En medio de una crisis política nacional originada en los acontecimientos conmovedores de Iguala, hace unos días el gobernador del Banco de México compareció ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para analizar el impacto de la reforma financiera en el sistema de pagos (que conforman cheques, tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas, etcétera). El encuentro no trascendió, como era de esperarse, pues se trató de un “día de campo más” para el poderoso Dr. Cartens, al que fue invitado alegremente, sospecho, para cubrir formalidades fatuas y luego tomarse, sin pena ni gloria, la foto del recuerdo.
En los 20 años que el Banco Central tiene de ser constitucionalmente autónomo, su relación difusa con el Congreso se ha cultivado muy astutamente para que nada pase entre ambos, que todo esté claro, que todo se vea bien y que sigamos como estamos. Obviamente que la importancia de la política monetaria, y todo lo que ella implica, ameritan que el Congreso se avoque urgentemente a constituir en ambas cámaras una “comisión de banca central y política monetaria” para ser por fin un respetable y maduro interlocutor del Banco Central. Es francamente anacrónico y ridículo que el poder legislativo federal hoy todavía pretenda revisar, entender y evaluar lo que hace y no hace la junta del gobierno de nuestro Banco Central sólo con una comisión como la de Hacienda, muy relevante sin duda alguna, pero inadecuada para adentrarse responsablemente en el espeso entramado de los problemas monetarios y financieros que maneja y resuelve autónomamente dicho banco.
¿De verdad creen o entienden en San Lázaro o en Reforma 135 que la estabilidad monetaria y cambiaria, el buen desempeño del sistema financiero y un sistema de pagos eficiente, que son los tres objetivos cruciales del Banco de México, pueden analizarse y evaluarse sistemática y seriamente sin una comisión ad-hoc, sin una comisión ordinaria como la referida y propuesta aquí, la cual reflejaría –de concretarse- una modernización atinada del poder legislativo de sus ahora relaciones institucionales desniveladas con la altiva tecnocracia de 5 de Mayo 2?
Si los 500 diputados y los 128 senadores hoy no ven este asunto así, qué bien, pues ya es hora de rectificar, de poner en consenso a todos los grupos parlamentarios para los iniciar los estudios legislativos del caso que permitan superar esta situación riesgosa para la nación. Una tarea básica, de entrada, sería examinar minuciosamente la ley vigente del Banco Central de cara tanto a las amargas experiencias del pasado (1994-1995), como a las nuevas realidades que se han ido perfilando con la nueva inserción de México en un mundo financiero global más complejo e inestable. Esta ley vigente requiere ahora enmiendas para fortalecer al Banco Central, pero para darle también a la sociedad, y al Congreso mismo, instrumentos accesibles que hagan efectiva y creíble la rendición de cuentas de los banqueros centrales, muy inclinados -en todas partes- a la opacidad y a emitir juicios y tomar decisiones presuntamente incontrovertibles.
Si hoy se acepta dejar las cosas como están ahora, el aletargamiento institucional del legislativo nos saldrá a los mexicanos muy caro, tarde o temprano. No hay nada ni nadie que garantice que en el futuro no se vuelva a dar un sismo financiero como el de 1994, el “error de diciembre”, como se le conoce, donde la omisión y permisividad del Congreso -dominado por el PRI-, frente al ex gobernador Mancera Aguayo y el ex secretario de Hacienda Serra Puche, fueron frívolas y atroces al mismo tiempo. Todavía hay polvo, mucho polvo, de aquellos lodos. Se pagan aún los elevados costos que implicó el controvertido rescate fiscal de una banca nacional que terminó extranjerizándose en su mayor parte.
La autonomía del Banco de México es y será retórica vana si no hay una genuina rendición de cuentas ante el Congreso. Y eso supone tener, cuando menos, una sólida “comisión de banca central y política monetaria” que le de un seguimiento fino y sistemático a los resultados comprobables y posibles de las decisiones de la junta de gobierno del instituto central. Es innegable, vale subrayar, que se ha avanzado mucho en darle transparencia al diseño y aplicación de las estrategias monetarias, explicable por que desde 1996 a la fecha no ha habido turbulencias financieras desastrosas, repito, como las de 1994-1995.
El artículo 52 de la ley del Banco de México señala que “Cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión podrá citar al Gobernador del Banco para que rinda informes sobre las políticas y actividades de la Institución”. Pero, ¿será sensato, eficiente y responsable seguir llevando al banquero central mayor a “rendir cuentas” sin contar con un reputada posición parlamentaria que refleje conocimiento solvente y oportuno de lo que éste hace, cómo lo hace, para quién y con qué resultados? El numeral XIII del artículo 47 de la misma ley señala que este poderoso caballero deberá “Comparecer ante comisiones del Senado de la República cada año, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, a rendir un informe del cumplimiento del mandato”. No hay manera de creer tampoco en la efectividad de esta vaga disposición, muy a la medida de banqueros centrales y presidentes de la república que subrepticiamente quieran eludir responsabilidades en una eventual crisis cambiaria, por ejemplo, y quedarse, como en 1994-1995, en el grato reino de las autocomplacencias autocráticas.
La actual relación asimétrica entre el Congreso y el Banco Central es anacrónica e ineficiente para la nación y, por lo mismo, requiere ser revisada a fondo. Es una tarea inaplazable que nos permitirá poner ambas instituciones al día. Ya no es posible seguir cacareando la ley del Banxico como una sagrada pieza de museo. Hay que darle vigor, actualidad y convertirla en letra viva en ciertos aspectos que ya son ornamentales y opacos. Y no es aceptable ni recatado que el Congreso siga manteniendo relaciones institucionales vacuas y cortesanas con nuestros banqueros centrales.
