El resultado electoral del 28 de octubre, que redefinirá el perfil de las coaliciones políticas, puede ser mejor entendido a partir de las tensiones observadas en el curso del año al interior del gobierno y Alianza, así como entre las fuerzas opositoras.

Las movilizaciones estudiantiles, las protestas ciudadanas en regiones y las periódicas encuestas de opinión pública, continuaron evidenciando el amplio descontento ciudadano con la gestión del presidente Piñera. Esta insatisfacción se sumó a la ya generalizada crisis de legitimidad de las principales instituciones políticas, sociales y económicas del país. 

Sin embargo, las crecientes expectativas creadas por la carrera presidencial y la competencia generada por las elecciones municipales, terminaron por reorientar a los actores políticos y a la propia opinión pública, en torno al proceso electoral. Así, la endémica crisis de legitimidad de las instituciones políticas y las masivas movilizaciones sociales no lograron transformar el descontento en crisis y a ésta en cambio real.

En el área gubernamental, en este período el Ejecutivo continuó buscando, con “grandilocuencia comunicacional”, apoyo popular, anunciando nuevos bonos y beneficios a los más pobres, adultos mayores y segmentos medios y, al mismo tiempo, intentó sintonizar estas medidas con la campaña municipal de la Alianza. Por otra parte, continuó con su estrategia de fondo, ampliando las oportunidades de lucro y renta privados y, a pesar de la permanente acusación de obstruccionismo a la oposición, siguió sacando adelante sus principales proyectos legislativos. Por último, junto con mantener su política autoritaria de manejo del orden público, reiteró su temeraria actitud de cuestionar los fallos judiciales, lo que provocó la más fuerte reacción del Poder Judicial desde la vuelta a la democracia. 

Enfrentada a estas elecciones, la Alianza ocultó, aun cuando no eliminó, sus confrontaciones internas dando paso a un clima de aparentes acuerdos. Esta engañosa unidad se vio, no obstante, crispada por las permanentes contradicciones entre el Ejecutivo y los partidos aliancistas frente a proyectos legislativos como la reforma tributaria y la ley de presupuesto, y por la sorda y declarada competencia entre miembros del gabinete por la sucesión presidencial.

Por su parte, en un ensayo general de cara a las elecciones parlamentarias de 2013, la Concertación terminó formalmente dividida en la elección de concejales presentando dos listas, y se dispersó una y otra vez en el Congreso ante iniciativas legislativas claves como la reforma tributaria y la ley de pesca, así como en torno a la falsa disyuntiva entre la futura gobernabilidad de un eventual nuevo gobierno concertacionista y el necesario cambio constitucional.

La presidencialización de la elección del pasado 28 de octubre, por parte del gobierno y la Alianza, al considerarla como un hito para el posicionamiento de sus líderes políticos en vista a las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2013, le pasó una amarga cuenta a la Coalición por el Cambio. 

La Alianza perdió en todo tipo de indicadores: número de alcaldes, votación de concejales, población gobernada y municipalidades emblemáticas, como Santiago, Providencia, Ñuñoa y Concepción.

Además de estos indicadores, y en relación a la crisis que la elección sumió al gobierno y sus fuerzas de apoyo, es preciso destacar dos temas claves originados por la implementación, por primera vez en el país, de la inscripción automática y voto voluntario. El primero -desde una perspectiva nacional- fue la descomunal abstención cercana al 60% de nuevo padrón electoral. Esta situación se sumó a la persistente deslegitimación de las instituciones políticas a nivel ciudadano, lo que ha presentado un desafío al conjunto de los actores políticos, los que deberán implementar formas más eficientes para sostener un sistema democrático, no solamente válido, sino que fundamentalmente legítimo.

El segundo elemento clave -desde la perspectiva del gobierno y la Alianza- fue la abstención de las propias fuerzas electorales de la derecha. El Mercurio, en su editorial del 31 de octubre, advirtió alarmado que esta desafección era “una advertencia categórica a los sectores con mejor acceso a la educación cívica, que en esta materia ya han dado en el pasado ejemplos de irresponsable indolencia, que luego lamentan inútilmente”.

Desde la perspectiva opositora, si bien los estudiantes secundarios se dividieron respecto a ir o no a votar, a diferencia de la CONES, la ACES -bajo el lema “Yo no presto  mi voto”- llamó a no votar, lo que fue refrendado por la casi nula asistencia a las nuevas mesas receptoras constituidas preferentemente por jóvenes.

En este inesperado contexto, el Ejecutivo entró en su último año de gestión, con ambiciones debilitadas de darle continuidad al gobierno de la Alianza y con una ambiciosa agenda legislativa que contempla iniciativas de ley para: la elección de consejeros regionales, plebiscitos comunales, el lobby en organismos públicos, ley de transparencia y la de probidad pública, la ley de presupuesto, el INE autónomo, la reforma al sistema procesal, la carretera eléctrica, la reforma al sistema de acreditaciones y, nada menos que, la reforma al sistema de partidos. Sin embargo, en un año electoral, una agenda de reformas de esta naturaleza, tiene bajas posibilidades de llevarse exitosamente a cabo.