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Chile: Barrancones, inseguridad jurídica y protección medioambiental
Mar, 31/08/2010 - 16:10

Arturo Brandt

La huella del agua
Arturo Brandt

Arturo Brandt es abogado de Universidad Diego Portales (Chile). LLM Magíster en Leyes de Derecho Ambiental en Vermont Law School, Vermont, Estados Unidos. Actualmente es Senior Broker y representante para América Latina en TFS Green y Consultor Ambiental en Grupo Vial Abogados. Posee más de 13 años de experiencia en Chile, Estados Unidos y Alemania, realizando consultoría detallada y liderazgo de equipos multidisciplinarios y originadores de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina.

La semana pasada, en una decisión que ha sido cuestionada por diversos sectores del país, el presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, llegó a un acuerdo con la empresa Suez Energy para que desistiera en desarrollar un proyecto termoeléctrico con una capacidad instalada de 540 MW en la costa de la Cuarta Región. Un proyecto, dicho sea de paso, que ya contaba con la autorización de las autoridades regionales para su desarrollo.

La razón para ello, fue que el proyecto se instalaría y podría afectar un sector con una gran biodiversidad, como lo es el sector de Punta Choros, ubicado al norte de Santiago.

Nadie puede desconocer que la decisión de Piñera, y que no constituye una ilegalidad, afecta la seguridad jurídica de nuestras instituciones, las cuales han servido de ejemplo para muchos países de Latinoamérica, una de las razones además por las cuales Chile es un país seguro para invertir y donde las reglas del juego, fijadas de antemano, son respetadas.

Mal por nuestra institucionalidad.

Sin embargo, no hay que olvidar que la generación de energía, a partir de combustibles fósiles, es la principal causante del calentamiento global. Chile, cuyas emisiones de dióxido de carbono (CO2) si bien corresponden sólo al 0,2% del total de emisiones a nivel mundial, también tiene ciertas responsabilidades que cumplir a nivel internacional, principalmente descarbonizar su economía.

Esto, basado en el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Como ya lo han señalado las autoridades chilenas, se pretende reducir en 20% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2020. Ahora, sólo falta fijar cómo vamos a llegar al cumplimiento de esa ambiciosa meta, lo que ciertamente no se va a lograr con la construcción de centrales termoeléctricas.

Por otra parte, Chile es el quinto país de América donde se emite más CO2 per cápita. Solo por la emisión de energía, a partir de combustibles fósiles, las emisiones de CO2 crecieron 281%, entre 1984 y 2006. Por lo anterior, las estadísticas indicadas, son más que suficientes para justificar la diversificación de la matriz energética de Chile y el desarrollo de  energías limpias.

Entonces, sumando y restando, la señal que ha enviado el presidente Piñera es una señal de promoción de las energías no contaminantes. Y lo demuestra el hecho de que la primera autoridad de Chile haya buscado una solución consensuada con una empresa privada. Bien por el medioambiente.

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