Unos 12.000 integrantes del grupo rebelde, incluidos más de 6.000 combatientes que entregaron sus armas, se desmovilizaron después de un acuerdo de paz con el gobierno en 2016. Muchos viven ahora en 24 campamentos de reintegración a lo largo y ancho de Colombia.
Iconozo/Puerto Asís, Colombia. - César González muestra con orgullo su modesta casa con techo de metal y piso de cemento en las cálidas montañas cerca de Icononzo, en Colombia, donde cuelga con prolijidad su ropa a lo largo de la pared y presume una repisa llena de café y azúcar.
Tiene dos camas, una estufa de gas y una nevera.
Parecen lujos frente a la situación de hace dos años, cuando era combatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Entonces González vivía en la fría Cordillera Oriental combatiendo a las tropas del gobierno, su cama era un montón de hojas de arbustos debajo de un cobertizo de plástico y cargaba un fusil AK-47.
Unos 12.000 integrantes del grupo rebelde, incluidos más de 6.000 combatientes que entregaron sus armas, se desmovilizaron después de un acuerdo de paz con el gobierno en 2016. Muchos viven ahora en 24 campamentos de reintegración a lo largo y ancho de Colombia, como este cerca del municipio de Icononzo.
Pero el balotaje presidencial del próximo domingo ha sacudido el frágil acuerdo de paz por la propuesta del candidato derechista, el favorito Iván Duque, de cambiar aspectos del pacto que cree son demasiado indulgentes con los exguerrilleros.
Para muchos colombianos, la propuesta de Duque reactivó los temores del regreso a cinco décadas de violencia que dejaron más de 220.000 muertos y a millones expulsados de sus hogares.
Duque y su partido del Centro Democrático quieren que los comandantes de las FARC responsables de delitos -incluidos sus vínculos al tráfico de cocaína para financiar su lucha armada-paguen por sus crímenes antes de ocupar cargos políticos.
Varios exrebeldes y líderes del resultante partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -que conservó la misma sigla de la desmovilizada guerrilla- admitieron que Duque luchará para cambiar el acuerdo, pese a que fue avalado por la Corte Constitucional y tiene el respaldo de las Naciones Unidas.
Mientras que algunos excombatientes se unieron a células disidentes de las FARC, a la guerrilla del ELN o a bandas criminales, la mayoría de los exguerrilleros dice que siguen comprometidos con el proceso y no quieren retomar las armas.
"Nosotros como guerrilleros no queremos volver a la guerra, queremos la paz", dijo González, que pasó la mitad de sus 62 años como insurgente. "Quienes son enemigos de la paz, llámese quien se llame, buscan siempre cambiar el rumbo, que vivamos nuevamente la era de la violencia que es la que no queremos".
El acuerdo, que le valió al presidente Juan Manuel Santos el Premio Nobel de la Paz, ofreció a los excomandantes rebeldes una justicia alternativa, subsidios económicos y otros beneficios si aclaran sus crímenes y compensan económicamente a las víctimas.
También permitió a los exrebeldes crear un partido político y les concedió 10 curules en el Congreso por los próximos ocho años. El partido de la desmovilizada guerrilla debutó en las elecciones legislativas de marzo con una baja votación que le impidió ganar asientos adicionales en el parlamento.
Temor y esperanza. Duque, un abogado de 41 años respaldado por el expresidente Álvaro Uribe -cuya ofensiva militar contra los rebeldes ayudó a empujarlos a la mesa de negociación-, se opone a que los exjefes guerrilleros acusados de crímenes de lesa humanidad se sienten en el Congreso tras décadas de asesinatos, secuestros y ataques.
Los líderes de la FARC dicen que la posición de Duque podría frenar la implementación del acuerdo, erosionar la moral de los excombatientes e impulsar a algunos a volver a las armas.
El izquierdista Gustavo Petro, quien aparece unos 20 puntos porcentuales por debajo de Duque en las encuestas antes de la segunda vuelta del domingo, también criticó el acuerdo por no resolver problemas fundamentales de los campesinos pobres, pero se ha comprometido a respetarlo e implementarlo.
En una entrevista con Reuters, el líder de la FARC Rodrigo Londoño, conocido por su nombre de guerra de "Timochenko", dijo que aunque un eventual triunfo de la "derecha" pone en riesgo el acuerdo, Duque no podrá cambiarlo fácilmente debido a está protegido por la Constitución y respaldado por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas.
"Independientemente del presidente que sea, Colombia queda en una situación nueva, histórica", afirmó Londoño, de 59 años, en una remota zona de reintegración en el departamento del Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador.
"Colombia no va a ser la misma de hace cuatro años y la perspectiva nuestra es seguir luchando por la implementación de los acuerdos, luchando por una mejor Colombia, luchando por esos ideales que en un momento nos llevaron a coger las armas en la mano", agregó.
