De acuerdo con informe de Key Clouding, los gerentes dicen que no han encontrado personas discapacitadas que cumplan con los requisitos establecidos en la ley.

El 1 de abril comenzó en Chile la implementación de la nueva normativa que establece de manera progresiva que las entidades públicas y privadas que cuenten con 100 o más trabajadores deberán reservar el 1% de sus puestos de trabajo para contratar a personas con discapacidad.

A partir de esa fecha las compañías deberán enfrentar varios desafíos que van desde temas estructurales hasta culturales. En este contexto Key Clouding, plataforma digital de selección online, realizó un estudio a más de 300 ejecutivos de RRHH de empresas de diversos rubros sobre cómo enfrentan este nuevo escenario. ¿Están preparados? ¿Cumplirán con los plazos? ¿Cuáles son los principales obstáculos para cumplirla? ¿Es un real aporte  la integración?

Si bien un 81% de los encuestados cree que la Ley de Inclusión Laboral es un real aporte a la Inclusión de personas con discapacidad, un 40% asegura que cree que no alcanzará a cumplir la cuota en el plazo estipulado. La principal razón para ello es el hecho de que no han encontrado personas discapacitadas que cumplan con los requisitos establecidos en la ley y al mismo tiempo con los perfiles requeridos por las compañías. 

“Muchos gerentes de Recursos Humanos se preguntan dónde van a encontrar a personas con las características necesarias, ya que no existen bolsas de trabajo o consultoras especializadas en reclutar y seleccionar este tipo de perfiles”, explica Carmen Peralta, gerente comercial de Key Clouding.

La gran mayoría de los encuestados considera que incorporar personas con discapacidad es un aporte para sus organizaciones (96.5%), y que ayudan a crear una cultura más tolerante y vinculante dentro de su estructura. Al mismo tiempo, existe una sensación de que las personas con discapacidad son más comprometidas y responsables que el resto de los profesionales.

“Esto no pasa de ser una percepción, ya que un muy bajo porcentaje de los encuestados mencionó haber trabajado con una persona discapacitada”, especifica Peralta.  

Frente a la pregunta sobre cuáles han sido las principales dificultades que han enfrentado como empresa al momento de incorporar a personas con discapacidad, las respuestas fueron diversas. Sin embargo, la que más se repite es el tema de no contar con una infraestructura adecuada para recibirlos, con un 65,62%. Para un gran porcentaje la adecuación de las instalaciones para que aprueben la normativa de inclusión es compleja, tanto por los tiempos como por los costos que esto implica.

Dentro de este mismo ítem, 36% de los encuestados considera que existe un desconocimiento tanto de las jefaturas como de las estructuras organizacionales sobre cómo abordar las relaciones laborales con las personas con discapacidad.

Un 20% considera una dificultad para cumplir con la cuota, el hecho que las personas discapacitadas no cuentan con las competencias específicas requeridas para los cargos que se encuentran disponibles.

Es más, 27% considera que no existen suficientes personas con discapacidad en el mercado con las características estipuladas por la ley y con las habilidades y conocimientos requeridos por el mercado, lo que dificultaría la implementación de la ley.

“Si bien en general existe una buena disposición ante la ley, para las compañías no ha sido un proceso sencillo. Han debido reformular su infraestructura, establecer políticas de integración de equipos para incorporar a estos nuevos colaboradores. Sin embargo, lo más complejo y el desafío que más relevante es el encontrar dentro de las personas con discapacidad el perfil que requieren tanto para el cargo como por lo establecido por la ley, ya que para ese 1% se establecen requisitos que no todas las personas discapacitadas cumplen”.

Según cifras del Senadis, considerando a las personas entre 18 y 60 años, el número de discapacitados representa aproximadamente el 17% de la fuerza laboral. Sin embargo, 40% de ellos presenta discapacidad severa, lo que les impediría trabajar. Teniendo esto en consideración el 100% restante debería estar preparado para cumplir con lo establecido por la ley y contar con la voluntad de emplearse para que dicha cuota se cumpla. 

“El temor más grande de las empresas es que no existen suficientes discapacitados en las condiciones que establece la ley para llenar el cupo del 1%. En esta línea, son muchas las empresas para las que les es más fácil pagar las multas que implica no cumplir con ese porcentaje, y para aquellas que no están en condiciones de pagarla, esta iniciativa puede provocarles la quiebra”, concluye la gerente.