En las últimas dos décadas la tasa de pobreza en América Latina se redujo 17 puntos porcentuales (de 48,4% a 31,4% de la población), mientras que la de indigencia bajó 10,3 puntos (de 22,6% a 12,3%), por lo que ambos indicadores se sitúan en su nivel más bajo de los últimos 20 años, señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

De acuerdo con el informe del Panorama social de América Latina 2011 presentado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de Cepal, se estima que este año la tasa de pobreza caerá a 30,4 % de la población, mientras que la de indigencia subiría levemente a 12,8 %, debido a que el alza en los precios de los alimentos contrarrestaría el incremento previsto en los ingresos de los hogares.

Así, la región cerrará este ejercicio con 174 millones de habitantes en situación de pobreza, 73 millones de ellos en condiciones de pobreza extrema o indigencia. En 2010 se contabilizaron 177 millones de personas pobres, de los cuales 70 millones eran indigentes.

Según el organismo, la disminución de la pobreza se explica principalmente por un incremento de los ingresos laborales. Las transferencias públicas monetarias también contribuyeron, pero en menor grado.

“La pobreza y la desigualdad han seguido disminuyendo en la región, lo que es una buena noticia, especialmente en el contexto de crisis económica internacional. Sin embargo, estos logros están siendo amenazados por las enormes brechas que presenta la estructura productiva de la región, y por los mercados laborales que generan empleos de baja productividad, sin protección social”, dijo Alicia Bárcena.

Cinco países registraron disminuciones significativas en sus tasas de pobreza entre 2009 y 2010: Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y Colombia.

Honduras y México fueron los únicos países con incrementos relevantes en sus porcentajes de pobreza (1,7 y 1,5 puntos porcentuales, respectivamente). En el caso de México, la comparación se realizó con la medición de pobreza de 2008, por lo que la cifra no solo refleja la expansión de la economía mexicana en 2010 sino también la fuerte contracción del PIB per cápita en 2009.

El informe también destaca que la tendencia hacia la mejora distributiva en la región no se vio alterada después de la crisis económica. En el período 2008-2010, en México, Venezuela y Uruguay el índice de Gini cayó a un ritmo superior a 2 % anual y en El Salvador y Perú sobre 1 % por año.

Por otra parte, el gasto público, y en especial el gasto social, ha registrado un aumento significativo en las últimas dos décadas en la región, señala el Panorama social de América Latina 2011.

Entre los países con menor gasto por habitante (menos de US$300) se encuentran Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay. En este grupo la educación constituye la principal partida de gasto. En cambio en los países con gasto social per cápita superior a los US$1.000, como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Trinidad y Tabago y Uruguay, la seguridad y la asistencia social son las áreas de mayor importancia.

Como respuesta a la crisis económica internacional, los países optaron por expandir transitoriamente su gasto público en vez de contraerlo, como era lo tradicional. Aunque dicha expansión no siempre tuvo un énfasis social, igualmente permitió prevenir el aumento del desempleo y de la vulnerabilidad social.

El estudio de la Cepal también analiza en profundidad las brechas que persisten en el mundo del trabajo y de la protección social en América Latina.

La afiliación a la seguridad social, asociada al empleo formal, no es generalizada en la región: solo 4 de cada 10 trabajadores contribuyen a ella.

Los hogares con mayor cantidad de miembros, con jefatura femenina y de sectores rurales son los que tienen menor acceso a la protección contributiva en la región. Asimismo, en 12 de 17 países analizados las prestaciones de seguridad social y las pensiones benefician a menos de la mitad de las personas mayores.

Según el organismo, en el mediano y largo plazo, muchos países deberán volver a reformar sus esquemas de seguridad social para avanzar hacia sistemas de protección social con enfoque de derechos, basados en mecanismos contributivos y no contributivos de financiamiento y con pilares solidarios para la distribución de los recursos.

De lo contrario, habrá progresivas dificultades para financiar una protección social de carácter universal en sociedades cada vez más envejecidas y con menor proporción de fuerza de trabajo.

“Para mejorar sinérgicamente la convergencia productiva, la institucionalidad laboral y la protección social inclusiva en América Latina se requiere avanzar en pactos fiscales y en instancias de diálogo social”, remarcó Bárcena.