Adrián Simons Pino, abogado de Perú ante la CIDH, asegura que el Estado “cumplió con sus obligaciones de investigar, procesar, juzgar y condenar al expresidente Fujimori” y no violó la sentencia dictada por la Corte.

Lima. El Estado peruano busca que su indulto al expresidente Alberto Fujimori sea visto como algo totalmente legal y fuera de intereses políticos, como lo denuncian varios sectores y organizaciones que incluso han llevado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar de revertirlo.

Adrián Simons Pino, uno de los abogados de Perú ante la CIDH, comentó que ellos defienden un principio de respeto a las vías legales internas, ya que para quienes no están de acuerdo con la medida pueden aún ir a instancias en el país.

Simons dice que lo que se discute es si Perú violó la sentencia dictada por la CIDH para dos casos (Barrios Altos y La Cantuta) con el indulto, y, según los abogados, no lo hace porque el Estado “cumplió con sus obligaciones de investigar, procesar, juzgar y condenar al expresidente Fujimori por los graves hechos cometidos”.

Al preguntarle a Simons sobre las acusaciones de que el indulto fue dado por el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) para no ser destituido del cargo, este responde que el indulto humanitario fue debido a su estado de salud, ya que estar preso “pone en riesgo su vida”, según una junta médica que dictaminó 10 enfermedades, cinco de gravedad.

“La única razón que justifica la confección de un indulto a una persona condenada por violación de derechos humanos es el indulto humanitario, es decir, razones de salud. Y ese ha sido el caso”, dice Simons, quien añade que el proceso de análisis del indulto empezó el 29 de noviembre, mientras que la moción de vacancia presidencial se presentó en el Congreso el 15 de diciembre.

Simons también argumenta que quien presentó la moción de censura a PPK fue el Frente Amplio, un grupo de izquierda en el parlamento y no el fujimorismo, y aunque una parte de este último la apoyaron, también lo hicieron diferentes fuerzas políticas y de igual manera hubo otras que no lo hicieron y por eso no se aprobó.

Si la CIDH pide anular el indulto pese a los argumentos del Estado peruano, según Simons, “iría en contra de sus propios criterios”, debido a que no se han agotado las instancias internas pertinentes.

En enero pasado la CIDH pidió una copia del expediente del indulto humanitario a Alberto Fujimori, luego de que organizaciones que representan a las víctimas del terrorismo de Estado en su presidencia y sus familiares pidieron a la Corte la anulación del indulto que para ellos se le otorgó de forma “arbitraria, irregular e ilegal”.

Kuczynski también le otorgó a Fujimori el derecho de gracia presidencial, por lo que no podrá ser procesado en otro caso aún abierto.