferir la propiedad del recurso.

En el caso de la acuicultura, ha quedado en evidencia en un bastante breve plazo que la autorregulación no es viable en este sector, y que las malas prácticas tienen impactos serios en el medioambiente oceanográfico que ha diezmado fuertemente a la industria chilena del salmón. El Estado ha revisado su política, y las concesiones ya no son a perpetuidad, y el propio sector clama por una fiscalización seria y efectiva para otorgarle más sustentabilidad a la industria.

En el contexto internacional, ya existe certificación de la explotación sustentable de las pesquerías y de los centros de cultivo, pero las empresas chilenas aún no participan de estosprocesos. Tal vez, el Estado debiera exigir como condición para el otorgamiento y mantención de las licencias, la certificación internacional más exigente, para aproximarnos así a una práctica sustentable de la extracción y producción de centros de cultivo.

Mal que mal, son 4.000 kilómetros de costa, pero aún así el pescado es un producto de alto precio para gran parte de los hogares chilenos, y al parecer cada vez será más dificultoso su consumo en el mercado local.