Bogotá. Alejado de las lides políticas –por voluntad propia–, el ex presidente César Gaviria vuelve al primer plano nacional con los 20 años de promulgación de la Constitución de 1991, que se conmemoran mañana 4 de julio.

Fue él quien interpretando el querer popular en la denominada ‘séptima papeleta’, mientras era primer mandatario, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para darle un nuevo rumbo político y social a Colombia. Rumbo que, algunos dirán, se ha extraviado.

Gaviria recuerda aquella época aciaga que derivó en la Constituyente, habla del valor de la nueva Carta Política y los temas aún pendientes, responde a los inconformes y, saliéndose de la línea de no hablar de política públicamente, da su opinión sobre el gobierno Santos.

¿Qué visión tiene usted de toda esa turbulencia que antecedió a la Constituyente del 91?

Había situaciones de orden público supremamente graves. Habían empezado las primeras grandes masacres de los paramilitares. Vivimos a lo largo del gobierno del presidente Barco un proceso de marchas campesinas armadas, con el El infiltrado en ellas, que culminó el día que secuestraron a Álvaro Gómez y con la muerte de un coronel y de muchos soldados. Los temas de la justicia realmente eran dramáticos. Ni el país ni el sistema judicial estaban preparados para el narcoterrorismo. La Fiscalía, que había sido aprobada formalmente en una reforma constitucional, no había salido. Nos tocó hacer algo casi inaudito: por decreto de Estado de Sitio creamos una jurisdicción de orden público a la que le atribuimos los temas de narcotráfico. Creamos jueces secretos, testigos secretos, eso era algo totalmente anormal desde el punto de vista institucional y que había que resolver porque eso tenía que ser un tema transitorio. Obviamente la violencia del narcoterrorismo, cuya máxima expresión fue la muerte, un mismo día, de Luis Carlos Galán, del magistrado Carlos Valencia y del director de la Policía en Antioquia, Valdemar Franklin Quintero, y después los atentados que vinieron y las bombas que estallaron a todo lo ancho de Colombia crearon un tema de ilegitimidad para las instituciones y un desafío gigantesco que fue el que dio origen a ese clima político tan excepcional que se dio y que permitió no solo que el presidente Barco decretara la contabilización de las papeletas, sino que hizo que por un acuerdo político que hicimos con todos los partidos, se pudiera convocar la Constituyente y que la Corte Suprema, entendiendo la gravedad del momento político que estábamos viviendo, aceptó el decreto, que yo expedí, lo declaró constitucional y de ahí partió el proceso.

Hay críticos que dicen que fue una Constituyente arrodillada a Pablo Escobar, recordando el escándalo de la negociación de la extradición…

No es sino mirar la lista de los constituyentes para saber que no fue así. El único semi-escándalo que hubo fue una cosa que evidentemente fue arreglada y que pretendió mostrar que un señor, que era constituyente y que pertenecía a las autodefensas del Magdalena Medio, iba a recibir plata para votar el no a la extradición. Eso es francamente ridículo, se buscaron a la persona más inadecuada para hacer ese montaje. Si se prohibió la extradición, creo que los constituyentes lo votaron así porque la inmensa mayoría de los colombianos, y eso está en las encuestas, la asociaban con el terrorismo y los llamados extraditables vendieron ese mensaje. En su momento, el Gobierno dijo que ese no era un tema constitucional, pero la Constituyente -en su sabiduría- lo decidió así y lo acatamos porque entendimos que ese era el momento político que el país vivía.

20 años después ¿cuál es su reflexión sobre el gran aporte de la Constitución del 91 al país?

La Constitución de 1986 cumplió su papel, que fue preservar la unidad del país ante una autoridad presidencial muy débil y la casi desintegración nacional. Un siglo después, la idea central que empezamos a tramitar desde el gobierno del presidente Barco, en una reforma que yo como ministro der Gobierno pasé en primera vuelta, era una constitución que no se basara simplemente en el cumplimiento de la ley o en el ejercicio de la autoridad sino en proteger los derechos de los ciudadanos. De ahí surgió la tutela, la jurisdicción constitucional y todo lo que vino después.

