México tiene un sistema fallido de protección para niños y adolescentes y es que, pese a que el país ha participado en tres de los grandes compromisos en materia de derechos de la infancia que se han celebrado a escala mundial, a los menores aún se les considera como ciudadanos que no son sujetos de garantías fundamentales, coincidieron especialistas.

La falta de personal especializado en las instituciones encargadas de atención a los menores de edad, tanto en el terreno social como de salud y procuración de justicia, demuestran el menoscabo en la seriedad que se les brinda a este sector de población, coincidieron activistas como Mayra Rojas, directora en Infancia Común y el coordinador jurídico de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), Alejandro Rojas.

A 25 años de creada la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), en México sigue pendiente la creación del Sistema Nacional de Garantía de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, que garantice los derechos de cerca de 40 millones de niños y adolescentes, exhibe la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Asimismo, evidencia que el país ha formado parte de la Convención de los Derechos de la Infancia de 1989, la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990 y la Sesión Especial de la ONU sobre Infancia en 2002, sin embargo, sigue pendiente la creación del sistema nacional.

Alejandro Rojas, quien fue coautor de la publicación El niño víctima y testigo del delito dentro del sistema penal acusatorio en México, indicó en entrevista que a lo largo de la historia mexicana, los sistemas de justicia han invisibilizado a los menores de edad como sujetos de derechos, particularmente cuando es víctima o testigo de un crimen.

Este martes El Economista dio a conocer que sólo en nueve de las 31 entidades y el Distrito Federal contemplan en sus códigos penales el delito de abuso sexual como grave. Ello “es una punta de un sistema fallido a favor de la infancia, el cual no se ha construido ni diseñado ni implementado”, aseveró Alejandro Rojas.

En este sentido, consultada aparte, la directora de Infancia en Común exhibió la falta de legislación para la niñez. “Si hacemos un análisis en todos los ámbitos de la infancia hay una falta de política de protección hacia niños, niñas y adolescentes por parte del Estado”.

La responsabilidad principal recae, de acuerdo con Alejandro Rojas, en los poderes Legislativo y Ejecutivo, en particular a nivel local. “Las instituciones que se encargan de velar por los derechos de los niños están tan mal diseñadas o aplicadas”, y se convierten en instrumentos de impunidad y afectación de derechos humanos.

Ante ello, recomendó la creación de un órgano tripartita en el que participara la sociedad civil, expertos y funcionarios para que pudieran plantear, recomendar e implementar políticas públicas.

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la protección la infancia se refiere a las labores de prevención y respuesta a la violencia, la explotación y el abuso contra niños y niñas, como por ejemplo, la explotación sexual, la trata, el trabajo infantil y la migración.

Si bien para esta oficina de las Naciones Unidas, México ha realizado progresos significativos en cuanto a garantizar mayores niveles de bienestar para los infantes, la pobreza y la exclusión afectan de manera desproporcionada a este sector.

“Un primer desafío para hacer realidad la inversión estratégica y el compromiso legal de promover, proteger y garantizar los derechos de los niños es la construcción de un sistema integral de protección de derechos”, recomendó la Unicef al gobierno federal.

PROTECCIÓN REAL

Según Unicef, un sistema integral de protección de derechos a la infancia se conformaría a partir de las siguientes dimensiones:
Un marco legal compatible con principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Una institucionalidad que involucre los tres niveles de gobierno, los tres poderes del Estado y diálogo con la sociedad.
Un modelo de gestión de políticas públicas de infancia y adolescencia que permita la articulación de instituciones.
Asignación presupuestaria suficiente, oportuna y equitativa a políticas para los menores.
Una base de información de derechos de la infancia con datos actualizados, desagregados y de calidad para el diseño de políticas y programas.
Una estrategia de fortalecimiento institucional de capacidades en enfoque de derechos de la infancia.