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Salarios mínimos diferenciados en Colombia: ¿una buena propuesta?
Mié, 23/10/2013 - 11:20

Jhon James Mora

¿Igualdad salarial entre hombres y mujeres en Santiago de Cali?
Jhon James Mora

Jhon James Mora es Doctor en Economía, Jefe del Departamento de Economía de la Universidad Icesi (Colombia). Director de la Mesa de Empleo del Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca y Asesor del Ministro de Trabajo de Colombia.

La propuesta de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) no es nueva. Desde hace varios años Planeación Nacional ha venido discutiendo la idea de que en Colombia existan salarios diferenciados por departamento (estructura territorial del país) y ahora se incorpora la noción del aspirante a la discusión.

El salario mínimo se instauró en Colombia a partir de la Ley 6 de 1945, que se hizo efectiva a partir del Decreto 3871 de 1949 y cuyo valor fue de dos pesos diarios. Los decretos 236 de 1963, 240 de 1963, 577 de 1972 establecieron en su momento salarios por departamentos, tamaño de empresa, sector (manufactura, comercio, servicios, transporte, construcción, agrícola) y menores de 16 años.  Por su parte el Decreto 3506 de 1983 unifica los salarios justificándose con la eliminación de una “injusta discriminación” en perjuicio de los trabajadores del sector rural.

A nivel mundial, tampoco la propuesta es nueva. Costa Rica, por ejemplo, tiene salarios mínimos, sectoriales y ocupacionales; Chile tiene salario mínimo diferenciado para menores de 18 años, y para trabajadores con edad que fluctúa entre 18 y 65 años, mientras Francia tiene salario mínimo para aprendices y menores de 17 años. En Luxemburgo, los trabajadores entre 15 y 16 años tienen derecho al 75% del salario mínimo, mientras que los trabajadores entre los 17 y 18 años al 80% (Arango, Herrera y Posada 2007).

El precedente del decreto de 1983, en el cual se unificaron los salarios mínimos en Colombia, es sin duda una barrera difícil de superar, porque focaliza la discusión en el tema de la discriminación y las implicaciones que ello conlleva en una sociedad. Por ejemplo, 73% de los países desarrollados que tienen salario mínimo establecieron salarios diferenciados por edad o experiencia, mientras que el 6% de los países en vías de desarrollo establecieron salarios mínimos diferenciados por edad o experiencia. ¿Discriminan entonces más los países desarrollados que los países en vías de desarrollo?

Ahora bien ¿cuál es el comportamiento de nuestro mercado laboral para que éstas propuestas salgan a la luz pública? Claramente, una tasa de informalidad cercana al 50% y que se ha mantenido a ese nivel por más de diez años. Una gran desequilibrio laboral entre hombres y mujeres que lleva no sólo a que ellas tengan una tasa de desempleo de casi 10 puntos porcentuales por encima de la de los hombres, sino que además ganan menos y, cuando se trata de jóvenes con edades entre 17 y 25 años, a su vez experimentan las mayores tasas de desempleo.

Con respecto a los jóvenes colombianos, la población más susceptible de ser cobijada con la propuesta, se puede observar cómo durante el segundo trimestre de 2013 y en la área metropolitana, la tasa de desempleo fue de 21,6%, es decir, 10 puntos porcentuales por encima de la tasa de desempleo de esa misma área (11,2%). Es Cali la ciudad con mayor tasa de desempleo específica (32,9%) y Manizales la de menor tasa (14,4%). A su vez, 57,78% de los jóvenes que estaban ocupados, en ese mismo periodo, ganó hasta un salario mínimo más la inflación, y de ésos, en Cali el porcentaje fue de 65%.

En definitiva, nuestro mercado laboral es muy complejo y requiere de acciones que permitan generar más y mejores empleos. Y, aunque no debe desestimarse rápidamente la propuesta de Asofondos, ya que en teoría podría aumentar los niveles de formalización laboral -aunque la experiencia colombiana ha mostrado que no siempre los empresarios responden con mayor contratación a los incentivos que el gobierno establece, como en el caso de la eliminación del recargo nocturno o ley 789 de 2002 y la Ley  1429 o de Primer Empleo del 2010-, es claro que se hacen necesarios más instrumentos de política para mejorar el emparejamiento entre la oferta y la demanda laboral.

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