En el último tiempo se han realizado una serie de estudios y debates públicos sobre la competencia desleal a nivel mundial. El análisis del tema realizado por Internacional Data Corporation (IDC) y Business Software Alliance (BSA) confirmaron que las pérdidas en esta área en Chile, durante el 2010 alcanzaron los US$349 millones, lo que nos ubica entre las cinco naciones de Latinoamérica que registran mayores disminuciones de recursos a causa de la piratería de software, junto a Argentina y Venezuela.

En América Latina, las cifras promedio tienen una considerable diferencia con los países integrantes de la OCDE, y Chile tiene el peor indicador: 62%. De acuerdo al último informe publicado por la Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, nuestro país se mantiene en la lista roja de piratería.

Los países más competitivos han entendido la relación entre propiedad intelectual, innovación, eficiencia y nuevas oportunidades. No son culturalmente mejores que nosotros, pero las penas se cumplen de manera efectiva, porque hay un temor real a la piratería, y al mismo tiempo grandes incentivos para innovar a través de la protección que brinda la propiedad intelectual.

En Estados Unidos sólo en el sector manufacturero, han perdido más de 2 millones de empleos, entre los años 2001 y 2008. Sin embargo, en noviembre del año pasado los estados de Washington y Louisiana, adoptaron el “Unfair Competition Act” (UCA), cuya legislación se fundamenta en que un negocio que utiliza software o hardware ilegal incurrirá en un acto de competencia desleal cuando su producto sea vendido en esos estados, en competencia con un producto fabricado con TI  legal, pues reduce deslealmente sus costos de producción.

Esperemos que este 2012 la propiedad intelectual, la innovación y la tecnología sean parte del discurso público y se conviertan en parte de la agenda política nacional.

Si bien la nueva legislación en Chile endureció aún más las penas relacionadas con la piratería, no ha sido suficiente. Comercializar piratería o usarla no conlleva una pena efectiva privativa de libertad y muchas veces no se comprende cuál es el daño que se comete. Además urge modificar la obsoleta ley de delitos informáticos que regula la materia.

Esperemos que este 2012 la propiedad intelectual, la innovación y la tecnología sean parte del discurso público y se conviertan en parte de la agenda política nacional.