De ahora en adelante hacer las cosas a la chilena será hacer las cosas bien, dijo el presidente Sebastián Piñera, después del exitoso rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José, en el norte de Chile. Agregó que nada quedará rezagado ni se instalarán comisiones interminables.

En medio de su entusiasmo instruyó a la ministra del Trabajo para que adelantara al 25 de octubre la propuesta de “nuevo trato” para los trabajadores. Como al presidente le atraen las cámaras de TV, anunció junto a los 33 mineros que lo visitaron en el palacio de La Moneda una nueva legislación que mejora la protección laboral. Una merecida reforma para los trabajadores, tan maltratados por los gobiernos de la Concertación.

Piñera está demostrando que la medida de lo posible en el “modelo chileno” es más amplia que lo que suponía la Concertación. Así ha sido con los mapuches, en la termoeléctrica de Punta Choros y en la iniciativa para la regulación bancaria, entre otros ámbitos. Ahora, si después del salvataje de los mineros el presidente Piñera quiere seguir haciendo las cosas bien, tendrá que probar, más allá del discurso, una firme voluntad política en el tema laboral. Porque este no es asunto fácil para su propio sector, cuya concepción sobre la “flexibilidad laboral” está firmemente atada a la precariedad de los contratos, incluida la inseguridad en los lugares de trabajo y el rechazo a la fiscalización pública. La derecha y sus economistas, por concepción e intereses, son entusiastas de la autorregulación y reacios a los organismos de supervisión.

Además, Piñera le dijo al país que su gobierno no permitiría nunca más la situación vivida en la mina San José. La fiscalización no sólo se acentuaría en la minería, sino en todos los sectores productivos. Agregó que era imprescindible hacer efectivo el manual de buenas prácticas de la OCDE y, también, cambiar la cultura sobre trabajo, seguridad, higiene y estándares laborales. Su entusiasmo fue contagioso cuando señaló: “son más importantes los trabajadores que el cobre mismo”. Si ese discurso se lleva la práctica, podremos decir que el original está resultando mejor que la copia.

Una nueva propuesta laboral deberá apuntar al fortalecimiento de las organizaciones sindicales, que apenas alcanzan el 10% del total de la fuerza de trabajo. Con asalariados organizados y negociación colectiva ampliada se podrá asegurar no sólo los derechos económicos de los trabajadores, sino la seguridad laboral en las empresas. Al mismo tiempo, hacer las cosas bien en el ámbito laboral obligará a multiplicar varias veces el número de supervisores para prevención de riesgos en el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) y también en otras áreas de la vida económica. Porque los 16 inspectores para las 4.500 faenas que existen entre Arica y la Región Metropolitana constituyen una precariedad criminal, situación también presente en otras actividades productivas y de servicios.

La escasa supervisión y precariedad laboral clama a gritos en las salmoneras, dónde muchas trabajadoras deben usar pañales por los escasos tiempos autorizados para orinar en un ambiente de humedad, tan agobiante como las profundidades de la mina San José. También, en tiendas comerciales, farmacias y supermercados habrá que controlar esos salarios bajo el mínimo legal, que obliga a sus empleados a complementar ingresos presionando a los clientes para que adquieran tarjetas de crédito usurarias, instrumento principal de ganancias de esas empresas.

Finalmente, el presidente no debe saber que en nuestro país se ha llegado al extremo de pagar por trabajar. En efecto, los supermercados han externalizado en empresas vergonzosas, dirigidas por yuppies de escasa ética, el servicio de jóvenes empacadores, quienes deben pagar $500 (casi un dólar) por un turno de tres horas, a cambio de propinas inciertas de los clientes. Hacer las cosas bien será erradicar la precariedad laboral, garantizar la  seguridad a los trabajadores y terminar con la indecencia de pagar por trabajar.