Alberto Edwards criticaba a la oligarquía chilena por su espíritu de fronda, desorganizadora del orden político, hostil a la autoridad de los gobiernos y “a veces en abierta rebelión contra ellos”. Era el inicio del siglo XX, y a este rasgo genético se le podía acoplar el reverso de la medalla: su dificultad para administrar los asuntos públicos desde el Estado. Una característica al parecer atávica, ya que en la actualidad lo que ha sucedido en el cuarto semestre de la administración Piñera confirma estas apreciaciones.

La principal iniciativa política presidencial, de octubre de 2011 -la modificación al sistema electoral binominal-, terminó sepultada por el propio presidente a los tres meses de enunciada gracias a la poderosa oposición del partido oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI).  A ello se le sumó la ausencia ministerial en acuerdos como el alcanzado entre la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la Central Única de Trabajadores (CUT). A lo anterior se agrega la información proporcionada por el Centro Democracia y Comunidad, que muestra que entre el 11 de marzo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011, el 81,9% de los compromisos legislativos presidenciales no se habían cumplido.

Esta ausencia de liderazgo del Ejecutivo se reflejó en la baja sostenida de la aprobación presidencial, la que, contradiciendo todas las estimaciones de que subiría a fines de 2011, siguió descendiendo hasta un pobre 23% de apoyo, y una mayoritaria desaprobación del 62%, cifras que reflejaron la apreciación ciudadana sobre la errática conducción gubernamental.

De esta forma, el fracaso de la estrategia “presidencialista plebiscitaria” que Piñera intentó implementar en sus dos primeros años de gobierno, derivó en una creciente incapacidad gubernamental para avanzar estratégicamente y creó el espacio para que el espíritu de fronda de la derecha se desplegara en toda su magnitud. Este se manifestó en la profundización de las contradicciones al interior de los propios partidos de la Alianza en torno a la reforma política y tributaria, en temas con fuertes componentes valóricos, y en el manejo del orden público frente a las movilizaciones sociales.

Reformas políticas. En efecto, en su cuarto semestre, la iniciativa del Ejecutivo en materia de reformas políticas fue confusa, contradictoria, sin una clara línea estratégica. En enero de 2012 existían ocho proyectos de ley que no observaban avances significativos. Sin embargo, a inicios de octubre de 2011 el Ejecutivo inició conversaciones con grupos democratacristianos para avanzar en reformas al sistema electoral binominal.

A través de ProyectAmérica, el presidente pidió a la DC presentar una propuesta de cambios al binominal. Materializando esa iniciativa, los ministros Hinzpeter y Chadwick se reunieron con parlamentarios DC, en casa del senador Andrés Zaldívar, para avanzar en un gran acuerdo nacional pro cambios en el sistema de elecciones. Así, a fines de octubre, ProyectAmerica y el Centro Democracia y Comunidad (CDC) dieron a conocer una propuesta para modificar el actual sistema, reemplazándolo por uno proporcional de lista abierta, además de modificar la actual composición del Congreso. La iniciativa fue parte de un trabajo de cinco años liderado por Edmundo Pérez Yoma y el alcalde DC Claudio Orrego, quienes comandaron a un equipo de expertos electorales.

Las respuestas de RN y la UDI no se dejaron esperar y sus directivas declararon que no podía haber una propuesta sin acuerdo previo con la Alianza. A fines de octubre la incomodidad con la iniciativa presidencial era tal que llevó a Carlos Larraín a afirmar que “plantear olímpicamente la revisión del sistema electoral en un momento de gran inestabilidad general, a mi entender, y espero que nadie se ofenda, linda con la locura".

A pesar de esta oposición frontal, el Ejecutivo continuó sus conversaciones con la DC y explicó su postura a la UDI, logrando abrir brechas al interior de la Alianza. Así, Alberto Cardemil (RN) reconocía que estaba "dispuesto a pagar un peaje con reformas políticas y tributarias para tender puentes con la DC", dado que la Alianza debía abrirse a cambios en el binominal para ampliar su base. Aspiración que encuentra sus antecedentes a fines de 2010, cuando Carlos Larraín afirmaba que era "perfectamente posible entregarles un ministerio al PRSD y a la DC”, ampliando la Alianza y revertiendo su minoría en Cámara y Senado. Sin embargo, para la UDI una reforma al binominal significaba perder el poder dentro de la Alianza, abriendo posibilidades de acuerdos RN-DC que la dejarían aislada y definitivamente condenada a ser el más visible extremo derecho del espectro político.

No obstante estas posturas en la Alianza, opuestas a cambios en el binominal, el Ejecutivo continuó con su iniciativa y en diciembre-enero invitó a los ex presidentes a conversar sobre estas reformas. En reuniones individuales, estos le entregaron propuestas específicas, incluyendo, Ricardo Lagos, propuestas de reforma tributaria, Michelle Bachelet, la gratuidad en la educación y, Eduardo Frei, reforma tributaria, desafíos energéticos y regionalización.

Marcha atrás. Las primeras señales de retroceso se observaron cuando el ministro del Interior señaló que "nuestro sistema electoral necesita una reflexión y eventualmente cambios, y eso lo vamos a conversar como corresponde dentro de nuestra coalición. Posteriormente vamos a conversar con la oposición, pero siempre de cara a la ciudadanía". Sin embargo, la señal definitiva ocurrió sorpresivamente el 10 de enero, cuando el vocero declaró que el gobierno no daría prioridad a la reforma del binominal dadas las diferencias que esta propuesta generaba, asegurando que el gobierno buscaría acuerdos en la Alianza antes de impulsar una reforma. Al día siguiente, el presidente cuestionó los desacuerdos: "quieren que se haga todo como ellos quieren" [...] O se ponen de acuerdo o no hay cambios", y La Moneda aclaró que el cambio al binominal no estaba dentro de sus prioridades para 2012. A fines de enero el presidente terminó por sepultar su propia iniciativa, originada tres meses antes, cuando afirmó que "hay prioridades más urgentes que cambiar el binominal". Sin embargo, a fines de enero, al término del consejo de gabinete en Cerro Castillo y del Comité Político Ampliado, el Presidente Piñera destacó que 2012 tendrá énfasis en lo social, potenciando las áreas de educación, salud, seguridad ciudadana e incentivos al crecimiento y empleo, confirmando el interés por realizar un ajuste tributario. Agregando, sorpresa nuevamente, ¡perfeccionar el sistema electoral! Con todo, al cumplirse dos años en el gobierno, el Ejecutivo desechó enviar en 2012 al Congreso reformas al sistema electoral binominal, mostrando una vez más lo confuso de esta nueva forma de gobernar.