La noticia de que CDF Suez estudiaría la construcción de un reactor nuclear en el Norte Grande de Chile sólo pone en la agenda un proceso al cual el país no puede y no debe dar la espalda. Días previos a esta información (el 09-01-2011), había sido la familia Luksic (importante inversionista en la zona) la que había adelantado la importancia de esta energía para la seguridad y el desarrollo del país.
Como se ha hecho ver, la problemática energética no es sólo un problema nacional o regional, es uno de carácter mundial. Para 2008 el interés por llegar a contar con plantas nucleares o construir nuevas alcanzaba a las 38 naciones. Entre ellas no hay distinción entre países desarrollados y en vías de desarrollo: todos quieren tener acceso a esta tecnología. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica existen 63 reactores en construcción, de los cuales China acapara 27 y Rusia 11.
Del mismo modo, la misma Agencia informa que en la actualidad existen 442 reactores en operación. De estos 104 pertenecen a EE.UU., 58 a Francia, 54 a Japón, 32 a Rusia, 21 a Corea del Sur y 20 a India. La importancia de estas centrales son cruciales para Francia donde aportan el 78% de la energía; Eslovaquia 57%; Bélgica 56%; Suecia 50%; Japón 25% y en EE.UU. 20%.
En Sudamérica, Brasil y Argentina, si bien en ambos casos aún la participación de sus plantas nucleares son marginales en la entrega de energía a sus matrices (2,93% y 6,95% respectivamente), son los máximos representantes con dos plantas cada uno. Lo importante es que ambas naciones han -durante los últimos cinco años- tendido a reflotar sus programas nucleares. Brasil, quien claramente tiene como objetivo recuperar su posición estratégica global en el área nuclear, ha anunciado la construcción de cinco nuevas plantas para 2030.
Argentina, que al igual que Brasil tiene una investigación nuclear amplia y del primer mundo, también ha anunciado el relanzamiento de su programa. Este implica la construcción de la planta Atucha II. Lo interesante es que a nivel regional los intereses (algunos más serios y con bases más creíbles) se ha expandido. Venezuela ha firmado un protocolo con Rusia para la construcción de una planta nuclear con propósitos pacíficos. Algo similar ha sucedido con Bolivia, el cual además de poseer importantes reservas de uranio (en Potosí) habría, recientemente, también alcanzado un protocolo con Rusia. Ecuador, Chile y Uruguay, ya sea por estudios o declaraciones, son otras de las naciones que han demostrado un interés abierto por la posibilidad de contar con esta energía.
Lo que sucede en la región no es menor y genera que el sistema internacional quiera estar al tanto de lo que aquí sucede. Así, a la demostración de interés por este tipo de energía se agregan otras materias que hoy deben también estar en la discusión regional. Por ejemplo, aún Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela no han firmado el Protocolo Adicional de Salvaguardias de la AIEN. Del mismo, Venezuela es el único país de Sudamérica que no ha firmado la Convención de Protección Física de Material Nuclear (CPFMN). Y Colombia, Ecuador, Paraguay y Venezuela aún no firman el Convenio de Viena por Responsabilidad Civil por Daños Nucleares (CVRCN).
En nuestro país la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChen) ha salido a esclarecer algunos de los aspectos más críticos sobre la energía nuclear. Para la Comisión, en los próximos años, debido al crecimiento sostenido de la demanda energética, se estima conveniente contar con centrales de mediana potencia, las cuales corresponden a diseños tecnológicos avanzados.
Parafraseando a la CChen, estos reactores de última generación representan una buena alternativa para Chile por sus condiciones estructurales, modulares, seguridad, alta calidad y con mejores precios: SMART del Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea (KAERI); PBMR desarrollado en Sudáfrica y encabezado por el consorcio ESKOM, con una potencia de 165MW(e) y los siguientes en etapas de proyecto, como el IRIS de la Westinghouse con una potencia de 350 MW(e), MRX del Instituto de Investigación de Energía Atómica de Japón, con una potencia de 30 MW(e), CAREM-25 de la Comisión Nacional de Argentina, CNEA, y la empresa trasandina INVAP, con 27 MW(e).
Es precisamente esta nueva tecnología la que resolvería los problemas de seguridad relacionados con los temores derivados de ser un país sísmico. Del mismo modo, no se pueden dejar de considerar las alternativas tecnologías ofrecidas al mercado global por Rusia y China, lo cual abre un grupo de oferentes más amplio que sólo la industria francesa.
Como se ve las alternativas son variadas y amplias. Esto demandará hacer de este un tema abierto en la agenda nacional. En el caso particular de nuestro país el tema debe ser puesto en la agenda y, principalmente, demandar un estudio profundo sobre el marco judicial, científico e industrial. Así, amparados en la Ley de Seguridad Nuclear, Número 18302 de 1984, el país debe avanzar en resolver si tomará el camino de la energía nuclear. Su implementación puede darse en el mediano plazo, pero requiere de una política de Estado clara y moderna donde con urgencia se debe avanzar en un marco regulatorio.
