La resolución de Hugo Chávez se veía venir. El presidente venezolano ha roto, finalmente, las relaciones con Colombia y ha ordenado la máxima alerta en la frontera. Así, la situación actual solo viene a cerrar un espirar que comenzó a complicarse con la operación “Fénix” en marzo de 2008, cuando tropas colombianas atacaron a las FARC en territorio ecuatoriano.

Este operativo militar violó (en nombre del combate contra el terrorismo) el principio más básico que organiza y da pie al entendimiento en el sistema internacional: la soberanía nacional. Para entonces, preocupada de una acción similar en su contra, Venezuela puso en estado de alerta las relaciones con Colombia.

En octubre de 2009, se volvía a sufrir un claro deterioro entre ambos países, al firmarse entre Colombia y Estados Unidos un convenio militar. Venezuela decidía “congelar” las relaciones bilaterales; mientras Colombia concluía un acuerdo que permitía a Estados Unidos operar siete bases militares para realizar operaciones conjuntas contra el narcotráfico y el “terrorismo”. Entre estos dos hechos, Uribe había ya denunciado y relacionado a Venezuela con una supuesta entrega de armas a las FARC; como resultado, Chávez anunciaba que un nuevo ataque verbal de Uribe significaría el fin de las relaciones bilaterales.

Así, la débil cuerda que mantenía a ambas naciones en un diálogo solapado y, al mismo tiempo, temerario, ha terminado por romperse. Como es ampliamente conocido, el aún presidente Álvaro Uribe, a través de su representante Luis Hoyos, ha dado a conocer que cuenta con las pruebas (presentadas en la última reunión extraordinaria de la OEA, del jueves 22 de Julio de 2010) que confirman que un número importante de militantes de las FARC y el ELN se esconden en territorio venezolano.

La denuncia, que contempla la libertad de tránsito y estadía de los integrantes de estos grupos terroristas en suelo venezolano, es de la más alta gravedad, e implicaría claramente que Venezuela contraviene las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: 1269 (de 1999), 1373 (de 2001) y 1624 ( de 2005).

De esta manera, la actual coyuntura abre un análisis que otorga a cada país posiciones entendibles. Por un lado, para Venezuela (más allá de confirmase a no las denuncias de Colombia) las interrogantes apuntan a resolver cuáles han sido los mecanismos por los que Bogotá ha tenido acceso a esta información. Así, para el Palacio de Miraflores, lo cual reforzaría sus aprensiones, Colombia sólo podría haber accedido a estos datos gracias a la ayuda (directa o indirecta) de la inteligencia de los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, derivado del convenio militar, y teniendo como antecedentes la violación de territorio ecuatoriano en 2008, para Chávez el que se vuelva a aplicar el concepto de las “fronteras flexibles”, en nombre del combate contra el terrorismo, es una posibilidad cierta.

Por el otro, para la posición colombiana, sustentada en el combate contra el terrorismo y el concepto de Seguridad Democrática, las denuncias son válidas y se consolidan como suficiente argumento para hacer valer su visión del impasse. Esta nueva coyuntura, al mismo tiempo, pondría fin a las esperanzas de quienes veían con la llegada de Juan Manuel Santos un cambio significativo en el aislamiento regional en el que Colombia ha caído durante el período de Uribe, y especialmente con Venezuela.

El recientemente electo, pero aún no ungido presidente Santos, había dado claras señales de intentar un giro en las relaciones con su vecino. Así por lo menos había sido entendido por quienes aplaudieron el nombramiento de la ex embajadora en Caracas, María Ángela Holguín, como la nueva ministra de Relaciones Exteriores, y de la designación del izquierdista y opositor a Uribe, Luis Garzón, como el nuevo embajador en Venezuela. Sin embargo, también están los que ven a Santos solo como la continuación de la política de Uribe.

Estos lo entendieron así luego que el nuevo vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, declarara que si bien se “buscarán los mecanismos necesarios para abrir un canal directo de comunicación con Venezuela, esto será para discutir la presencia de miembros de las FARC y el ELN”.

Lo conflictivo de la actual situación es que esta puede aún llegar a niveles más complejos, y transformarse en una difícil encrucijada para ser resuelta por las naciones sudamericanas. Desde esta perspectiva, el que Colombia se atreva a denunciar abiertamente lo que define como pruebas sustantivas sobre la presencia de las FARC y el ELN en territorio venezolano, demandará definir una posición regional más enérgica sobre quién tiene o no la razón.

A este respecto, la reunión extraordinaria de Unasur es una clara señal en esta dirección. Colombia, si sabe utilizar este organismo, debería aceptar la invitación y hacer presente las mismas pruebas. Y Venezuela, por su parte, debería ser aún más frontal y transparente, permitiendo la posibilidad de observadores regionales en las zonas señaladas por Colombia como enclaves de las FARC y ELN, para dilucidar las acusaciones.