La organización de la Copa del Mundo de 1934 en la Italia de Mussolini y de los Juegos Olímpicos de 1936 por la Alemana de Hitler sirvieron a estos gobiernos para legitimar sus regímenes a nivel mundial. El deporte en general -y el fútbol en particular- es un fenómeno que integra a la sociedad, promueve valores y despierta gran interés en diferentes públicos. Diversos gobiernos a lo largo del siglo XX han sabido interpretar esta cuestión y aprovecharon para hacer un uso político del deporte y los eventos deportivos.

Argentina organizó la Copa del Mundo de 1978, evento con el que el gobierno militar buscó presentar a la opinión pública internacional que en el país no se producían violaciones a los derechos humanos, tal como se denunciaba en la época. El pueblo argentino festejó la obtención de un Mundial que tenía tras de sí un gasto de más US$500 millones y un recordado –y dudoso- 6 a 0 a Perú. Si bien se presentan muchas aristas para el análisis hay una que especialmente interesa destacar: el Mundial del 78 representa el inicio del “triángulo vicioso” que vincula a políticos, dirigentes de clubes y barrabravas en el fútbol argentino.

Con el objetivo de cuidar el normal desenvolvimiento de los ingresos y alrededores del estadio, el gobierno militar decidió “contratar” a un grupo de aficionados de los clubes donde se desarrollaban los partidos del torneo (hasta entonces no se conocía el término “barrabravas”). Esto derivó en la privatización del uso de la violencia mediante un comportamiento de estos hinchas contratados similar al de los grupos de tarea de la dictadura (Paradiso, 2010).

Con el paso del tiempo, la relación entre gobierno-barras afectó indefectiblemente el funcionamiento de los clubes y sus dirigencias, quienes se encontraron con un monstruo inmanejable con el cual se comenzaron a vincularse, conformando el mencionado tridente ofensivo. Hoy, la relación políticos-dirigentes-barras es de beneficio mutuo para todas las partes, aún cuando alguna de ellas quiera salirse.

El negocio y la política

El negocio de las barras es millonario: en los clubes más importantes del país, como Boca Juniors y River Plate, se estima que el manejo de los estacionamientos de automóviles puede generar de hasta 500 mil pesos mensuales (US$100 mil). Como se sabe, este es un negocio al que accedieron gracias a su relación con el poder –que no reconoce colores políticos- para quien trabajan como fuerza “de choque” y “de apriete”. En este sentido, hay varios casos emblemáticos.

Luis Barrionuevo, reconocido sindicalista y político del peronismo, luego de saberse derrotado en las elecciones para gobernador de la provincia de Catamarca en 2003 ordenó una masiva quema de urnas, la que estuvo a cargo de barras de club Chacarita Juniors, del cual Barrionuevo había sido presidente. Por otro lado, el acusado de ser el autor material del crimen de Mariano Ferreyra en 2012 –homicidio que involucra a las denominadas mafias sindicales- es miembro de la barrabrava de Defensa y Justicia. Los casos son innumerables y también se observan fuertes vínculos con el gobierno nacional, que parece no tomar en cuenta que cinco personas murieron este año relacionadas a hechos promovidos por barrabravas, y más de 40 en los últimos diez años.

En este escenario, los dirigentes están atrapados en un juego que los beneficia y los perjudica. Beneficio en tanto “aprovechan” la relación con los barras para arribar a nuevos espacios –algo que muy bien hizo Mauricio Macri, por ejemplo, hoy jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-, pero que los perjudica en la medida que se ven obligados a arreglar con estos grupos para mantener un relativo orden en sus clubes. Sin embargo, el sentido común indicaría que los dirigentes querrían librarse de esta situación, pero no se observa que hayan aunado fuerzas en esa dirección. No es casualidad que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Grondona, lleve 33 años en su cargo elegido por las dirigencias de los clubes asociados.

Recientemente, el presidente de Independiente de Avellaneda comenzó una cruzada para erradicar la violencia y los barrabravas de su club. Sin embargo, se encontró con un tibio apoyo de parte de sus pares y hoy ha quedado como una voz solitaria sin respaldo institucional. Además, debió sufrir que el jefe de la barra del club lo amenace frente a una cámara de televisión en vivo. Si, así de impune.

Lo que viene. Algunas preguntas.

La primera pregunta que puede hacer es retrospectiva: ¿qué medidas se implementaron para erradicar este “fenómeno”?. Se destacan dos: el derecho de admisión a partir del año 2000, mediante el cual los clubes entregan a la justicia una lista de las personas a las que prohíben el ingreso al estadio, y la prohibición hasta 2010 del ingreso de público visitante para partidos de las categorías inferiores a primera división. Esta última medida se implementó bajo el supuesto de que los problemas de violencia en los estadios tenían origen en el enfrentamiento entre barras de diferentes clubes, algo que si bien sucede dista de ser el principal eje del problema. La primera de las medidas, el derecho de admisión, en un contexto de fuerte vínculo entre barras y dirigentes deja poco margen de acción para los clubes. En resumen, puro maquillaje.

La segunda pregunta es hacia el futuro: ¿cómo se sale de esto? Verdaderamente el panorama es complejo y desalentador. Las culpas son cruzadas y no se observa interés, al menos de parte de las esferas gubernamentales, de erradicar a los barras. Se requiere de fuerte voluntad política para hacerlo, algo que parece demasiado lejano si se piensa en la alianza que el gobierno selló desde 2009 con Grondona a través del denominado “Fútbol para todos”, al que destinó este año nada menos que 1.200 millones de pesos (US$250 millones).

Cambiar este estado de cosas implicar tocar muchos intereses. El negocio de la violencia es un mercado que beneficia a unos pocos y perjudica a todos los que están fuera de él. Y somos esos que estamos fuera quienes sufrimos que todos los días pierda un poco más de vida nuestro querido fútbol.

*Esta columna fue publicada originalmente en el centro de estudios públicos Asuntos del Sur.