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¿Deuda u oportunidad?
Mié, 30/10/2013 - 15:40

John Edmunds

Lo que Argentina puede aprender de sus vecinos
John Edmunds

Doctor en Administración de Empresas de la Universidad de Harvard, profesor de Finanzas de Babson College en Boston y coautor de Wealth by Association.

En pocos años varios países latinoamericanos han experimentado una rápida expansión de los préstamos estudiantiles. Esta expansión provino del aumento del número de estudiantes y el surgimiento de nuevas universidades. Los sistemas financieros nacionales fueron capaces de ofrecer los préstamos, y ahora el debate se centra en el peso de la deuda y sus implicancias.

Cuando una gran proporción de la población se apalanca, es normal que surjan problemas y controversias. La masificación de la educación superior plantea un desafío a las personas mayores que se sentían cómodas con el statu quo ante.

La rápida expansión de los préstamos estudiantiles plantea un desafío a un nivel visceral. Están profundamente arraigados en nuestras estructuras subcorticales la aversión al endeudamiento y un prejuicio hacia las personas que deben dinero. Esa fobia primigenia ha dejado, en muchos países, una actitud excesivamente punitiva respecto a las deudas personales. Es un lugar común oír comentarios despectivos sobre las personas que han contraído deudas de manera irreflexiva, y muchos cometen el nocivo error de asimilar la deuda estudiantil con la deuda de consumo. Estos dos tipos de deuda no son lo mismo y deben ser tratados de manera diferente. 

Los estudiantes contraen deudas para robustecer su formación. Al recibir esta formación, se producen dos tipos de ganancia. Uno es un mayor poder adquisitivo futuro, y un pensamiento más robusto sobre una amplia gama de temas. El segundo es la ganancia que obtiene toda la sociedad al tener una persona más productiva y sofisticada participando y contribuyendo. 

Los estudiantes sólo pueden capturar la primera ganancia; la segunda es una externalidad. La ganancia externa es la base racional para subsidiar la educación. Las preguntas pertinentes son cuánto subsidiar y cómo financiar el costo de los subsidios. Son decisiones que cada país debe tomar, y el proceso decisional puede ser largo y dificultoso, pero ya está ocurriendo y están surgiendo algunas respuestas.

Un lamentable efecto secundario de este proceso es que los estudiantes están enfrentando un dilema que no debieran tener en el momento de decidir si postulan o no a la universidad. Lo ideal sería que tuviesen la certeza de contar con el financiamiento y la capacidad futura de pagar.

Estos estudiantes debieran ser buenos clientes potenciales de las instituciones financieras. Considerando sus mayores horizontes de ingresos, son, en conjunto, mejores clientes potenciales para los servicios financieros que una cohorte sin educación universitaria. Esta afirmación asume, por cierto, que habrá empleos que paguen salarios lo suficientemente altos para pagar las deudas contraídas. Asume también que las tasas de interés de los préstamos estudiantiles, y los calendarios de pago, estarán también dentro del rango adecuado para no recargar excesivamente a los estudiantes.

Las instituciones financieras privadas tienen un papel que desempeñar, pero hasta ahora la división de papeles entre las instituciones privadas y las agencias estatales ha sido ad hoc, improvisada y en muchos aspectos insatisfactoria. Las instituciones financieras privadas quisieran escoger con pinzas su pool de deudores, ofreciéndose para trabajar con los que tienen una mayor probabilidad de ser clientes rentables de por vida. También quisieran deshacerse de los deudores que no parecen demasiado promisorios.

Esta división de la clientela pone el tema de los préstamos estudiantiles en perspectiva. Chile, por ejemplo, enfrentará una carga del orden de los US$5.000 millones en 2016. La cifra podrá parecer sobrecogedora, pero sólo una fracción será pagada por la sociedad. Casi 60% de la cifra global puede ser cancelada en términos comerciales normales, sin subsidio, pero con refinanciamiento y extensiones de plazo puntuales. Del 40% restante, una fracción puede ser cancelada con algún nivel de quita. Ver el problema en estos términos muestra que no se trata de algo inmenso, pero sí un desafío. ¿Cuánto rigor impondrá Chile a los deudores más problemáticos? En los próximos meses y años lo sabremos.

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