Quito. La minería ilegal se relaciona a otros actos ilícitos como el lavado de dinero, tráfico de armas, contrabando de combustible y trabajo infantil, declaró la ministra ecuatoriana de Defensa, María Fernanda Espinosa, acudiendo a información de inteligencia militar.

Además, la zona de acción de la minería ilegal en Ecuador (Amazonía norte y costa norte) deja ver cercanía con sitios de acción de grupos irregulares colombianos, que pudieran cruzar frontera para obtener recursos para sus actividades.

Resultado del más reciente hallazgo de minería ilegal, el 7 de noviembre pasado, un ciudadano de la etnia amazónica Shuar murió y nueve militares ecuatorianos resultaron heridos tras realizar un operativo contra la actividad ilícita en la amazónica provincia de Morona Santiago.

Los sucesos se dieron en medio de una emboscada perpetrada por los mineros ilegales; algunos de los militares presentan heridas en el rostro, lo que a decir del general Wagner Bravo, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, implica la intención de los atacantes de dañar a los efectivos del Ejército.

Inteligencia militar informó a autoridades de control sobre este lugar de minería ilegal. En ningún operativo anterior, incluso en aquellos en los que se ha incautado armamento y material explosivo, ha habido ataques a los militares. En cambio sí se ha preparado al personal uniformado para utilizar la fuerza de manera progresiva, de acuerdo al principio del respeto a los derechos humanos, reveló la ministra de Defensa.

Pese al ataque del pasado 7 de noviembre, donde participaron siete oficiales y 122 militares de tropa, las Fuerzas Armadas no abandonarán esta práctica ni implementarán armas letales en los operativos, confirmó el jefe del Estado Mayor.

El politólogo colombiano y docente universitario en Ecuador, Camilo Cruz, analiza la situación de la minería ilegal en zonas donde, a su parecer, los estados de Colombia y Ecuador ejercen poca presencia y añade que las labores ilegales son modos de obtener recursos para los grupos irregulares colombianos y bandas criminales como los Rastrojos, porque pueden controlar a los actores de esas actividades ilícitas.

“Para cualquier armado, cualquier actividad económica que se realice en sus territorios son fuentes de recursos, sean actividades legales o ilegales, más recursos significan más control y prefieren las actividades ilegales porque les permite ejercer más presión con personas que realizan estas actividades; una cosa es obtener recursos a la fuerza, que obtener recursos de una actividad que no está regulada por el Estado, como la minería ilegal”, declaró.

“Además, lamentablemente, hay una conexión entre el lugar donde están los recursos minerales con los lugares donde están los grupos armados, porque los recursos minerales tienden a estar en las zonas más pobres de nuestros países, donde hay poca presencia del Estado. Entonces es fácil que estas actividades caigan en ámbitos ilegales porque no hay una fuerte presencia del Estado”, anotó el académico.

“Obviamente para estos actores es mucho más fácil obtener recursos de minería ilegal porque en últimas, cuando sacas el oro, la plata, las esmeraldas, es más fácil ponerlas a circular en el mercado internacional que actividades de narcotráfico, aparte de la actividad extractiva, ya ilegal, el problema es que estos recursos son de fácil circulación”, añadió.

“Antes de que llegue el oro al mercado este ya se vende internacionalmente como moda, no va nadie a ver si se extrajo legalmente, si se cumplieron normas ambientales, si se cumplieron normas laborales porque es de difícil rastreo esto”, dijo.

La ministra de Defensa de Ecuador confirmó que la minería ilegal estará en la agenda binacional Ecuador-Colombia en el segundo gabinete de ambas naciones que se realizará el próximo 25 de noviembre en la ciudad fronteriza Ipiales, en el lado andino colombiano.

La ministra amplió que ya existen compromisos entre ambas naciones amparados en acciones de la Comisión binacional Combifron, reactivado en 2009, y parte de ellos es mantener la política de “tolerancia cero a la minería ilegal”.

El politólogo Cruz considera acertado que se converse entre autoridades al respecto y sugiere que “hay que distinguir entre actores ilegales armados y bandas criminales, grupos coercitivos y personas que no están reglamentadas por la ley pero no son actores armados ilegales”.