La Contraloría General de La República (CGR), gracias a una auditoría al periodo entre 2012 y 2015, develó la existencia de millonarios contratos entre Codelco y empresas relacionadas a familiares de altos ejectuvos por un total de US$783 millones.

Además de lo anterior, la CGR les cuestionó gastos en páginas electrónicas de entretención por más de CH$2.000 millones (casi US$3 millones), cuyos antecedentes ya fueron reportados al Ministerio Público.

Del mismo modo, CGR y la minera estatal se han enfrentado durante las últimas semanas por el pago de una indemnización de CH$511 millones (US$758.000) a un directivo que renunció por su cuenta, pero que recibió el dinero como fruto de una negociación colectiva.

En particular, el informe final de la entidad persecutora estableció además que estos contratos con firmas relacionadas se mantuvieron ocultos, ya que nunca fueron registrados en el software de gestión de la cuprifera estatal.

Según publicó El Mercurio, el tema fue tratado de forma reservada este miércoles por el contralor general Jorge Bermúdez ante la Comisión de Energía y Minería de ambas cámaras, donde se supo de la existencia de 32 casos, pese a que dichos conflictos habían sido informados en su minuto.

Por ello, Contraloría sostuvo en el documento que esta situación “distorsiona la información contenida en el mismo respecto de la cuantificación de los negocios celebrados por la Corporación con personas relacionadas, y eventualmente, puede conllevar a que no se soliciten las autorizaciones establecidas”.

Más aún, cuestionó que sólo US$520 millones fueron transparentados a través del sistema de gestión interna, de los cuales el 92% fueron asignados mediante trato directo, licitación privada y proveedor único, en lugar de licitaciones públicas como debería ser la norma general.

Pero no se trata de la única irregularidad que ha trascendido durante las últimas semanas. El martes pasado Reportajes Bío Bío reveló una serie de bonos pagados de forma irregular en una filial de Codelco.

Del mismo modo, CGR y la minera estatal se han enfrentado durante las últimas semanas por el pago de una indemnización de CH$511 millones (US$758.000) a un directivo que renunció por su cuenta, pero que recibió el dinero como fruto de una negociación colectiva.

De hecho, esta última situación fue una de las que tuvo que explicar ante la Cámara de Diputados, donde recalcó que Contraloría no impide a Codelco realizar negociaciones colectivas con sus trabajadores, pero que debe aplicar los principios de probidad, eficacia y eficiencia. “No tiene libertad absoluta para pactar cualquier cosa; no puede ser, debe tener a la vista estos tres principios, es todo lo que dice el dictamen”, detalló.

ONG Recuperemos el Cobre felicita a CGR. A proposito de lo anterior, la ONG Recuperemos el Cobre de Chile envió este miércoles una carta al contralor Bermúdez felicitando su posición frente a esta polémica, ya que -según dicen- Cochilco, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ni el Servicio de Impuestos Internos (SII) se han preocupado de controlar este tipo de irregularidades en Codelco.

De hecho, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Sergio Hernández, afirmó que si bien Codelco ha avanzado en su habilidad fiscalizadora, aún no cuenta con las herramientas necesarias para controlar todas las operaciones y filiales. Lo anterior, pese a que la labor de fiscalización recae sobre ellos.

“Cochilco ya no cumple con su rol fiscalizador, como la propia Contraloría ha comprobado en el caso de la indemnización del dictamen de la referencia, y otros casos más recientes”, señala la misiva.

En concreto, la carta suma más denuncias a las ya conocidas. Aseguran haber presentado una denuncia en octubre de 2011 a Julio Pereira, director nacional del SII, por las pérdidas por parte de la minera estatal de alrededor de US$4.700 millones en mercados de futuro del cobre.

“La denuncia ante el SII correspondía porque estas pérdidas implicaban también un enorme perjuicio tributario. Nunca el SII nos contactó para solicitar mayores antecedentes o informarnos sobre el avance de esta denuncia”, reclaman.

En tanto, dicen que en noviembre de 2014 se dirigieron al nuevo director nacional, Michel Jorrat. “Tiempo después fuimos contactados por una fiscalizadora del SII y percibimos una cierta voluntad de investigar. Pero todo volvió a fojas cero, cuando Fernando Barraza asumió como director nacional, quien nada ha hecho por investigar este fraude tributario”, fustigaron.