Santa Elisa, Paraguay. Unos 400 indígenas de la comunidad sawhoyamaxa, en el agreste Chaco paraguayo, resisten desde hace más de veinte años en condiciones de extrema pobreza para recuperar su tierra ancestral ocupada por un latifundista, pese a la sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH).

Más de dos décadas de sufrimiento y penuria en que los sawhoyamaxa, pertenecientes a la etnia Enxet, han vivido acampados en precarias chabolas de madera ubicadas a ambos lados de una carretera.

Dicha ruta es la que pasa por las tierras de Heribert Roedel, un ganadero de origen alemán que tiene la titularidad de las mismas.

La disputa habría quedado en el olvido, como tantas otras que protagonizan otros grupos indígenas de Paraguay, si no hubiera sido por la intervención de la IDH, que en 2006 sentenció que el Estado paraguayo devolviera a los sawhoyamaxa las 14.000 hectáreas que reclaman.

Pero siete años después la sentencia sigue sin cumplirse, lo que provocó que en marzo de este año los sawhoyamaxa tomaran una decisión simbólica: atravesar las alambradas e instalarse en una pequeña franja de la estancia de Roedel, un vasto territorio de 60.000 hectáreas de explotación vacuna.

Esta "reocupación" es vista como una pequeña victoria por los sawhoyamaxa, aunque su vicelíder, Leonardo González, reconoció a Efe que la batalla puede alargarse.

"Hace más de siete meses que estamos aquí y la gente está feliz por haber recuperado sus tierras. Algunos tienen hasta alguna vaca, cerdos, cabras y pequeñas huertas", declaró González, uno de los pocos hispanohablantes de la comunidad.

Sin embargo, González, que nació en el interior de la hacienda hasta que fue expulsado junto a su familia a principios de la década de 1990, admite que las condiciones de existencia siguen siendo extremas.

"El intenso calor trae fiebre, gripe, diarreas, etc. Además solo disponemos de una letrina comunal, escasea el agua potable y el ambulatorio más cercano está en Concepción, a unos 47 kilómetros", explicó.

Junto a esas carencias, el desalojo al que han sido sometidos los sawhoyamaxa les enfrenta a un peligro más grave: la extinción de su idioma y por tanto la pérdida de su identidad como pueblo.

"Al no tener una tierra propia, los nuestros se han ido adaptando a la cultura ajena y lo cierto es que los más jóvenes ya no hablan el enxet", apuntó González.

A lo que se añade la progresiva desaparición de su cultura de la caza, su tradicional sustento, frenada por la aparición de los vallados y demarcaciones de las haciendas, las fronteras artificiales que les separan de su ancestral hábitat.

El Chaco paraguayo es un idóneo territorio para la cría de ganado, que ocupa el 61% de la superficie de Paraguay y alberga al 8% de su población.

Una masiva compra-venta de tierras en la zona se produjo a primeros del siglo XIX sin que sus moradores indígenas supieran de esas especulaciones, según Amnistía Internacional, que exige al Estado el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana.

El despojo se acentuó un siglo después, tras la Guerra del Chaco (1933 -1936), con la venta al por mayor de tierras públicas a manos privadas, una de las razones de que en Paraguay el 2,6% de los propietarios detenten el 85,5% de la superficie agraria, según la FAO.

Es lo que le ocurrió al grupo lingüístico Enxet y a la comunidad sawhoyamaxa de Santa Elisa, a 370 kilómetros de Asunción, cuya lucha se ha convertido en un referente para el resto de pueblos indígenas de Paraguay.

La población se compone actualmente de unas 100.000 personas, lo que representa un dos por ciento de los 6,4 millones de habitantes del país.

"Estamos mejor que antes de 2006 porque el caso es ya muy conocido y el nombre sawhoyamaxa suena en todo el país", dijo el abogado Oscar Ayala, de Tierraviva, una ONG que presta apoyo jurídico a esta comunidad.

Según Ayala, lo que ha cambiado para bien es la "realidad fáctica" tras el fallo de la Corte Interamericana, si bien su incumplimiento demuestra "la responsabilidad internacional de Paraguay en la violación del derecho a la tierra de esta comunidad".

Falta por tanto la implementación de esa sentencia, que de momento está atascada en el Senado paraguayo y en una especie de limbo legal que impide que los sawhoyamaxa, que significa "del lugar donde se acaban los cocos", retornen a su territorio.