En fecha reciente, los presidentes de dos importantes partidos políticos chilenos, partidos ubicados en coaliciones antagónicas -Carlos Larraín, presidente del partido Renovación Nacional, integrante de la coalición gobernante y además institución en la cual milita el presidente de la República; e Ignacio Walker, presidente del Partido Demócrata Cristiano, integrante de la actual oposición-, hicieron público un acuerdo destinado a modificar el sistema electoral.

Este acuerdo propone muy específicamente legislar con el objetivo de cambiar el actual modelo mayoritario-binominal, proponiendo, en su reemplazo, la aplicación de un sistema electoral de tipo proporcional corregido. De igual forma, se sugiere la creación de una nueva figura para el sistema institucional chileno; lo anterior a través de un primer ministro con características y funciones similares a las propias del conocido esquema francés.

Como era de esperar, este acuerdo ha producido un fuerte impacto en el escenario político nacional. Las razones de lo anterior son múltiples: a saber, es un compromiso entre dos fuerzas políticas ubicadas en dos coaliciones distintas; coaliciones que no fueron notificadas con antelación de la preparación del documento. Dado lo anterior, éste es también un acuerdo que genera variadas especulaciones sobre un eventual reacomodo futuro de las colaciones, interpretación que, a pesar de los constantes desmentidos, todo indica que perdurará por un buen tiempo. Pero fundamentalmente este acuerdo es controversial, puesto que afecta un elemento muy sensible del modelo de empate de fuerzas que ha permitido a la derecha chilena tener una sobrerrepresentación que ha garantizado la permanencia de muchas normas heredadas del periodo dictatorial. De esto se desprende la actitud de oposición y crítica enconadas que ha despertado en el partido UDI, representante de la derecha más conservadora.  

El presidente Sebastián Piñera ha manifestado su poca voluntad de incorporar esta modificación entre sus prioridades, y, por lo tanto, el desenlace del acuerdo es aún incierto. Sin embargo, él permite relevar varias reflexiones que son innegablemente de gran importancia para la vida política chilena.

Como primera reflexión, digamos que desde hace mucho tiempo es bien sabido que en Chile uno de los problemas centrales que contribuyen al distanciamiento de los ciudadanos de la actividad política ha sido el escaso reconocimiento de representación que éstos le están atribuyendo al sistema institucional. La estructura política actual, de carácter binominal, no ha privilegiado promover la adaptación de los movimientos políticos a las demandas del electorado; muy por el contrario, ella ha fortalecido un statu quo que obliga a los electores a seleccionar una de las dos alternativas mayoritarias propuestas o a simplemente renunciar a la expectativa de ser representado. Esto, sin lugar a dudas, ha desincentivado la búsqueda de representación política, fenómeno particularmente grave en el caso de los jóvenes; sector que mayoritariamente ha decidido no participar de los procesos electorales. Por ello es razonable y urgente avanzar hacia un sistema proporcional que permita, entre otros elementos, una elección real, un vínculo más simétrico entre representantes y representados y un equilibrio adecuado entre mayorías y minorías.

¡El principio es claro!: los ciudadanos deben ser libres en el sentido de que deben tener alternativas reales; es decir, poder escoger entre diversas opciones. Esto es fundamental para evitar toda distorsión que afecte el principio de que todo voto ciudadano debe contar de igual forma. En este sentido, una democracia efectiva debiese incorporar mecanismos de representatividad dinámicos y modernos que se adapten a las características actuales de la población.

Como segunda reflexión, y a pesar de lo sostenido anteriormente, el debate que se ha abierto puede enfrentar ciertos peligros que es necesario tener presentes.

El primer peligro es la idea de que los problemas que enfrenta la sociedad chilena son exclusivamente de naturaleza institucional o normativa, lo que fomenta el sentimiento de que una modificación del sistema institucional será suficiente para garantizar un mejoramiento sustantivo de la calidad de la democracia. Todo indica que los chilenos han acumulado ciertos reproches que no sólo se limitan a los aspectos institucionales, sino que también tocan aspectos del modelo de desarrollo. Por lo tanto, debiésemos exigir a las fuerzas políticas tener la inteligencia para detectar el fondo de los problemas que deben ser resueltos en la sociedad chilena.

Un segundo peligro es tomar restrictivamente ciertos aspectos del sistema electoral -en este caso el mecanismo de elección de parlamentarios- sin tomar en cuenta el conjunto de otros elementos que agravan el binominalismo. Entre estos se encuentran el rediseño de distritos y circunscripciones, el límite de los mandatos, la plena transparencia de los procesos de campaña, la incorporación de la iniciativa ciudadana, etc. Se requiere una reforma, pero se requiere, ante todo, una reforma integral donde una nueva Constitución elaborada democráticamente es también un aspecto clave a no olvidar.

Un tercer peligro es diseñar una reforma que satisfaga exclusivamente las necesidades de los partidos políticos, pero que no cuente con la legitimidad social que ésta requiere. Es claro que una mejor democracia debiese implicar un mejor sistema institucional, pero también un mejor sistema de participación del ciudadano. Bélgica nos dio el último año un ejemplo de un sistema democrático muy sofisticado y avanzado, pero donde todo poder efectivo recae sólo en los partidos políticos. Bélgica en este caso tuvo que esperar por más de un año para que las fuerzas políticas se pusiesen de acuerdo en la conformación de un gobierno, convirtiendo a la sociedad belga en prisionera del impasse de los partidos.  

De esta forma, calidad de la democracia y legitimidad del sistema institucional debiesen ser dos pilares de toda discusión que pretenda mejorar la vida política en Chile. Esta discusión enfrentará peligros, pero ella deberá saber ante todo interpretar la opinión de los chilenos, quienes parecen mayoritariamente manifestarse por un cambio en la dirección que hemos señalado.