Los diez ejecutivos de las cadenas farmacéuticas Salco-Brand, Ahumada y Cruz Verde, que se coludieron en Chile para elevar los precios de 222 medicamentos respiraron aliviados. Los tribunales de justicia, después de largos cuatro años de juicio les impusieron apenas la sanción de cancelar, en conjunto, la suma de CH$225 millones (unos US$445 mil) con destino a organizaciones de caridad. Y les agregaron el “castigo” de atender 30 horas de clases sobre ética empresarial. Tal cual. Penas irrisorias para ejecutivos que aumentaron las ganancias de las farmacéuticas en miles de millones a costa de los enfermos, de las personas más frágiles. Es que en Chile los delitos económicos en que incurren los empresarios y sus ejecutivos no permiten aplicar sanciones más drásticas.

Las clases de ética empresarial, como castigo para los diez empresarios sancionados, resultan una paradoja. Porque no se explica como esos ejecutivos podrían mejorar su comportamiento social en un país que los empuja a hacer trampas, dónde la ganancia, a cualquier precio y el éxito personal son el motor de la economía. La responsabilidad social empresarial (RSE) entra en franca contradicción con la lógica de funcionamiento del sistema económico. Mientras no existan reglas, regulaciones ni sanciones para quienes abusan de su posición dominante, la RSE es puro maquillaje, engaño funcional a la sociedad, destinado a ampliar las ganancias del 1% más rico.

El modelo económico chileno ha renunciado a las regulaciones para permitir la amplificación de la ganancia empresarial en todos los ámbitos. En efecto, se han eliminado todos los obstáculos al flujo de capital productivo y especulativo; se ha coartado la sindicalización y el derecho a huelga y virtualmente no existe negociación colectiva; se permite la libre explotación de los recursos naturales; se aplica impuestos regresivos a los contribuyentes y exenciones a los grandes empresarios; se ha optado por convertir en negocio la educación salud y previsión social; y, se ha reducido al mínimo las funciones del Estado. En suma, en Chile se ha construido una sociedad para facilitar los negocios del 1% de sus habitantes.

En consecuencia, la RSE no está en condiciones de compensar la fuerza del ideario neoliberal y más bien es funcional a éste. Menos reglas significan menos controles y menos medidas preventivas. Las empresas defienden su derecho a la autorregulación, lo que incluye la RSE, porque en el mercado global, la rigidez de las normativas nacionales supondría una pérdida de competitividad y a la larga, pérdidas económicas.

Se insiste en la autorregulación de las relaciones pero no solo entre empresa y consumidores, sino también con las comunidades locales, con el medio ambiente y la ciudadanía global. Por tanto, la RSE es completamente funcional a la deslocalización industrial, a la globalización y a la competencia. La voluntariedad empresarial, a través de la RSE, sólo es capaz de maquillar el sistema, de entregarle un respiro, pero no de modificar las reglas del juego a favor de la decencia y el respeto de los ciudadanos.

En suma, la RSC es una estrategia para estimular la desregulación en los sectores productivos a cambio de una promesa de auto-regulación por parte del sector empresarial. Y algunas de las propuestas de RSC pretenden en nombre de la libertad de mercado y la necesaria flexibilidad que exigen el cambio tecnológico y la competitividad global, reducir el papel garantista del Estado social y eliminar cualquier freno a las prácticas de acumulación y de generación de máximo beneficio en el mínimo tiempo posible propias del capitalismo global.

Por cierto no se debe renunciar a la ética. Esta debiera estar presente en toda sociedad, y especialmente en la economía y en la política. Pero no se puede poner la carreta delante de lo bueyes. Si se desea un comportamiento civilizado de los empresarios hay que empezar por recuperar el Estado para la sociedad e instalar un sistema regulatorio que favorezca una efectiva competencia, que condene duramente los delitos contra consumidores, trabajadores y atentados al medioambiente. Con un régimen de derechos y respeto a los trabajadores, los empresarios cambiarán paulatinamente su lógica de mínimo esfuerzo y máxima explotación. En particular, con un sistema educacional que termine con el lucro y que enseñe en la decencia cívica se podrá desplegar una cultura en que impere el reconocimiento del otro y la solidaridad social, en vez del exterminio del vecino.

Para Aristóteles la forma más elevada de la vida se alcanza socialmente y, por tanto, las decisiones económicas y políticas tienen una ineludible connotación moral. En cambio, con Maquiavelo, la economía y la política son actividades ajenas a la moral, en la que los valores éticos no tienen aplicación y lo único importante es alcanzar el poder, conservarlo y acrecentarlo. En el mundo que vivimos, aunque repugne a la decencia, la lógica del poder económico y político independientemente del bien común han adquirido un carácter dominante. Nos encontramos mucho más cerca de Maquiavelo que de Aristóteles.

Las formas de organización económica que rigen la vida actual no ayudan el acercamiento a la ética. Tanto en Chile, como en gran parte del mundo, ha crecido el peso de la economía y el poder de quienes la controlan. Al fortalecerse el poder económico éste exige mayor autonomía respecto de las demás dimensiones de la vida, habiéndose instalado la idea que las leyes económicas son incuestionables e independientes de las decisiones de las personas. En estas condiciones, la política y el Estado se debilitan y en vez de servir para compensar las desigualdades propias a los mercados se convierten en instrumentos de ampliación del poder económico. Es el triunfo de la economía sobre la política. Así las cosas, los representantes políticos, aunque sean elegidos por la ciudadanía, se ven restringidos en su libertad de acción para acoger y canalizar las demandas de ésta. El sentido comunitario de nación se encuentra debilitado por el predominio del poder económico junto a la presencia de un Estado frágil, incapaz de regular, y que ideológicamente se considera un estorbo.

El caso de la colusión de las farmacéuticas, así como la estafa de La Polar, son emblemáticos de la agresión que se comete en Chile contra los consumidores. Y eso se produce porque existe un Estado frágil que, además, con su discurso del crecimiento y el empleo, coloca en segundo lugar el equilibrio entre empresarios y la sociedad. Mientras no se nivele la cancha en lo político y económico será muy difícil que la justicia en Chile sea la misma para todos. Las clases de ética no mejorarán el comportamiento empresarial.