La recaptura del célebre "Chapo", la semana pasada, opacó la noticia de que en el 2016 se registró la tasa anual de inflación más baja de los últimos 45 años. El presidente Peña Nieto de inmediato hizo lo que tenía que hacer, celebrar el dato sobre esta inflación de 2,13% y hacer unas ligeras comparaciones intertemporales e internacionales para adornarse y, de pasadita, elogiar al banco central por el trabajo que hizo para alcanzar este resultado.

La noticia es buena, sin duda, pero hay que hacer matices y entrar en detalles, por que la opinión pública y cierto grupos y personas -presuntamente informados sobre estos temas- se muestran bastante incrédulos al respecto. Y hay razones para ello, comprensibles, por supuesto, pero hay que escarbar más en este tema para darle la debida dimensión a este dato monetario, tanto en el terreno social y en el de la política económica.

La medición de la inflación es necesaria y se tiene que hacer de modo permanente. El capitalismo funciona mejor con una tasa inflacionaria "baja y estable" y procurar estar en ella es pertinente y correcto. El ejercicio de medirla sistemáticamente debe ser riguroso, consensado y libre de toda sospecha. Pero aquí comienzan los problemas. Esta tarea es compleja en términos científicos, a la vez que puede ser torcida por los intereses del gran poder político, especialmente del poder Ejecutivo.

Maquillar las cifras incómodas de inflación fue y es una tentación (inocente e idiota) de muchos presidentes latinoamericanos en el siglo XX. En la época del presidente López Portillo (1976-1982), éste le pidió a "su" banquero central que bajara un poco el dato de inflación de cierto año. Sin escrúpulo alguno, Romero Kolbeck se dobló y publicó el dato oficial de inflación al gusto del presidente imperial. Pero la realidad se impuso a ese capricho presidencial: la inflación real fue inocultable, se fugaron capitales por la obvia y evidente sobrevaluación del peso y vino una catástrofe nacional de todos conocida.

Ese festejado dato inflacionario anual de 2,13% surge del índice nacional de precios al consumidor (INPC) con el que se mide oficialmente la inflación en México, labor que corre a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) desde 2011. Pero este INPC, como está diseñado actualmente, no es quizá el mejor índice de precios para medir la evolución del costo de la vida de las mayorías en un país marcado severamente por la desigualdad social y la pobreza masiva. Por lo mismo, la actual canasta de bienes y servicios del INPC (no confundir con la canasta básica) no es hoy la mejor herramienta para calcular acertadamente una inflación que marque la pauta para una nueva política salarial que rehabilite el poder adquisitivo de millones de trabajadores, la cual ha sido punitiva desde hace más de tres décadas para los asalariados de bajos ingresos y para un considerable contingentes de ciudadanos de ingresos fijos y semi fijos, donde destacan casi todos los jubilados.

La medición de la inflación tiene componente técnico-científico duro, pero en la medida que existan varias formas de hacer esta tarea, la decisión última de con qué instrumento hacerlo cae en el terreno social que, en última instancia, no es políticamente neutral. Son ingenuas y ridículas algunas críticas a los resultados que arroja la actual forma de medir la inflación, pues subrayan que son inverosímiles y amañadas. No hay tales cosas. El INPC actual, mejorado constantemente desde 1968 (cuando apareció en un forma moderna), es el mismo instrumento que sirvió para medir la inflación salvaje de 1987 y el mismo brote inflacionario de 1995. No se puede descalificar al instrumento cuando los datos inflacionarios registrados son bajos y ser complaciente con éste cuando son altos. Esto es infantilismo puro.

Pero la baja tasa de inflación actual no ha sido de gran cosa para mitigar la pobreza masiva y el bajo poder adquisitivo de vastos sectores de la población mexicana, como pregona la derecha (liberal y miope). Una baja y estable inflación es una condición necesaria, pero no suficiente, para mejorar el nivel de vida de los trabajadores de bajos ingresos y de las empobrecidas clases medias. Eso no lo se lo explicaron a Peña Nieto y los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) son más que elocuentes en ese sentido.

Y en un sector de la izquierda (refinada y confundida) hay un prejuicio absurdo contra la inflación baja y estable: solamente beneficia al capital financiero (sic). Metidos en una economía de mercado con cierta regulación e injerencia estatal, el sistema de precios es el mecanismo más importante (no único) para distribuir ingreso y riqueza, y éste funciona mejor con una inflación baja y estable. De ello hay muchas pruebas históricas en varios países.

¿Por dónde hay que comenzar a hacer la crítica de la medición actual de la inflación? Lo básico e inaplazable sería:

a) revisar a fondo el INPC como instrumento para medir la inflación oficial;

b) vincular esta medición con el seguimiento del costo de la vida de la mayoría de la población;

c) establecer un mecanismo automático que enlace la evolución de los salarios mínimos con el costo de la vida así estimado (reconociendo éstos como un derecho social en los términos de la vigente Constitución de 1917);

d) fijar por consenso político y social la canasta básica de bienes y servicios que deba adquirirse con los salarios mínimos.

Las tareas pendientes en este terreno son complejas y urgentes. Comencemos pronto a revertir las políticas de ingresos basadas en una medición sesgada e inútil de la inflación.