Habló usted de una hoja de ruta para garantizar los derechos, pero hay quienes señalan que la Constitución del 91 es sólo un manual de buenas intenciones que no se puede cumplir, como en el caso del derecho a la salud y a la pronta justicia…

Empecemos por lo de la salud y la Ley 100. El cubrimiento del sistema de salud colombiano ha sido dramático; partimos creo que del 18% y hoy estamos por los lados del 90%, de manera que no podemos decir que no se ha cumplido. Es cierto, el sistema tiene muchos problemas que no son esencialmente de la Constitución y ni siquiera de la Ley 100. El problema es que los gobiernos no se han movido con la suficiente diligencia para solucionar problemas que se hubieran podido resolver por la vía legal e incluso por simple voluntad política. El tema del acceso a la justicia no se ha resuelto, es una tarea pendiente y por eso creo que ese debería ser el enfoque de la reforma que se plantea a la rama. Aún así, la tutela es precisamente acceso masivo de los ciudadanos a la justicia. Ahora, los problemas fundamentales de la justicia no tienen que ver con la Constitución, sobre todo en lo que tiene que ver con mejorar su eficacia.

¿En qué cree que tendría que cambiar aún la Constitución?

En los temas de control político y un estatuto de la oposición es mejorar dicho control político y que la gente tenga información para hacer debates y para juzgar. Acá hay una costumbre, cada vez peor, de que el Congreso ni siquiera discute el presupuesto y los informes de los ministros o del mismo presidente no tienen ningún tipo de vigilancia. La moción de censura, aunque no se puede decir que no ha servido para nada, tampoco es que haya funcionado bien. Casos como estos hay muchos, lo cual no quiere decir que lo que hemos hecho esté mal, sino que aún hay cosas por hacer. La Fiscalía y la justicia constitucional ha funcionado bien y lo que no está funcionando bien es lo que hay que reformar. Y claro, no se puede pensar que todo tiene que ser cambiando la Constitución.

¿No produjo la Carta del 91 la politización de la justicia?

No lo veo así. El respeto a los derechos sociales y fundamentales son un tema político, y los fallos de la Corte Constitucional son para hacer cumplir esos derechos. Que el origen de la Corte sea como el que hemos visto es algo que no está siendo cuestionado hoy. Yo no he visto que la justicia se haya vuelto política. Se discuten los temas que falla la Corte Constitucional pero es que son para discutirlos y los ciudadanos tienen derecho. Ahora, los de la Corte Suprema hay que acatarlos y punto.

Unos dicen que la nueva Constitución debilitó el poder del presidente y otros que le dio mucho ¿usted que cree?

Recuerdo que el debate que hubo, particularmente con el expresidente Samper, era que habíamos debilitado el poder presidencial. Es cierto, hoy ese poder es muy inferior al que tenía la Constitución del 86 y todavía se puede avanzar más en quitarle. Ese es un debate legítimo.

Claro que esas tesis puede ser rebatida con las muestra de poder presidencial durante el mandato Uribe…

La única tesis que se había planteado era que se le había quitado mucho poder al presidente y que muchas de las dificultades para gobernar radicaban en ello. Cuando el presidente Uribe llegó, demostró que el presidente tenía mucho poder y yo mismo me encargué de señalarle que las cosas que él quería hacer para mejorar la seguridad se podían hacer a través de estados de excepción, solo que después tenían que ir al Congreso para volverlas legislación permanente.

Unos dicen que la única manera de reformar a la justicia es con otra constituyente ¿será?

Se puede citar a constituyentes, esa es una de las cosas que hizo la Constitución del 91, validar dichos procesos, pero hay que tener en cuenta que esos son instrumentos no soluciones. El que crea que se debe citar a una constituyente, pues que diga cuáles son los artículos que hay que modificar y así se mira si tiene conveniencia o no. Eso sí, todo debe ser en los términos de la Constitución.