La seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social fueron los tres ejes sobre los que giró la política del gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2010. El fin último, hablan los economistas, era atraer recursos extranjeros después de demostrar que Colombia era un país seguro y, de esa forma, generar empleo, elevar los ingresos de las personas y, acto seguido, pensar en que el aparato productivo sería capaz de responder a una estrategia de mercado abierta con acuerdos comerciales internacionales. Y, con cifras en mano, logró que la inversión extranjera directa superara los US$17.000 millones y el crecimiento del PIB estuviera por arriba del 4%.

Pero describe un documento elaborado por el Cinep en agosto de 2010, llamado ‘El legado de las políticas de Uribe’, que, al contrario de lo que se propuso, lo que sucedió fue que “se acentúo la existencia de un modelo de desarrollo extractivo, se agudizó el problema agrario, la pobreza y la desigualdad”. El mismo texto le hizo recomendaciones al entrante presidente Juan Manuel Santos en la materia y le dijo que a nivel económico debía “crear condiciones que permitieran generar valor, en la medida en que se consolidara la demanda interna y se estimulara el mercado doméstico, retomando aspectos relacionados con la formulación de planes de ordenamiento territorial para examinar los tipos de ocupación del territorio”. También, al final, hizo un énfasis especial: “reformular una política de desarrollo para la economía campesina”.

Entonces llegó el mandato Santos y la estrategia se enfocó en locomotoras. Cinco para ser exactos: vivienda, infraestructura, minería, agricultura e innovación. El mismo presidente, en una entrevista con este diario el 4 de agosto del año pasado, dijo que los mayores logros de su administración se podrían resumir así: “Redujimos la desigualdad más que cualquier otro país de América Latina”... “Tenemos el índice de pobreza más bajo de nuestra historia”... “hemos reducido la tasa de desempleo durante 34 meses seguidos”... “La inversión en infraestructura pasó de $3,8 billones en 2010 a $8,2 billones en 2013”...

Y como su antecesor, también tiene peros. Un mismo documento elaborado por el Gobierno compara promesas con logros. Allí, concretamente, identificaron los compromisos que están en rojo: “Erradicaremos el hambre de Colombia, dándole prioridad a la población entre cero y cinco años”, “combatiremos la especulación de la tierra” y “permitiremos a los agricultores y campesinos definir las extensiones necesarias para sus cultivos, sin la limitación burocrática de la llamada Unidad Agrícola Familiar (UAF), respetando las características económicas de los mismos y de la tierra”.

Doce años han pasado entre las dos administraciones. Como las montañas rusas, los difíciles ascensos y apresurados descensos han marcado el escenario económico colombiano. Por eso El Espectador presenta un análisis en materia de infraestructura, minería, agricultura, innovación y tecnología, además de la tan sonada y publicitada estrategia de vivienda. ¿Qué se concluye de lo que dicen las cifras y los analistas? Aquí se lo contamos.