La Paz.  La empresa boliviano-mexicana afectada por la nacionalización de una fábrica de cemento en Bolivia dijo que dará batalla legal contra esa decisión del gobierno, que a su vez anunció que definirá en seis meses una eventual indemnización.

Las acciones, por las que Soboce pagó US$26 millones, volvieron a su antigua propietaria, la ex prefectura y actual gobernación del departamento de Chuquisaca, que deberá pagar la compensación que determine un estudio independiente.

La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) -participada en 53% por un grupo local del político conservador Samuel Doria Medina y en 47% por el Grupo de Cementos Chihuahua- dijo que el presidente Evo Morales cometía un "abuso de poder" que contradecía su discurso de apertura a inversiones.

Soboce dijo que "defenderá su patrimonio y todos los derechos que la ley ampara y garantiza, porque la arbitraria expropiación (...) es un acto contra toda legalidad".

Réplica y acusaciones. El gobierno replicó que su política de nacionalizaciones, que se inició en 2006 en el sector energético y se extendió luego a la minería, la generación eléctrica y las telecomunicaciones, sólo afecta a ex públicas que fueron privatizadas mayormente en la década neoliberal de 1990.

El gobierno sostuvo que Doria Medina cometió "tráfico de influencias" al adquirir en 1999 un tercio de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) utilizando una ley aprobada siete años antes cuando él era ministro de Planeamiento.

La reversión a dominio público del 33,34% de acciones que Soboce tenía en Fancesa desde la privatización fue decretada el miércoles.

Las acciones, por las que Soboce pagó US$26 millones, volvieron a su antigua propietaria, la ex prefectura y actual gobernación del departamento de Chuquisaca, que deberá pagar la compensación que determine un estudio independiente.

La disposición no afectó a los otros dos socios estatales de la industria ubicada en la ciudad sureña de Sucre. 

"Es un castigo a la gente que invierte", afirmó desde Estados Unidos Doria Medina, en una declaración publicada por el diario La Razón.

La Confederación de Empresarios declaró que Morales estaba dando "un mensaje desalentador (...), un golpe muy duro a una empresa nacional y por ende al sector productivo en conjunto".

En respuesta, el ministro de Economía, Luis Arce, aseguró que la medida formaba parte de una política de "recuperación" de empresas que no debería provocar inseguridad entre las inversiones privadas de origen.

"Dijimos con anticipación a todos que el Gobierno nacional iba a recuperar las empresas que le pertenecían y fueron privatizadas durante el período neoliberal", señaló Arce en conferencia de prensa.

"El resto de las inversiones privadas que se realicen no tenemos la menor intención de afectar", afirmó.

El decreto de expropiación dispone que la valuación de las acciones expropiadas tomará en cuenta los pasivos sociales, ambientales, deudas y otras obligaciones de la empresa.

Fancesa tuvo en el 2009 una participación de casi 30% en el mercado boliviano de cemento, con una producción superior a las 500.000 toneladas. La firma registró el año pasado ventas por US$65,7 millones y una utilidad neta de US$17,9 millones.