Londoño afirmó que aunque Duque tratará de "sabotear" el acuerdo, la retórica de su campaña puede cambiar si llega a la presidencia porque los acuerdos están "blindados".
El acuerdo de paz mantiene dividida a la conservadora sociedad colombiana y muchos se niegan a aceptar que los excomandantes rebeldes se conviertan en legisladores sin responder por sus crímenes. El pacto fue rechazado por un estrecho margen en un plebiscito en el 2016 y obligó a las partes a hacer algunas modificaciones.
Pese al acuerdo con las FARC, Colombia no ha tenido paz completa en los últimos 70 años ya que otros grupos armados siguen activos.
La postura de Duque ha dejado a muchos electores sin saber por quién votar. Aunque prefieren sus políticas favorables al mercado a las promesas de Petro de cambiar el modelo económico, temen que ajustes al acuerdo pongan en peligro la paz.
Otros votantes respaldan a Petro, de 58 años, basados únicamente en su apoyo al acuerdo, aunque rechazan sus promesas económicas que ha venido suavizando.
En un aparente esfuerzo por ganar el respaldo de los electores indecisos, Duque también ha moderado su discurso.
"No se trata de destruir los acuerdos sino de hacer unas modificaciones", dijo Duque a Reuters. "Unas correcciones para las cosas que están saliendo mal y garantizar que la paz que se construya sea una paz con justicia, donde exista verdad, reparación y donde existan penas proporcionales sobre todo a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad".
Poco margen de maniobra. El partido Centro Democrático de Duque solo tiene 51 de los 280 curules del Congreso. Y alrededor de tres cuartas partes del Congreso apoya los acuerdos, incluidos los 10 escaños de las FARC, dijo Rodrigo Pombo, un experto en derecho constitucional.
"La probabilidad de que Duque pueda reformar los acuerdos vía Congreso es baja, salvo que llegue a unas nuevas mayorías y una nueva alianza, lo cual no es fácil", explicó. "Tiene un margen de maniobra muy estrecho por el lado del Congreso".
Duque podría impulsar cambios para acelerar la verdad y la indemnización a las víctimas del conflicto, no puede eliminar la amnistía ni impedir la participación de política de los antiguos jefes de las FARC, de acuerdo con Pombo.
"Destruir los acuerdos de paz es imposible porque tienen aspectos políticamente irreversibles", aseguró.
También podría convocar una Asamblea Constituyente o buscar un plebiscito sobre los cambios al acuerdo, pero eso es algo arriesgado. Cuando Santos preguntó a los colombianos si respaldaban el acuerdo de paz con las FARC, le dijeron "no".
Además Duque se enfrentaría a ocho de nueve magistrados de la Corte Constitucional que apoyan ampliamente el acuerdo de paz. Ese tribunal decidió que los próximos tres gobiernos deberán cumplir los puntos esenciales del pacto.
En última instancia, Duque podría estancar la implementación de los acuerdos restringiendo el financiamiento, dejando a los exrebeldes en un estado de incertidumbre que complicaría sus planes políticos y sus proyectos de ganadería y agricultura.
Eso podría llevar a más excombatientes a dejar el movimiento y regresar a casa, o unirse a las filas de los crecientes grupos disidentes que se negaron a sumarse al acuerdo.
Más de 1.200 excombatientes de las FARC continúan en la lucha armada en varias regiones de Colombia involucrados en el tráfico de cocaína y atacando a las Fuerzas Armadas.
Para las víctimas de atrocidades de las FARC, Duque y sus propuestas plantean un dilema.
Algunos, como los sobrevivientes del ataque con un auto bomba en el exclusivo club Nogal en Bogotá, que dejó 36 muertos y 200 heridos en 2003, perdonaron a las FARC. Pero otros siguen indignados por lo que consideran bondades del acuerdo para las FARC y apoyan la posición de Duque.
Mientras tanto, habitantes de apartadas zonas golpeadas por la violencia no ocultan su preocupación.
Cuando los rebeldes bombardearon el empobrecido pueblo de Bojayá hace 16 años, Leyner Palacios buscó junto a docenas de residentes refugio dentro de una iglesia y casas de madera cercanas. Él sobrevivió, pero 32 parientes y amigos murieron cuando un cilindro cargado de explosivos detonó.
Cerca de 90 personas murieron en el ataque, una de las peores masacres de civiles en el conflicto colombiano.
Palacios dijo que la presencia de nuevos grupos armados, incluida la guerrilla del ELN, han aumentado en la región donde vive.
"Nosotros solamente con los anuncios de que este proceso de paz puede fracasar ya hemos empezado a revivir y a vivir nuevas situaciones de violencia en los territorios", dijo el activista de paz, de 42 años.
