Washington, EFE. El Departamento de Justicia anunció un acuerdo final con JPMorgan Chase para que el mayor banco estadounidense pague una multa récord de US$13.000 millones por malas prácticas hipotecarias.

"Sin duda la conducta revelada en el curso de esta investigación sembró las semillas de la crisis hipotecaria (de 2008)", aseguró en un comunicado el Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder.

Como parte del acuerdo JPMorgan reconoce que desinformó al público sobre los valores respaldados por hipotecas "subprime" o "basura" y que algunos de sus empleados conocían que esos productos no eran aptos para ser ofrecidos como inversiones seguras.

Esa conducta, que el Departamento de Justicia dijo que no fue exclusiva de JPMorgan, condujo a la grave crisis financiera de 2008, que se extendió por todo el globo y acabó con bancos de inversión de la talla de Lehman Brothers.

"JPMorgan no fue la única institución financiera que a sabiendas agrupó prestamos tóxicos y los vendió a inversores confiados, pero eso no es una excusa para el comportamiento de la firma", afirmó Holder.

El acuerdo soluciona varias investigaciones a nivel federal y estatal, pero no impide que siga avanzando una investigación criminal contra los directivos de JPMorgan por la venta de activos de alto riesgo.

La decisión supone la acción más dura del Gobierno de Barack Obama contra los responsables de la crisis financiera de 2008, después de meses de conversaciones con el banco para cerrar varias investigaciones pendientes por supuesto fraude financiero.

JPMorgan dijo que la mayoría de los activos hipotecarios tóxicos provenían de Bear Stearns y Washington Mutual, fondos duramente golpeados por el fin de aquella burbuja financiera y que el banco que dirige Jamie Dimon adquirió en 2008.

El acuerdo anunciado incluye el compromiso de pagar US$4.000 millones para aliviar a propietarios de hipotecas en apuros y US$9.000 millones para cerrar reclamaciones federales y estatales por las pérdidas relacionadas con hipotecas basura.

De esos US$9.000 millones, US$2.000 se pagarán en concepto de multa civil exigida por el Departamento de Justicia, mientras que otros montos se repartirán con los estados de Nueva York, Illinois, Massachusetts, Delaware, California y otras instituciones demandantes en representación de afectados.

La cifra del acuerdo supera a la alcanzada en enero entre el Gobierno y la compañía BP, obligada a pagar US$4.500 millones por el vertido en el Golfo de México en 2010, y que hasta ahora era la mayor multa impuesta jamás a una única compañía.